El intendente de Maldonado, Miguel Abella (Partido Nacional), pidió anuencia a la Junta Departamental para “la obtención de préstamos financieros y la modificación de normas tributarias” e inició conversaciones con las bancadas del Frente Amplio y del Partido Colorado en busca de acuerdos, aunque su partido cuenta con mayoría especial de 21 ediles y no necesita votos externos para aprobar el proyecto de decreto departamental.

De acuerdo al expediente, ya remitido por el legislativo al Tribunal de Cuentas de la República, la administración “enfrenta un desfasaje temporal de liquidez” en el plano financiero. La situación se debe a una “combinación” de cuatro factores, según indicó el director general del Departamento de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Baeza, en un informe que luego refrendó el director general del Departamento de Hacienda, Claudio Casella.

Baeza mencionó el “incremento no previsto en compromisos por planes de vivienda, fundamentalmente en el proyecto de realojo del barrio Kennedy”; un “aumento de los costos de la prestación de servicios esenciales, como los vinculados a la nueva licitación por los servicios de recolección de residuos”; “el crecimiento de la infraestructura urbana del departamento, con el incremento de los costos de mantenimiento de la misma”, y, en cuarto lugar, “el cumplimiento de obligaciones con los proveedores”.

Además, consideró “importante destacar” que el pago a proveedores está al día y que la falta de liquidez “no implica un desequilibrio presupuestario estructural”, sino que se trata de “un problema de flujo de fondos operativo coyuntural”.

38 millones de dólares a saldar en este gobierno

Para atender tal problema se requiere una “inyección financiera” que el Ejecutivo departamental pretende obtener mediante un préstamo equivalente a 38 millones de dólares. Precisamente, el proyecto de decreto establece que el intendente podrá contratar “líneas de crédito” por un monto de “hasta 239.000.000 de unidades indexadas” o su equivalente en pesos o dólares.

El crédito para “garantizar la continuidad operativa y de pagos de corto plazo” de la IDM deberá ser cancelado “a más tardar” el 28 de febrero de 2030. Los recursos se destinarán a “obligaciones operativas de corto plazo, futuros compromisos con proveedores y mantenimiento de servicios públicos prioritarios”, y también para el cumplimiento del plan de obras “en curso y que continúan en ejecución de una administración a la siguiente”.

En su informe, Baeza afirma que la Intendencia de Maldonado (IDM) contará “con capacidad suficiente” para afrontar la devolución del préstamo, de acuerdo a las proyecciones de ingresos y gastos para el quinquenio 2026-2030. Esto será “sin afectar la ejecución de programas de funcionamiento e inversiones prioritarias, ya que se repaga con los incrementos de ingresos futuros”.

Modificaciones tributarias

Complementariamente, la administración decidió instrumentar una modificación tributaria para financiar gastos en servicios ambientales. El proyecto de decreto determina la transformación del actual impuesto general municipal en un impuesto general ambiental, manteniéndolo como un adicional que se paga con la contribución inmobiliaria urbana y suburbana, a partir del 1° de enero de 2026.

El valor mínimo fijado para el nuevo impuesto es de 4.450 pesos. En general, se calculará como alícuota del 3% sobre el monto imponible de la contribución inmobiliaria; los hipermercados o supermercados que ocupen áreas mayores a 200 metros cuadrados tendrán una alícuota del 6%, igual que los shoppings. En el caso de restaurantes o establecimientos hoteleros con más de 60 habitaciones y restaurante, la alícuota será del 4%.

Con esta medida, la IDM pretende “financiar, en una porción mayor a la actual”, los costos del servicio de gestión integral de residuos que contrató recientemente con Aborgama, firma a la que la administración de Enrique Antía adjudicó una licitación pública en régimen de iniciativa privada.

“Los programas de recolección, plantas de transferencia, relleno y limpieza en general representan aproximadamente 40.000.000 de dólares anuales” y motivan la citada “transformación”, explica el intendente Abella en la Resolución 06158/2025, con el pedido de anuencia. Adicionalmente, la IDM hará un “ajuste” del valor mínimo anual de la contribución inmobiliaria urbana y suburbana, equiparándolo con el mínimo del impuesto general ambiental.

El proyecto de decreto también “flexibiliza” los requisitos para que los propietarios de una única vivienda se acojan a la exoneración de tributos inmobiliarios urbanos, deroga la tasa por actividad administrativa y elimina el actual adicional por videovigilancia, ya que el centro de comando pasará a ser gestionado totalmente por el Ministerio del Interior.

Diálogo financiero con los partidos de la oposición

Abella entiende “pertinente” que el Ejecutivo departamental cuente con instrumentos para “fortalecer las capacidades de gobierno y hacer frente a los desafíos que plantea el crecimiento departamental”. Su fundamento es que “el paquete de medidas, junto con otras que se tomarán administrativamente, es necesario para la gestión económica de la intendencia, en un contexto de inicio de mandato y teniendo presente que la recaudación anual se concentra básicamente en el primer bimestre del año”.

El plan de solicitar una línea de crédito fue anunciado por el intendente el día en que asumió. Dijo que así podrá “empezar a trabajar sin tener que esperar” a que se apruebe el presupuesto quinquenal y que la medida “no tiene nada de raro”.

“Es la misma realidad que tienen todas las intendencias cuando hay un cambio de gobierno. El déficit acumulado está ordenado, financieramente se puede cubrir, y no hay que dramatizar en ese sentido”, opinó. En esa instancia también manifestó su intención de compartir y conversar de estos planes financieros con los partidos de la oposición; comenzó este miércoles 16.

Abella y su secretario general, Álvaro Villegas, se reunieron por la mañana con ediles de la bancada del Frente Amplio y del Partido Colorado. Según supo la diaria, no aportaron más datos que los ya conocidos por los ediles mediante la copia del expediente que quedó en la Junta Departamental, pero señalaron que les interesaba conocer la opinión y propuestas de cada bancada. Se espera que el expediente regrese desde el Tribunal de Cuentas a la Junta Departamental en unas tres semanas.