El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 del partido de San Martín, en el Gran Buenos Aires, emitió este miércoles diez condenas a prisión perpetua y otras nueve de entre cuatro y 22 años de cárcel para 19 exmiembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad acusados en la megacausa Campo de Mayo por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983).

Según informó la agencia de noticias Télam, los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nadia Flores Vega, integrantes del TOF, consideraron que los hechos juzgados “son constitutivos de crímenes de lesa humanidad y en consecuencia son imprescriptibles”, al leer el veredicto del proceso oral y público contra los exintegrantes del Ejército, la Armada, la Gendarmería y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Ninguno de los acusados fue absuelto: diez de los 19 imputados fueron sentenciados a cadena perpetua y los otros nueve tuvieron condenas de entre cuatro y 22 años de prisión.

Entre los que recibieron la pena máxima se encuentra Santiago Omar Riveros, ya condenado por otras causas, quien era jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo y de la Zona de Defensa IV durante la dictadura.

Los otros condenados a perpetua son Luis Sadi Pepa, exdirector de la Escuela de Comunicaciones, Área 420, dependiente del Comando de Institutos Militares; Eugenio Guañabens Perelló, Luis del Valle Arce, Carlos Javier Tamini, Carlos Eduardo José Somoza, Miguel Ángel Conde, Mario Rubén Domínguez, Francisco Rolando Agostino y Luis Pacífico Britos.

Entre los delitos por los que fueron juzgados y condenados los criminales antes mencionados figuran la privación ilegal de la libertad, la imposición de tormentos a las víctimas por ser perseguidos políticos, homicidios cometidos con alevosía y en algunos casos también violaciones con la participación de dos o más personas.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien es hijo de desaparecidos, se hizo presente en la primera fila de la sala durante la lectura del fallo, ya que su cartera fue una de las partes querellantes en el juicio.

En diálogo con Télam, el funcionario evaluó que se trató de un “juicio histórico” y consideró que la sentencia “repara a un montón de familias que vienen luchando para que esos procesos se lleven adelante”. “Estamos contentos de poder escuchar de vuelta fallos históricos”, agregó sobre el clima que primó en la jornada. Remarcó “la emoción y alegría” que sintieron los familiares de víctimas al escuchar las condenas y afirmó: “Ese es el rol que tiene el Estado, la reparación”.

De todas maneras, Pietragalla anunció que “se va a apelar las condenas que fueron muy bajas” y cuestionó la duración de tres años que tuvo el juicio, al exigir “que sean más cortos en el tiempo”.

Por su parte, Eduardo Caram, quien estuvo detenido en Campo de Mayo, luego de conocer las sentencias afirmó que “es muy importante este momento, después de 45 años de espera que generaron una herida muy difícil de atravesar”. “Quiero un acercamiento a la verdad. Nosotros sabemos que lo que el veredicto del tribunal diga es un acercamiento a la verdad, porque faltan muchos más culpables que estén sentados en el banquillo”, agregó.

Durante la última dictadura, la base de Campo de Mayo –un predio de casi 4.000 hectáreas ubicado en el partido de San Miguel, en el noroeste del Gran Buenos Aires– recibió en forma clandestina prisioneros en diversos lugares: El Campito o Los Tordos, Las Casitas o La Casita, el Hospital Militar, donde funcionó una maternidad clandestina y la prisión de Encausados. En el alegato, la fiscal federal de la causa, Gabriela Sosti, estimó que por esa dependencia militar pasaron más de 6.000 personas y el índice de supervivencia de los allí detenidos fue inferior a 1%.

El juicio, en el que declararon en total 765 testigos, fue una acumulación de múltiples causas que se tramitaron por separado en la etapa de instrucción, informó Página 12. En su alegato, de más de 1.500 páginas, Sosti contribuyó a echar luz sobre lo sucedido en la megacausa, que “permitió poner el foco en ese territorio (Campo de Mayo) y entender el funcionamiento de forma más ampliada del sistema represivo implementado allí, y no tan recortada, como pudo haber sucedido en causas anteriores”.