Mauricio Arriaza, el director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, informó que desde que se implantó el régimen de excepción en el marco de la “guerra” contra las maras impulsada por el presidente Nayib Bukele, fueron detenidas aproximadamente 50.000 personas.
“Podemos informar a la población salvadoreña que ya llegamos a los 50.000 registros de personas detenidas en el período del régimen de excepción”, declaró Arriaza, según lo consignado por la revista colombiana Semana.
Tanto Arriaza como los ministros de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y de Defensa, René Merino, comparecieron el martes ante la Asamblea Legislativa, ampliamente dominada por los sectores afines a Bukele, para solicitar la prolongación del régimen de excepción que rige desde fines de marzo y que ha ido prorrogando desde entonces cada mes. Esta figura judicial, que limita algunos derechos y permite, entre otras acciones, detenciones sin orden judicial, se instauró en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo.
Para albergar a parte de los detenidos, Bukele ordenó la construcción de una gigantesca cárcel para 40.000 pandilleros en un área rural de la ciudad de Tecoluca, en el centro del país, que se estima será terminada antes de fin de año.
“Los resultados del régimen de excepción han sido contundentes, hemos impactado fuertemente a estas estructuras terroristas (pandillas)”, declaró por su parte Villatoro.
El ministro Merino dijo que en los 142 días que lleva el régimen de excepción se contabilizan “77 días con cero homicidios”, lo que representa “un promedio de 0,77% de homicidios (por día) durante la implementación de la medida de seguridad”.
Casi 70% de los detenidos son acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), la organización delictiva más grande del país. El resto de las personas encarceladas son acusadas de integrar otras pandillas más pequeñas.
Además de las detenciones, en diferentes operativos, la Policía y el Ejército informaron que decomisaron más de un millón de dólares, además de 1.283 armas, más de 1.500 vehículos, drogas y teléfonos celulares.
Pero esta ola de detenciones generó reacciones de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, que denunciaron que la falta de garantías generó la captura e incluso el asesinato de personas que no tenían relación alguna con el crimen organizado.
De acuerdo a lo que informó el portal salvadoreño El Faro, en lo que va del año las denuncias en las que se alega una detención arbitraria o violación a la integridad de un detenido ya duplicaron el promedio histórico de los últimos 27 años, cuando empezaron a registrarse estos casos. Desde 1995, en la Sala de lo Constitucional se recibía un promedio de 457 pedidos de habeas corpus al año, pero a fines de julio las demandas ya superaban las 1.000, una cifra inédita en el país centroamericano, al menos desde el fin de la guerra civil, en 1992.