Las posiciones del gobierno de Guillermo Lasso y de los manifestantes que salieron a las calles contra sus políticas y vienen promoviendo un paro desde hace más de diez días se mantienen alejadas pese a los llamados al diálogo. En un intento de acercarlas, el ministro del Interior, Francisco Jiménez, informó este jueves que el gobierno decidió permitir a las miles de personas movilizadas el acceso a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La desmilitarización de ese edificio, que en 2019 albergó a los manifestantes durante otra protesta masiva, era una de las condiciones planteadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización que está al frente de las movilizaciones.

“El Ecuador quiere paz. El Ecuador necesita una salida inmediata a este conflicto”, dijo Jiménez. “Para que no haya violencia, ni tampoco excusas, hoy vamos a permitir que las organizaciones sociales lideradas por la Conaie se convoquen y reúnan en el ágora de la Casa de la Cultura”, agregó el ministro, y reiteró que el gobierno quiere dialogar con los manifestantes.

El martes Jiménez había reclamado un diálogo sin condiciones para desactivar las protestas, pero los manifestantes exigen que el Ejecutivo que encabeza Guillermo Lasso cumpla varias demandas para iniciar las conversaciones. Una de ellas es la derogación del Estado de excepción que rige en seis provincias del país.

Según informó radio Pichincha, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, destacó que existe voluntad de diálogo pese a que la represión estatal, según expresó, ya causó dos muertos y más de 100 heridos desde que comenzaron las protestas. El dirigente indígena dijo además que el diálogo tendrá que tener resultados y en respuesta concreta a las demandas de los manifestantes.

La Conaie reclama la rebaja y el congelamiento de los precios de los combustibles, el control de precios de productos de primera necesidad, el freno a las privatizaciones y las concesiones mineras y petroleras, así como el respeto del derecho a consulta de los pueblos indígenas en temas que los afectan directamente.

Mientras las condiciones para un diálogo siguen lejos de ser acordadas, no sólo la Conaie denuncia la represión por parte de las fuerzas de seguridad. También la organización Amnistía Internacional denunció una “crisis de derechos humanos” en Ecuador y señaló que son “múltiples las denuncias de hostigamiento, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos, y criminalización de manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”.

La directora de Amnistía Internacional para las Américas, la mexicana Erika Guevara, manifestó en un comunicado que “la lamentable decisión del presidente Lasso de reprimir las protestas está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019”. Aquellas manifestaciones, reprimidas por las fuerzas de seguridad, terminaron con una decena de muertos y 1.500 heridos.

“Para evitar que esta historia se repita, el presidente debe cesar la represión y atender las causas estructurales de las protestas, incluido el abordaje de la crisis económica y el impacto de sus políticas en los derechos de los grupos más afectados por la pandemia, como los pueblos indígenas y las personas en situación de pobreza”, dijo Guevara.

Amnistía Internacional señaló que uno de los episodios más graves fue la represión del 17 de junio en la ciudad de Riobamba, donde 16 personas sufrieron heridas de perdigones, incluso en el cráneo y los ojos.

“Para evitar la escalada de esta crisis, desde Amnistía Internacional pedimos al presidente Lasso cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica, publicar información desglosada sobre el número de personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra, y atender las causas estructurales que han llevado a varios sectores de la población a manifestarse para defender sus derechos humanos”, dijo Guevara.

Amnistía Internacional también cuestionó la detención “en régimen de incomunicación” por varias horas que sufrió Iza el 14 de junio, y señaló que podría haber sido arbitraria. Agregó que “los procedimientos penales que se siguen contra él podrían constituir criminalización de la protesta”.

El ministro Jiménez, por su parte, señaló que el gobierno aceptó “el llamado de la ONU, de la Unión Europea y de más de 300 organizaciones de la sociedad civil para que, mediante el diálogo”, se aborden las distintas posturas. También el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, llamó a un diálogo, pidió al gobierno que escuche las demandas de las organizaciones indígenas, pero se declaró preocupado por “discursos golpistas” que piden que Lasso deje la presidencia.