Organizaciones que convocan a las marchas en Perú y dirigentes sindicales pidieron este lunes que no queden impunes las más de 60 muertes ocurridas en el marco de las protestas, de las cuales 45 fueron causadas por la represión a los manifestantes. En una conferencia de prensa, en Lima, dirigentes de distintas regiones de Perú llamaron a unirse en una “gran marcha nacional” convocada para hoy en el centro de la capital. Desde diversos puntos del país se dirigen nuevos manifestantes hacia Lima para participar en esa movilización.

“Rechazamos cualquier acto de violencia [...] Quienes están generando caos y destrucción son gente infiltrada del gobierno”, afirmó este lunes Gerónimo López, el secretario general de la mayor central sindical del país, la Confederación General de Trabajadores del Perú, según citó la agencia Efe.

Los manifestantes denunciaron detenciones arbitrarias, criminalización de las protestas y “terruqueo”, la práctica de calificar como terroristas a quienes participan en las movilizaciones.

López dijo que el reclamo principal de las protestas es que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, “dé un paso al costado”. A esa demanda se suman las de elecciones inmediatas y la convocatoria a un referéndum sobre la posibilidad de elaborar una nueva constitución que sustituya a la actual.

Según informó el diario peruano La República, Boluarte estuvo a punto de renunciar dos veces después de las primeras muertes en las protestas, pero Alberto Otárola, el primer ministro y extitular de Defensa, la convenció de que no lo hiciera. De acuerdo con las fuentes del periódico, Otárola le prometió a Boluarte que conseguiría el respaldo de las bancadas de derecha y de las Fuerzas Armadas. En su última aparición pública, la presidenta descartó que vaya a renunciar y afirmó que su gabinete “está más unido que nunca”.

Este lunes las movilizaciones continuaban en varias zonas de Perú, y en algunas se comenzó a reportar escasez de ciertos bienes debido al cierre de carreteras. El paro nacional que comenzó el 19 de enero continuaba este lunes por quinto día, y según el ministro del Interior, Vicente Romero, está previsto que las protestas continúen.

Romero dijo también que estuvo justificado el operativo policial del fin de semana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en Lima, que fue cuestionado porque no hubo presencia de fiscales, como exige la ley en Perú, ni se respetó la autonomía universitaria. “He pedido un informe pormenorizado de la intervención, pero sí ha estado justificada de acuerdo a la ley”, dijo, y agregó que si hay algún incumplimiento se determinará quiénes son los responsables.

Argumentó que “había flagrancia y estado de emergencia” y que en esos casos “interviene inmediatamente la Policía Nacional”, “no hay necesidad de la presencia de la Fiscalía”. En ese operativo unos 400 policías con tanquetas entraron a la universidad de Lima y detuvieron a unas 200 personas, supuestamente a pedido de las autoridades universitarias.

En un comunicado, la UNMSM manifestó este lunes que lo que había solicitado a la Policía era la “liberación de las puertas tomadas”. El texto agrega que “la Policía Nacional de Perú, en evidente uso de la fuerza, ingresó al campus universitario, sin presencia de la Defensoría del Pueblo ni del representante del Ministerio Público. Por lo tanto, denunciamos el abuso de autoridad hacia nuestros estudiantes intervenidos”.