Tarek Bitar es el juez que investiga la explosión ocurrida en un depósito del puerto de Beirut, la capital libanesa, que el 4 de agosto de 2020 provocó la muerte de 215 personas e importantes daños en muchos barrios de la ciudad. Bitar es también el blanco principal de las protestas en la capital libanesa que dejaron este jueves al menos seis muertos y varios heridos. Visto como el último bastión de esperanza por los familiares de las víctimas, pero como una persona sesgada por buena parte de la clase política, los pedidos de destitución por su manejo de la causa ocasionaron una escalada de violencia que llegó a su punto clave con esta manifestación.

Las protestas, convocadas frente al Palacio de Justicia por la organización chiita Hezbolá y el Movimiento Amal, integrado también mayoritariamente por chiitas, generaron una respuesta de milicias libanesas cristianas, que también se movilizaron al lugar, pero para generar una especie de contramarcha. Según informaron Associated Press y el diario inglés The Guardian, francotiradores apostados en los edificios residenciales de las inmediaciones, identificados con el movimiento derechista cristiano, comenzaron a abrir fuego contra los manifestantes, quienes respondieron con disparos de fusiles AK-47 y granadas.

En ese momento se desplegó el ejército libanés, que reclamó a los civiles que evacuaran la zona y advirtió que abriría fuego contra cualquiera que disparara. También aparecieron camiones con banderas de Hezbolá y Amal, como una suerte de demostración de fuerza.

El martes, el juez Bitar emitió una orden de detención contra Ali Hassan Khalil, exministro de Finanzas libanés y actual legislador por el partido Amal. Esta orden se sumaba a la citación judicial realizada a otro exministro que forma parte de ese partido, aliado de Hezbolá, Ghazi Zaiter.

Los políticos se rehusaron a ser parte de las indagatorias y acusaron a Bitar de politizar la investigación y de recibir apoyo desde Estados Unidos, país donde Hezbolá es considerado un movimiento terrorista. Ali Hassan Khalil advirtió que si no se retractaba se generaría una “escalada política”

Los políticos presentaron denuncias para destituir a Bitar, que frenaron la indagatoria, pero un tribunal de casación desestimó las acusaciones y reactivó la investigación, lo que provocó un fuerte rechazo de Amal y Hezbolá, según informó la agencia AFP.

Durante las protestas de este jueves se vio a los manifestantes quemar imágenes del juez y de la embajadora estadounidense en Líbano, Dorothy Shea, quien también es acusada de presionar en la investigación para beneficio de su país. La escalada de acusaciones públicas contra el magistrado provocó que su esposa y sus dos hijos debieran pasar a ser custodiados por soldados del ejército libanés.

La explosión de agosto de 2020 fue ocasionada luego de que se incendiaran y posteriormente detonaran, aparentemente como consecuencia de trabajos de soldadura, 2.750 toneladas de nitrato de amonio –un compuesto químico extremadamente peligroso– que estaban alojados desde 2014 en un almacén del puerto de la capital libanesa. La impresionante explosión arrasó con la terminal de carga y los barrios cercanos, matando al menos a 215 personas, dejando heridas a 6.000, provocando que 300.000 perdieran su hogar y exacerbando las críticas hacia la clase política, acusada de corrupción en medio de una crisis económica muy profunda.

La explosión tuvo repercusiones a nivel político y provocó la renuncia del primer ministro, Hassan Diab. Durante nueve meses hubo un interinato que terminó en junio, con la renuncia de Saad Hariri, y el cargo quedó acéfalo hasta setiembre de 2021, cuando asumió el cargo Najib Miqati, un empresario de las telecomunicaciones con una fortuna valuada en más de 2.000 millones de dólares que había ocupado el cargo entre 2011 y 2014.

El 4 de agosto de este año, cuando se había cumplido un año de la explosión, aún no había personas imputadas por el caso. En febrero tuvo que renunciar el primer juez de la causa, Fadi Sawan, y la investigación quedó a cargo de Bitar. Este se encontró en el Parlamento con un muro de contención que rechazaba todos sus pedidos para remover la inmunidad a los exfuncionarios, a los que acusaba de negligencia.

Un informe presentado en junio por el Banco Mundial asegura que la actual situación económica de Líbano es una de las peores crisis financieras del mundo en la historia moderna. La Unión Europea condiciona las posibles ayudas económicas a la existencia de resultados en la investigación y que se lleven a cabo reformas que aceleren el proceso de recuperación. En junio, el jefe de la diplomacia del bloque europeo, el español Josep Borrell, dijo que la crisis fue “autoimpuesta” y creada por los dirigentes libaneses.