El edil y coordinador de la bancada del Frente Amplio (FA) en la Junta Departamental de Maldonado, Juan Urdangaray, envió este mes un planteo a la presidenta del legislativo departamental, Verónica Robaina, a ser derivado al titular de la Intendencia de Maldonado (IDM), Miguel Abella. Solicita “el refuerzo de los controles sobre la colocación y uso de reposeras, sombrillas y demás implementos de playa por edificios y complejos en las playas del departamento”, para garantizar “el cumplimiento efectivo de la normativa vigente [resolución 12046/2022] y el acceso público a las costas”.
Urdangaray dijo a la diaria que la solicitud surge de planteos de vecinos, turistas y visitantes debido a “las dificultades que tienen cuando llegan a la playa, sobre todo las concurridas, donde se encuentran con sillas y sombrillas vacías que les impiden estar en un espacio mayor y tranquilo”. Si bien la normativa es “bastante clara”, aseguró que “no se está cumpliendo por algunos edificios o complejos”. Por ejemplo, con la prohibición de “mantener más de tres sombrillas y seis reposeras colocadas sin ocupación a una distancia no inferior a los diez metros de la línea de la rompiente de la ola”, según establece la normativa.
Con base en fotografías y planteos de vecinos, “se identificó más de tres sombrillas vacías”, y señaló que no se mantiene la distancia correspondiente, ya que “muchas veces están [colocadas] sobre el agua, lo que impide incluso el acceso a bañarse”.
Este último aspecto dijo que se debe “revisar”, ya que “tiende a crecer la marea y pueden variar en cuestión de horas esos diez metros”. Por este motivo, la solicitud indica que se necesitan “controles más frecuentes y visibles, más inspectores en las playas, en horarios de mayor afluencia y sanciones en los casos que corresponda”.
Revisar la normativa y “posibles mejoras” a considerar
El edil del FA dijo que “las dificultades más grandes están en Punta del Este y en alguna zona de la playa Mansa de Maldonado”, y que lo que se solicita es que “se revise la normativa, porque es la misma para todas las playas del departamento”, sin embargo, entiende que “algunas tienen una sobrecarga importante”. Mencionó que en el balneario esteño “hay poco espacio de arena y desde horas muy temprano se ocupa la zona con sillas y sombrillas que están vacías”.
En este sentido, como mejoras a considerar, la solicitud indica que la normativa debe ser “diferenciada” según densidad y características de cada playa, “aplicando tolerancia cero en lugares saturados o difíciles de controlar para la Intendencia”, como puede ser, según Urdangaray, “playas poco concurridas o ubicadas en zonas lejanas”, donde la IDM “puede hacer un control más esporádico en vez de diario”.
A su vez, propone poner foco en la colocación de “etiquetas legibles” en uniformes e implementos de playa, que incluyan el nombre del edificio o complejo -ya contemplado en la normativa-, el número de autorización y temporada vigente, además de un sistema digital de verificación. Considera necesario incorporar un código QR para que “cualquier persona pueda comprobar que el servicio está autorizado” y, al mismo tiempo, “facilitaría a los inspectores que controlan a los complejos y edificios”. También plantea “establecer criterios sobre el tiempo máximo sin usuarios y prohibir reservas en espacios de calidad”.
Por último, refirió que en playas donde el estacionamiento tiene “sobrecarga”, se ha detectado que los trailers “ocupan entre dos y tres lugares de estacionamiento”. Señaló que “hay que especificar en algunas áreas que estos carros estén más lejos y cuando lo vayan a usar lo puedan acercar a la playa”. Sobre esto, la normativa dice que: “Los vehículos o trailers utilizados no podrán permanecer estacionados en la vía de tránsito, pasaje peatonal y acceder a la faja costera”.
270 permisos otorgados y 40 notificaciones realizadas por la Intendencia
En diálogo con la diaria, Eduardo Alonso, funcionario que trabaja en el área de Gestión Costera del Departamento de Gestión Ambiental de la IDM, -incorporada a mitad de 2025-, dijo que, este año se otorgó “cerca de 270 permisos a los edificios de Punta del Este” -que rige hasta el último día de Semana de Turismo-, y explicó que otros edificios suelen colocar implementos de playas en las áreas de los paradores costeros, en caso de llegar a un acuerdo con el parador, sin embargo, allí “no se rigen por la reglamentación vigente”.
Aseguró que cuando se infringe la norma, “se notifica al edificio y a la administración, que son las que hacen los pedidos la mayoría de veces”, y en caso de volver a infringir, “se solicitará el retiro de los implementos en la playa y se le sacará el permiso para que no pueda armar en la playa”. Informó que “hay inspectores que están recorriendo la playa y han notificado a alrededor de 40 edificios, y a algunos se les ha constatado el incumplimiento a la notificación” realizada por la comprobación de “cinco, seis o diez sombrillas y sillas instaladas”.
Respecto a las zonas que son más “conflictivas”, indicó las paradas 5, 6, 7 y 8 de la playa Brava de Punta del Este y las paradas 3, 4 y 5 de la playa Mansa, e informó que se solicita colaboración a la Dirección de Higiene y Bromatología de la IDM, que “son quienes tienen más inspectores”, dado que Gestión Costera al ser un área nueva, “no tiene mucho personal asignado, entonces se dificulta a veces el control”.
Alonso indicó que cuando llegan denuncias al área de Gestión Costera por la ocupación de sombrillas y reposeras, se les informa que “la playa es de uso público y si desean instalar sus implementos en un lugar donde hay una sombrilla desocupada del edificio, están en su derecho”, y el servicio de playa “debe levantar los implementos y permitirle al ciudadano porque corresponde legalmente”.