El Tribunal Constitucional, el órgano más importante de la Justicia peruana, ordenó en la tarde del martes la liberación inmediata del exdictador Alberto Fujimori, quien se estima se irá en la mañana de este miércoles del Penal de Barbadillo, en la periferia de Lima.
Con esta resolución, de acuerdo a lo que informó el diario limeño La República, el Tribunal Constitucional reafirmó la sentencia emitida en marzo del año pasado, en la que declaró procedente un hábeas corpus a favor de Fujimori, de 85 años, y restableció los efectos del “indulto humanitario” otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Pero de acuerdo a lo que recordó la BBC, en junio de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronunció en contra del indulto. El órgano calificó los cometidos por Fujimori como crímenes contra la humanidad y requirió al Estado peruano un control judicial sobre el perdón concedido por Kuzcynski.
La Corte Suprema de Perú entonces lo declaró nulo y Fujimori tuvo que volver a la cárcel, de la que había salido temporalmente. El Tribunal Constitucional revocó en marzo de 2022 la decisión del Supremo y restableció la vigencia del indulto.
Pero semanas después otra resolución de la Corte IDH resolvió que la sentencia del Tribunal Constitucional incumplía las disposiciones sobre la ejecución de la condena a Fujimori, quien fue sentenciado a 25 años de prisión por las masacres de La Cantuta, en 1991, y Barrios Altos, en 1992, en las que un grupo de militares dirigido desde el gobierno asesinó a 25 personas.
En su resolución de este martes, el tribunal considera que el exdictador lleva casi seis años indultado sin que se haya hecho efectiva su libertad, lo cual constituye una vulneración al derecho fundamental. Además, en el fallo se tiene en cuenta la edad avanzada y la salud deteriorada de Fujimori.
Consultada por el portal peruano Ojo Público, la abogada constitucionalista Ana Neyra explicó que lo más probable es que la Corte IDH vuelva a emitir una resolución exigiendo al Estado peruano el cumplimiento de su sentencia.
Ante esa situación, Neyra explicó que el gobierno deberá decidir entre dos caminos: ejecutar la resolución de la Corte IDH o incumplir la medida y respaldar el auto del Tribunal Constitucional.
Ni bien conocida la noticia de la liberación de Fujimori, numerosas entidades convocaron a una manifestación en la plaza San Martín de Lima para repudiar la decisión judicial, pero también centenares de partidarios del exdictador se acercaron hasta el Penal de Barbadillo para celebrar la decisión.