La Comisión Europea comunicó este miércoles que considera insuficientes las medidas adoptadas por el Ejecutivo que lidera el derechista Viktor Orbán y por primera vez reclamó el congelamiento del pago de fondos europeos a Hungría por las violaciones del Estado de derecho.
El gobierno del Ejecutivo de la Unión Europea exige a Budapest que adopte una serie de reformas para garantizar la independencia de los jueces, combatir la corrupción y aumentar la transparencia de las licitaciones públicas para poder desbloquear un total de 13.300 millones de euros de fondos de recuperación y regionales, informó el portal Público.
Las relaciones entre la nación magiar y la mayoría de los países de la UE vienen sufriendo un notorio deterioro desde hace un largo tiempo y eso quedó de manifiesto en setiembre, cuando más de 80% de los integrantes del Parlamento del bloque aprobaron una resolución que determinó que Hungría no es una democracia plena.
Según se informó en la página oficial de la UE, el gobierno húngaro tendrá que completar 27 reformas en aspectos clave de su Estado de derecho en los que el Ejecutivo comunitario comprobó deficiencias para que los 5.800 millones de su plan anticrisis y otros 7.500 millones de fondos regionales empiecen a ser enviados a Budapest.
La Comisión Europea vincula así dos expedientes paralelos que tensan las relaciones con Budapest desde hace dos años, cuando durante la pandemia de covid-19 se creó el fondo de recuperación de la UE y se estableció un mecanismo de condicionalidad vinculado al presupuesto comunitario para frenar los pagos que estén bajo el riesgo de fraude en un Estado miembro.
“Si no se cumplen [las reformas], el primer pago entero será bloqueado y también los siguientes. En resumen, no fluirán fondos hasta que estos compromisos esenciales sean ejecutados adecuadamente”, explicó el miércoles en una conferencia de prensa el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, el letón Valdis Dombrovskis.
El origen de la disputa es el expediente que el gobierno del bloque le abrió a Hungría por violaciones del Estado de derecho que afectan la gestión del presupuesto comunitario. El Ejecutivo de Orbán tenía plazo hasta el 19 de noviembre para adoptar 17 reformas. Sin embargo, de acuerdo a lo que detalló el bloque en su informe, “la Comisión considera que, aun con los pasos dados, sigue habiendo un riesgo continuado para el presupuesto europeo porque las medidas correctivas necesarias son de naturaleza estructural u horizontal”.
El tiempo apremiaba a la Comisión Europea por el otro frente abierto, el plan húngaro de recuperación, puesto que los fondos reservados en este ámbito se perderán si esa estrategia de reformas e inversiones no está aprobada antes de que finalice el año. Por eso el gobierno comunitario optó por dar su visto bueno a un plan de recuperación en el que incluyó las 17 reformas pendientes sobre corrupción, rendición de cuentas o licitaciones públicas, entre otras, a las que se suma otra decena de compromisos relacionados con el funcionamiento del Poder Judicial y el sistema de control y auditorías.
Desde Budapest, el gobierno húngaro confió en poder contar con los fondos europeos destinados para el año que viene y consideró que la propuesta de la Comisión Europea de mantener congelado parte de ese dinero ya estaba prevista. “La congelación no es una novedad”, declaró a la prensa local Tibor Navracsics, ministro húngaro responsable de la utilización de los fondos europeos.
Antes de entrar en vigor, la decisión del Ejecutivo comunitario tendrá que contar con el visto bueno de los otros 26 estados miembro, en una instancia que tendrá lugar la semana que viene en Bruselas.