Tras la acentuación de las acciones policiales y judiciales contra la ocupación irregular de terrenos en Sauce de Portezuelo y Ocean Park, esta semana la Asociación de Fomento y Turismo de Sauce de Portezuelo puso la mira en la responsabilidad de las empresas que arrasan con la vegetación de esos predios y en la necesidad de que la Intendencia de Maldonado (IDM) regule y controle esa actividad.

La intervención de maquinaria en padrones donde no existen los permisos correspondientes, en algunos casos dentro de la faja de defensa de costa, es “la raíz” del problema de las ocupaciones y “no ha sido abordada con la urgencia necesaria”, advirtió la asociación en un comunicado emitido este lunes 6. Los vecinos interpretan esas acciones como una “herida profunda al ecosistema local” porque, en cuestión de horas, el uso de maquinaria pesada deja los terrenos “completamente desnudos”, eliminando monte nativo y alterando el suelo.

El referente vecinal Fernando Niggemeyer dijo a la diaria que las empresas “aprovechan los feriados, horas de la tarde y noche, o fines de semana —cuando la probabilidad de controles es más baja— para 'limpiar', que es básicamente arrasar terrenos completamente”. Según el dirigente, el objetivo de estas intervenciones suele ser la colocación de alambrados y cartelería de “propiedad privada” o “en venta”.

En ese contexto, el comunicado de la asociación señala que “el caso reciente de Sierras del Tirol es un ejemplo que no debemos olvidar: la restauración de un ambiente degradado puede llevar décadas, y en muchos casos el daño es irreversible”.

Responsabilidad de empresas y gobernantes

La organización vecinal apunta a la responsabilidad empresarial y a la necesidad de una normativa clara del gobierno departamental. Por un lado, sostiene que las empresas de desmonte no pueden escudarse en el cumplimiento de un encargo, sino que deben exigir al titular del padrón los permisos ambientales y municipales antes de iniciar cualquier labor.

Por otro lado, solicita a la IDM y al Municipio de Piriápolis que impulsen una normativa que obligue a las empresas a verificar antes de intervenir y que las penalice si actúan sin los permisos correspondientes. Además, reclaman que se establezcan “controles efectivos” sobre las intervenciones en padrones con vegetación nativa.

Niggemeyer señaló que, ante los reclamos sostenidos durante años, la respuesta de las autoridades “ha sido ineficiente”. Los argumentos oficiales se centran en la falta de personal inspectivo y limitaciones presupuestales para cubrir todo el territorio en horarios nocturnos o días no laborables, agregó.

Frente a eso, surgió la iniciativa de exigir a las empresas que verifiquen la existencia de permisos previos, ya que en su mayoría son locales y conocen —o deberían conocer— la normativa vigente. Si bien aclaró que no se puede afirmar una vinculación directa entre las empresas y los ocupantes ilegales, Niggemeyer consideró que la falta de control facilita estos procesos.

“En la medida en que actúan sin ningún control, en una hora te limpian un terreno completamente y, entre que el vecino denuncia y aparecen los inspectores, ya no queda nada”, sentenció.

Para la asociación, el caso de Sierras del Tirol debe ser tomado “como referencia de lo que no debe repetirse, y como argumento para actuar con anticipación y no solo en respuesta al daño ya hecho”.