El calendario electoral de 2021 se extendió hasta el 19 de diciembre, cuando se enfrentaron en Chile dos modelos políticos opuestos. Uno era el del ultraderechista José Antonio Kast, que reivindica el pinochetismo. El otro, que finalmente recibió el mayor apoyo popular, es el de Gabriel Boric, el postulante de una alianza de partidos de izquierda, Apruebo Dignidad, que promueve un cambio institucional y político que dé respuesta a las demandas sociales. “Estamos ante un cambio de ciclo histórico”, dijo Boric en su primer discurso como presidente electo. “Con nosotros en La Moneda entra la gente”, afirmó.

Su candidatura y su triunfo electoral se alinean con un proceso de reclamo de cambios que comenzó con las protestas estudiantiles de 2011, cuando Boric era dirigente de los estudiantes universitarios, siguió con la revuelta social de 2019 y continúa con el trabajo de la Convención Constitucional, que todavía está en marcha. El dirigente, de 35 años, que será el presidente más joven de Chile cuando asuma el cargo, el 13 de marzo, dijo que los motivos que llevaron a las protestas de 2019, los reclamos contra la desigualdad, todavía están vigentes en Chile, son demandas que siguen “en el corazón de la gente”, y afirmó que “un modelo que se asienta en una desigualdad profunda tiene pies de barro”.

El quiebre que significó su elección coincide con el 80% de votos que un año antes recibió la propuesta de cambiar la Constitución aprobada en dictadura, y con la elección, en mayo, de una Convención Constitucional integrada por una mayoría de convencionales de izquierda.

Con su victoria, por primera vez desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet, llega a la presidencia un candidato que no se postula por una de las dos grandes coaliciones que se alternaron en el gobierno chileno: la derechista Chile Vamos y la Concertación, de centroizquierda.

Boric, además, ganó por una diferencia de más de diez puntos porcentuales, bastante más amplia que la prevista en las encuestas. Se esperaba una elección ajustada, pero alcanzó 55,86% de los votos, en una jornada con más de 55% de participación, la más alta que tuvo Chile en una elección presidencial desde que el voto dejó de ser obligatorio, en 2012. Así marcó otro hito, al ser el presidente más votado desde la recuperación de la democracia, con 4,6 millones de votos.

“Hoy día la esperanza le ganó al miedo”, afirmó al conocer los resultados. Reconoció que los tiempos que vienen “no son fáciles” y que el país todavía sufre los efectos de la pandemia de covid-19, pero dijo que aun así, su gobierno irá avanzando “con pasos cortos, pero firmes”. Esos pasos estarán guiados, según su discurso, por el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de justicia, reparación y no repetición en materia de violaciones a los derechos humanos, y medidas políticas que atiendan la salud, “el drama de la falta de vivienda” o la existencia de salarios “absurdos a costa de los chilenos y chilenas”. Habló de la necesidad de un sistema nacional de cuidado que permita a las mujeres el reconocimiento de su trabajo, “dejar atrás la herencia patriarcal” de la sociedad y “profundizar las libertades de todos y especialmente de todas”.

Boric manifestó su voluntad de “defender y cuidar el proceso constituyente”, y de expandir los derechos sociales “con responsabilidad fiscal”. Llamó a construir una relación distinta a la actual entre el gobierno y los pueblos originarios y “reconocer otras formas lingüísticas y culturales de ver el mundo”. Puso énfasis también en la necesidad de atender la crisis climática, y dijo que su proyecto busca “avanzar con responsabilidad en los cambios que Chile viene demandando, sin dejar a nadie atrás”.

El presidente de Ecuador, Guillermo  Lasso, durante una conferencia de prensa en el Palacio Carondelet, en Quito, el 31 de agosto.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, durante una conferencia de prensa en el Palacio Carondelet, en Quito, el 31 de agosto.

Foto: Rodrigo Buendía, AFP

Ecuador: Lasso y su tercer intento

El primer cambio de gobierno de 2021 en la región fue el que llevó a Guillermo Lasso a la presidencia de Ecuador. Era la tercera vez que este exbanquero postulaba su candidatura.

Su triunfo marcó un giro político, pero no tanto por el rumbo hacia la derecha que promueve, porque ese camino ya había sido transitado por el gobernante anterior, Lenín Moreno, sino por la derrota que implicó para el correísmo.

Después de diez años de gobierno de Rafael Correa, en 2017 fue electo Moreno como su heredero político, aunque apenas asumió tomó distancia del gobierno anterior y se convirtió en enemigo del exgobernante. Después de 14 años sin perder las presidenciales, el correísmo postuló en febrero a Andrés Arauz. Si bien este economista progresista fue el más votado en la primera vuelta, con 32,7% de apoyo, no logró el respaldo suficiente en el balotaje de abril.

La primera vuelta, por otra parte, mostró a un electorado dividido y significó la irrupción fuerte del movimiento indigenista Pachakutik, con Yaku Pérez como candidato. En febrero Lasso logró 19,7% de votos y Pérez quedó muy cerca de la segunda vuelta, con 19,3%. Pero fue Lasso quien compitió en abril y ganó con 52,3% frente a 47,6% de Arauz.

Al asumir el cargo, Lasso tuvo un período de popularidad alta, por encima de 60%, cuando logró cumplir su promesa de vacunar a nueve millones de personas en sus primeros 100 días de gobierno. Pero poco después, las protestas sociales lo obligaron a eliminar un decreto que indexaba los combustibles al precio internacional y que determinó subas mensuales.

Si bien sorteó esa crisis, recibió un golpe fuerte a su imagen cuando su nombre apareció en los Pandora Papers como propietario de cuentas en el exterior. De inmediato su popularidad cayó entre 10% y 20%.

En Ecuador rige desde 2017 la prohibición de que los candidatos sean propietarios de cuentas en paraísos fiscales. Por eso Lasso sacó sus cuentas de Panamá, pero las mantuvo en el exterior mediante figuras de fideicomisos. El caso llegó a impulsar un juicio político al presidente, con dos mociones, una de las cuales pedía su destitución, y también se abrió un expediente por parte de la Contraloría ecuatoriana.

Sin embargo, Lasso terminó el año con el archivo de esa investigación, el 7 de diciembre. La Contraloría concluyó que no hay “elementos objetivos que demuestren” que violó la ley de 2017 cuando inscribió su candidatura. Ese mismo día, en la Asamblea Nacional, el parlamento ecuatoriano, fracasaron dos mociones que exigían que compareciera ante la Comisión de Garantías Constitucionales para dar explicaciones sobre su patrimonio, algo a lo que el presidente se había negado. Una de esas mociones, además, impulsaba un proceso de destitución del presidente por “configurarse una grave crisis política y conmoción interna”. Otra denuncia, que todavía está vigente, fue presentada ante la Fiscalía por Yaku Pérez, quien pidió que se indagara la situación patrimonial y los aportes fiscales de Lasso.

Mientras tanto, continúan las convocatorias a protestas, algunas para enero, impulsadas por sindicatos y organizaciones de los pueblos originarios. Para frenarlas, Lasso anunció un aumento del salario mínimo de 400 a 425 dólares (la economía de Ecuador está dolarizada) y un paquete de 1.000 millones de dólares de préstamos al agro a pagar en 30 años. El aumento del salario mínimo era una de sus promesas de campaña, al igual que las privatizaciones de distintos sectores y una rebaja de impuestos a la salida de divisas, que según el presidente atraerá inversiones a su país.

El candidato menos pensado en Perú

Para la primera vuelta electoral de abril en Perú no había un favorito: en las encuestas cinco candidatos superaban por poco el 10% de los votos y tenían posibilidades de pasar a balotaje. La lista incluía dirigentes que iban de la izquierda hasta la derecha más conservadora.

En la última semana, cuando ya regía una veda contra la publicación de encuestas de intención de voto, estos sondeos comenzaron a mostrar un crecimiento del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, un líder del sindicato de maestros que lideró una huelga en 2017 pero era muy poco conocido en la política peruana y generaba rechazo entre los votantes de Lima. Se convirtió así, a último momento, en uno de los candidatos con mayores posibilidades de competir en segunda vuelta.

Finalmente, Castillo no sólo logró competir por la presidencia con la candidata de Fuerza Popular, la derechista Keiko Fujimori, sino que ganó esas elecciones con 50,1% de los votos frente a 49,9% de la dirigente. El candidato de Perú Libre logró la presidencia pese a tener la mayoría de los medios activamente en contra y a que su oponente insistió hasta último momento en que hubo fraude, se negó a reconocer los resultados y dijo que había que revisar la votación en circuitos rurales e indígenas, donde Castillo alcanzó porcentajes altísimos de apoyo.

Ganó en un Perú afectado por la pandemia, con una pobreza que pasó de 20% en 2019 a 30% en 2020, y con sus últimos presidentes investigados por corrupción. Uno de ellos, Pedro Pablo Kuczynski, tuvo que dimitir en 2018, y quien quedó en su lugar, Martín Vizcarra, fue destituido por el Parlamento en 2020. También Castillo ha enfrentado amenazas de destitución y tuvo que acceder a cambios obligados de ministros debido a las resistencias del Congreso a aprobar su gabinete.

A diferencia de su par de Ecuador, que prometía privatizaciones, Castillo llegó con un discurso a favor de nacionalizar sectores estratégicos –gasífero, petrolero y minero– y de cambiar la Constitución de su país.

Xiomara Castro, durante la campaña electoral hacia las elecciones hondureñas, el 21 de noviembre, en Tegucigalpa.

Xiomara Castro, durante la campaña electoral hacia las elecciones hondureñas, el 21 de noviembre, en Tegucigalpa.

Foto: Luis Acosta, AFP

Otros votos: Nicaragua, El Salvador, Honduras y Argentina

El calendario electoral de 2021 se completó con unas elecciones ampliamente cuestionadas en Nicaragua, donde siete dirigentes con intenciones de postularse a la presidencia fueron detenidos y Daniel Ortega fue reelecto para un cuarto mandato consecutivo. Ortega casi no tuvo competencia electoral. Sus rivales eran desconocidos y carentes de apoyo, y según la oposición sólo estaban allí para legitimar el proceso de votación.

En El Salvador, el 1º de mayo asumió la nueva Asamblea Legislativa, electa en las parlamentarias de febrero, con la que el gobierno de Nayib Bukele consiguió la mayoría absoluta en el Congreso: 56 de 84 diputados. La primera decisión del nuevo Poder Legislativo alineado con el Ejecutivo fue la de cesar al fiscal general y a los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte, que habían puesto freno a algunas decisiones del presidente.

También Honduras votó, en un escenario muy distinto. Eligió a su primera presidenta mujer, Xiomara Castro, y al igual que Chile cerró así un ciclo político. En este caso, porque ganó las elecciones Libre (Libertad y Refundación), el partido que fundó el expresidente Manuel Zelaya en 2009, después de ser derrocado por proponer una consulta sobre la reelección presidencial. La presidenta electa, Xiomara Castro, que asumirá el cargo el 27 de enero, es una de las principales dirigentes de Libre y es además la esposa de Zelaya.

Con su elección terminó el ciclo de gobierno del Partido Nacional, que después de apoyar la destitución de Zelaya promovió la reelección del presidente Juan Orlando Hernández. El gobernante recurrió a un fallo judicial para eludir la prohibición de postularse a un segundo mandato y fue reelecto en 2017. En esas elecciones las sospechas de fraude llevaron a la oposición a las calles por semanas. Los votantes de Libre aseguraban que ya entonces había ganado las elecciones su partido, que ahora obtuvo 51,1% de los votos frente a 36,9% del Partido Nacional.

Por su parte, Argentina no cambió de gobierno pero sí midió las fuerzas del oficialismo y la oposición en las legislativas que renuevan parte del Congreso a mitad de mandato. En las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de agosto, la votación contundente de la oposición causó tiranteces en el gobierno, entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esa crisis llevó al Ejecutivo a cambiar su integración y disponer medidas de alivio económico para la población reclamadas de manera pública por la vicepresidenta.

Después de esa caída electoral, el repunte que logró el oficialismo en las legislativas del 14 de noviembre fue leído como una victoria, pese a la buena votación opositora. Por eso también, el 10 de diciembre, cuando Argentina conmemoraba 38 años de la recuperación de la democracia, el oficialismo decidió hacer un acto masivo, volver a convocar a la militancia, mostrar que cuenta con ella y pedirle que acompañe al gobierno. Una multitud en las calles respondió a la convocatoria.

2022: las elecciones que se vienen

El calendario electoral de 2022 en América Latina lo abre Costa Rica, el 6 de febrero. La particularidad de esta elección es la incertidumbre que implica la postulación de 27 candidatos a la presidencia, un número nunca visto en ese país con tradición bipartidista.

La siguiente elección nacional es la de Colombia, en la que se presentan tres grandes bloques. La izquierda se unió en el Pacto Histórico, que muy probablemente lleve como candidato a Gustavo Petro, que encabeza las encuestas. A su vez, el centro se unió en la coalición Centro Esperanza y la derecha tiene un actor fuerte en el uribismo, que postula como candidato a Óscar Iván Zuluaga.

También Brasil vuelve a las urnas, con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como favorito, después de cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro, que se postula a un segundo mandato. Los últimos sondeos de intención de voto muestran una clara ventaja para Lula, mayor incluso que la que llevaba en 2018, cuando fue condenado y perdió la posibilidad de competir.

Una de las últimas encuestas, realizada para la Confederación Nacional del Transporte y publicada el 16 de diciembre, atribuye a Lula una intención de voto de 42,8% frente a 25,6% de Bolsonaro, a quien desaprueba 62% de los consultados. El sondeo otorga 8,9% de votos a Sérgio Moro, el juez que condenó a Lula en Curitiba y luego fue ministro de Bolsonaro; 4,9% al líder laborista Ciro Gomes; y 1,8% al gobernador de San Pablo, el derechista João Doria. De todos modos, 40% de los encuestados dijo que la decisión definitiva sobre su voto la tomará más cerca de las elecciones, previstas para octubre de 2022.