Desde el domingo rige en El Salvador un estado de excepción decretado por el Congreso en respuesta a la violencia de las maras, que el fin de semana dejó más de 80 muertos. A partir de entonces, la Policía y el propio presidente, Nayib Bukele, publicaron en Twitter imágenes de supuestos pandilleros detenidos, en muchos casos semidesnudos, con las rodillas en el suelo o las manos sobre la nuca.

Bukele ordenó al director general de Centros Penales, Osiris Luna, que decretara un régimen de “emergencia máxima en todos los penales de seguridad y máxima seguridad”, para que estén “todas las celdas cerradas 24/7”. Además, el presidente salvadoreño lanzó un mensaje a las pandillas en el que amenazó con represalias contra sus integrantes presos: “Tenemos 16.000 homeboys en nuestro poder. Aparte de los 1.000 arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. Paren de matar ya o ellos la van a pagar también”.

Ante esta situación, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, manifestó en un comunicado su “preocupación” por el aumento de la violencia en El Salvador y señaló que las medidas que se adopten deben “estar en línea con los criterios y las leyes de derechos humanos”.

El estado de emergencia restringe la libertad de asociación y reunión, y suspende la prohibición de intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial, además de ampliar de tres a 15 días el plazo de detención administrativa. En ese régimen no hay obligación de informar al detenido sobre el motivo de su arresto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también manifestó su “preocupación” por la “solicitud del presidente de decretar emergencia máxima en cárceles” y señaló que las medidas implementadas allí “constituyen políticas de carácter represivo que pueden resultar en serias violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad”. Agregó que “el Estado debe revertir urgentemente todas las medidas que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas que están bajo su custodia”.

A su vez, el brasileño Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la CIDH, tuiteó: “Populismo penal: Ilegalidades para enfrentar ilegalidades. Barbaries para enfrentar barbaries. Resultado Final: + ciclo de violencia para todos”.

En respuesta, Bukele acusó a la Organización de los Estados Americanos y a la CIDH de haber patrocinado en El Salvador una tregua “que sólo fortaleció a las pandillas y les permitió acumular recursos, dinero, armamento y [...] entrenarse en los polígonos de tiro del ejército para matar salvadoreños”. También acusó a las ONG de “defender a asesinos” y a la oposición de ser “protectora de criminales”.

Según la Policía, las medidas que se aplicaron desde el domingo disminuyeron los crímenes atribuidos a la Mara Salvatrucha, la principal responsable de la violencia del fin de semana. Se registraron dos asesinatos atribuidos a esa organización el lunes y ninguno el martes. Pero sí murieron este miércoles dos pandilleros en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. “Esto les pasa por atacar a la policía”, tuiteó el presidente.

De acuerdo con Bukele, las pandillas tienen unos 70.000 miembros en El Salvador, de los cuales más de 17.000 se encuentran encarcelados. Para hacer frente a las últimas detenciones, la Corte Suprema de Justicia anunció el nombramiento de más jueces especializados en este tipo de crimen, “previendo un incremento considerable de la carga laboral ordinaria”. Mientras tanto, el Congreso, de mayoría oficialista, sesionaba este miércoles para darle más facultades al gobierno en su política de combate a las maras.