La televisión pública birmana informó este lunes que el jefe de la junta, Min Aung Hlaing, redujo de cuatro a dos años las condenas que pesan sobre la líder derrocada, Aung San Suu Kyi, y el expresidente Win Myint, quienes fueron sentenciados por incitación al desorden público contra el Ejército y por incumplimiento de las normas sobre el coronavirus.

Según recordó la agencia Efe, Suu Kyi, de 76 años, se encuentra detenida desde que los militares depusieron su gobierno el 1° de febrero, poniendo fin a un breve período de democracia en el país ubicado en el sudeste asiático.

La noticia fue rechazada por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien pidió la liberación de Suu Kyi y recordó que la sentencia fue emitida por un tribunal controlado por los militares golpistas. “La condena tras un juicio falso en un proceso secreto ante un tribunal controlado por los militares sólo tiene motivaciones políticas”, dijo Bachelet, y agregó: “No es sólo una privación arbitraria de su libertad, sino que cierra una puerta más al diálogo político”.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, exigió a través de un comunicado a la junta militar de Birmania, liberar a la exlíder Suu Kyi, y devolver al país a “la senda democrática”.

“El desprecio continuado del régimen [birmano] por el imperio de la ley y su uso generalizado de la violencia contra el pueblo subrayan la urgencia de restaurar la senda democrática en Birmania”, expresó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Suu Kyi llevó a la Liga Nacional de la Democracia a la victoria en las elecciones generales de 2015, la primera votación democrática en Birmania en 25 años.

Entre 1989 y 2012, pasó un total de 15 años bajo arresto domiciliario. Mientras estaba confinada en la mansión de la época colonial de su familia en Rangún, la capital birmana, Suu Kyi se presentaba ante miles de personas reunidas al otro lado de la valla de su jardín.

Fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1991 en reconocimiento por su lucha por la democracia.

Actualmente, los militares birmanos que llegaron al poder tras el golpe de Estado de febrero se enfrentan a protestas, huelgas y resistencia armada por parte de milicias. Según un grupo de control local, desde el golpe, más de 1.200 personas murieron víctimas de la represión y más de 10.000 fueron detenidas.