En México la educación sexual integral (ESI) es un derecho, pero no existe una asignatura específica y no hay planes de estudios. Los pocos contenidos quedan limitados a la reproducción y desarrollo del cuerpo humano en materias de cívica y ética, biología y ciencias. ¿Por qué es importante su implementación? ¿Cuáles son los pendientes y obstáculos?

De acuerdo a una investigación y a la Encuesta Nacional sobre ESI en Adolescentes 2023 elaboradas por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), las y los estudiantes en México demandan tener acceso a otras temáticas sobre sexualidad en sus espacios educativos más allá del enfoque sobre reproducción humana, conocimiento del cuerpo y su desarrollo.

Desde 2019 el artículo 3 de la Constitución contempla que el derecho a la educación en México “tendrá perspectiva de género y una orientación integral […] por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, […] la educación sexual y reproductiva”.

Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dice que la educación deberá “promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez”.

Las demandas

Según los datos, a las y los adolescentes les gustaría que en sus escuelas aborden temas como violencia y seguridad (48%), género (44%), diversidad (44%), sexualidad (40%) y relaciones (39%). Además, consideran que a nivel primaria (de los seis a los 12 años) es cuando debería comenzar a impartirse la ESI.

“En México hay educación sexual, pero vemos que hay múltiples causas por las que aún no se imparte la educación integral en sexualidad. Vemos, por ejemplo, que hay mitos y prejuicios sobre la sexualidad que permanecen todavía en la sociedad, en las familias y en el cuerpo docente. La falta de presupuesto destinado es otro factor, pero también un obstáculo son los grupos antiderechos que intentan evitar que se imparta”, explica Eugenia Likar, subdirectora de ILSB.

El 42% no pregunta por pena y miedo

En México, el 42% de las y los estudiantes de secundaria no preguntan sobre sexualidad por miedo y pena (una de las acepciones de pena, la que se usa en este caso, es “vergüenza que siente alguien por algo o timidez delante de alguien”). En menor porcentaje no lo hacen por los mitos que existen en la sociedad y por ser un tema tabú en sus familias y comunidades.

Casi la mitad (41%) se apoya en amistades para resolver esas dudas. El 25% recurre a sus docentes y el 51% a su madre o padre.

“Nos parece muy fuerte que el miedo y la pena sean la razón principal para no preguntar. Entendemos que lo que habilita eso es un entorno donde se mantienen los prejuicios, pero también donde existe una deuda histórica. Bien o mal, es a las madres y padres y a los y las docentes a quienes más se acercan las juventudes a preguntar. Es por eso que importa que la ESI llegue a los espacios de educación formal e informal con información clara, veraz, científica y actualizada. Que atraviese a todas las generaciones, porque es cierto que no hay una edad específica para tener dudas sobre sexualidad”, agrega Likar.

Proyectos anti-ESI

El escenario político de derecha y de corte religioso, en alianza con organizaciones como el Frente Nacional por la Familia, busca imponer barreras legislativas. Es un tipo de veto otorgado a madres y padres de familia acerca de contenidos educativos sobre sexualidad.

En México existe el mandato constitucional de una educación pública laica. Sin embargo, partidos políticos de derecha como el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de corte cristiano como el PES (Partido Encuentro Solidario, antes Partido Encuentro Social) buscan reformar las leyes de educación locales de nueve estados bajo falsos argumentos de “proteger” a niñas, niños y adolescentes.

En 2020 el estado de Aguascalientes fue el único donde se aprobó a nivel legislativo. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma que obligaba a las autoridades escolares a avisar a madres y padres de familia cuando se tocaran temas “en rubros de moralidad, sexualidad y valores”. Incluso varias agencias de la ONU pronunciaron su preocupación al respecto.

Este tipo de propuestas tuvieron un impacto global luego de que el partido de ultraderecha español Vox promoviera el pin parental en 2018. En 2020 el político conservador Carlos Leal, perteneciente entonces al PES, fue el primero en proponer este tipo de reforma en México.

Este año, en la coyuntura preelectoral, el aspirante a presidente Eduardo Verástegui y las congresistas Lilly Tellez, América Rangel y Teresa Castells se han encargado de usar sus redes sociales para desinformar. Comparten información falsa sobre ESI, los derechos de las personas LGBTI+ y de las mujeres. Importan las narrativas antiderechos usadas por integrantes del Partido Republicano de Estados Unidos.

Una versión más extensa de este artículo se publicó originalmente en Agencia Presentes.