La extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue firmada este viernes por la ministra del Interior británica, Priti Patel. Un tribunal de Reino Unido había autorizado su entrega el 20 de abril, a partir de la Ley de Extradición de 2003.
Assange, que mediante Wikileaks expuso abusos cometidos por Estados Unidos en Irak, Afganistán y Guantánamo, lleva más de diez años confinado en Reino Unido. Primero, cumplió un régimen de arresto domiciliario por un caso de supuestos delitos sexuales. Para cuando ese caso fue archivado, ya se había refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció de 2012 a 2019. Luego de que el gobierno ecuatoriano le retirara su condición de refugiado, Assange fue arrestado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, al este de Londres.
La Justicia de Estados Unidos acusa a Assange de 18 delitos de espionaje e intrusión informática, que podrían llevarlo a enfrentar 175 años de cárcel. El Departamento de Justicia alega que la publicación de información por parte de Wikileaks puso vidas en peligro. En cambio, la defensa de Assange, que anunció que recurrirá la orden de extradición, sostiene que los documentos divulgados por Wikileaks expusieron irregularidades de Estados Unidos y que su difusión era de interés público.
Assange perdió una serie de batallas legales en Reino Unido. La última fue el fallo de un tribunal que habilitó al gobierno a firmar su extradición, tal como lo hizo el viernes. Para la Justicia británica extraditarlo no implica someterlo a un proceso abusivo ni que sea “incompatible con sus derechos humanos, como el derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión”, señaló un portavoz del gobierno británico. Ese fallo dictaminó que no hay dudas sobre las garantías que tendría al ser juzgado en Estados Unidos. La última opción de Assange es recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si agota las instancias judiciales dentro de Reino Unido.
Este viernes, la organización Wikileaks dijo que era un “día oscuro para la libertad de prensa y la democracia británica”, pero que la decisión del gobierno “no es el final de la pelea”. “Julian no hizo nada malo. No ha cometido ningún delito y no es un delincuente. Es periodista y editor, y está siendo castigado por hacer su trabajo”, manifestó Wikileaks en un comunicado.
También la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, lamentó la decisión del gobierno británico. Dijo que habilitar la extradición colocaría a Assange ante “un gran riesgo y envía un mensaje escalofriante a los periodistas de todo el mundo”.