Durante el fin de semana se reiteraron las protestas ante la Suprema Corte de Estados Unidos en rechazo al fallo del viernes que dejó en manos de los estados la protección del derecho al aborto. Las reacciones contra esa decisión incluyeron las de dirigentes políticas y de fiscales generales de distintos estados.
La senadora demócrata Elizabeth Warren retomó la idea de ampliar el número de integrantes de la Suprema Corte para contrarrestar la mayoría conservadora actual, de seis miembros en nueve, informó la agencia Efe. Por su parte, la candidata a gobernadora de Georgia Stacey Abrams dijo a la cadena CNN que el Congreso debería legislar para dejar sin efecto la sentencia y regular el derecho al aborto para todo el país. Afirmó que “la práctica siniestra de tomar derechos constitucionales y permitir a cada estado decidir la calidad de la ciudadanía es terrible”.
Por su parte, los fiscales generales de 21 de los 50 estados del país emitieron un comunicado en el que manifiestan su “compromiso a apoyar y expandir el acceso a la atención médica del aborto”. “La atención del aborto es atención médica, punto. Nos unimos, como los más altos funcionarios de la ley de nuestros estados, para decir con orgullo que no retrocederemos en la lucha para proteger los derechos de las personas embarazadas en nuestros estados y en todo el país”, afirman en el comunicado. Allí señalan además que la decisión de la Corte Suprema revierte décadas de precedentes legales y “socava los derechos de las personas en todo Estados Unidos”.
Los fiscales afirman que, debido a la decisión del tribunal, “las personas de todo el país se enfrentan ahora a la perspectiva de tener que viajar desde sus hogares” a los estados que permitan abortar “para buscar acceso a la atención médica fundamental a la que deberían tener derecho”. Agregan que para quienes no puedan viajar, “las leyes que prohíben el aborto en sus estados de origen empeorarán su atención sanitaria y reducirán las oportunidades socioeconómicas”.
Nueve estados ya prohibieron la interrupción del embarazo el viernes, cuando se conoció el fallo de la Corte Suprema: Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misuri, Oklahoma, Dakota del Sur, Utah y Wisconsin. Varios de estos estados habían aprobado leyes que se activarían cuando se pronunciara el tribunal en ese sentido.
Según la organizacion Planned Parenthood, unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva podrían perder el acceso al aborto debido a los cambios en estos estados y en otros que podrían aprobar leyes similares, y el impacto puede ser mayor para las personas más vulnerables de la sociedad, como “las comunidades negras, latinas e indígenas, las personas con discapacidades, las que viven en áreas rurales, jóvenes, inmigrantes y quienes tienen dificultades financieras”, segun citó Efe.
Por otra parte, 16 estados y el Distrito de Columbia cuentan con leyes propias para proteger el derecho a interrumpir un embarazo o tienen previsto impulsar ese tipo de normas. Uno de estos estados es California, el más poblado, que concentró en 2020 más de 154.000 de los 930.060 abortos legales que se practicaron en el país durante ese año. Allí es legal el aborto hasta la semana 23 de gestación o hasta que el feto pese 500 gramos, cuando se entiende que podría sobrevivir fuera del útero.
El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, anunció una partida extra de 125 millones de dólares para ofrecer transporte, alojamiento y cobertura sanitaria a personas de otros estados que opten por interrumpir su embarazo en el suyo.
Fuera de fronteras
Además de las reacciones dentro de Estados Unidos al fallo de la Corte Suprema, hubo otras en el exterior. En España, unas 20.000 personas salieron a las calles de Madrid para celebrar la decisión del tribunal estadounidense y protestar contra el derecho al aborto, al que consideran parte de una “cultura de la muerte”.
Por su parte, en Francia, el fallo estadounidense llevó a debatir la posibilidad de incluir la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución. La diputada oficialista Aurore Bergé dijo a la emisora France Inter: “En Francia garantizaremos y haremos progresar los derechos de las mujeres. Los haremos sagrados. Mi bancada presentará una propuesta de ley constitucional para proteger el acceso al aborto”.
La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, respaldó la iniciativa en Twitter: “El gobierno apoyará con firmeza esta propuesta de ley. Por todas las mujeres, por los derechos humanos, debemos grabar este logro en piedra. El Parlamento debe ser capaz de reunirse en torno a este texto”.