María Ysabel Cedano García es abogada, feminista, lesbiana y quechua. Ella alerta sobre las violaciones sexuales, torturas y ejecuciones durante el gobierno de Dina Boluarte (a la que califica como la primera dictadora de Perú) y señala que los sectores antiderechos (como el grupo “Con mis hijos no te metas”) se están haciendo un festín en este contexto, con ataques a la educación sexual con enfoque de género, al aborto terapéutico, a las mujeres indígenas. También advierte que se produce un borramiento de lenguaje inclusivo y de derechos de los grupos LGBTI+, mientras que se demoniza a las mujeres que protestan por ser madres irresponsables si salen a marchar. “Pretenden borrarnos, pero no podrán corregirnos”, realza Cedano.
Cedano fue presidenta de la organización Estudios para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) entre 2004 y 2009, y directora general del ex Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social en 2011. Ella es la responsable del litigio estratégico para hacer justicia por las esterilizaciones forzadas que se practicaron durante el gobierno de Alberto Fujimori. El expresidente de Perú tuvo que declarar en la Justicia el viernes 19 de mayo por las violaciones a los derechos de las mujeres que se realizaron a través del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.
Fujimori (que huyó a Japón y Chile) ahora está preso en el penal Barbadillo (por matanzas, corrupción y espionaje, entre otros cargos) y fue a declarar al juzgado penal supraprovincial liquidador transitorio, a cargo del juez Littman Ramírez Delgado. La medida fue solicitada por la Corte Suprema de Chile en el marco del pedido de extradición. El exmandatario negó que las esterilizaciones se hayan realizado sin consentimiento. “Es totalmente falsa la imputación. Lo que hizo mi gobierno fue ofrecer todos los métodos de planificación familiar modernos y tradicionales, sin excepción, sin preferencia por uno u otro: a la libre elección de cada una de las interesadas. Se dio toda la información”, aseguró, y se escudó en que la tasa de mortalidad materna e infantil era muy alta.
El proceso contra Fujimori (que fue presidente de Perú de 1995 al 2000) tiene, al menos, 1.317 demandantes. Se estima que alrededor de 300.000 mujeres fueron sometidas a ligaduras tubarias, sin pedirlas, sin saberlo y sin posibilidad de decidir rechazarlas, entre 1996 y 2000, en el gobierno fujimorista. Hay 8.000 víctimas que están documentadas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas que abrió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2016. De esas 8.000 mujeres, 2.000 denunciaron formalmente que fueron esterilizadas de manera forzosa; 1.307 relataron que les provocaron lesiones graves y cinco perdieron la vida como consecuencia de la intervención.
La causa por las ligaduras fujimoristas es una de las más importantes de violación a los derechos sexuales en América Latina. Es también el caso que demuestra que los cuerpos de las mujeres son abusados si quieren ser madres y si no quieren, que es su decisión, su deseo y su cosmovisión lo que se cuestiona y que las más pobres y las indígenas son a quienes menos se respeta.
En marzo de 1998, María Mamérita Mestanza Chávez, de 33 años, fue obligada a una esterilización forzada. Falleció por una infección a la que los médicos no prestaban atención porque decían que era efecto de la anestesia. En 1999, el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su muerte es uno de los crímenes de lesa humanidad que todavía busca justicia. También la muerte de Celia Ramos. Los dos casos los defiende Ysabel. Ella enmarca: “Los delitos contra ellas, contra su libertad personal, contra su integridad, contra su vida, contra su salud, implicaron que murieran por la forma en que las atendieron”.
¿Por qué murieron mujeres a causa de una intervención que no debería tener riesgo de vida?
En el plan de esterilizaciones forzadas había metas y cuotas que tenían que cumplir los centros de salud y eso generaba que hicieran ligaduras de trompa y vasectomías sin garantizar condiciones. Celia Ramos tuvo un paro cardiorrespiratorio y a las pocas horas quedó en coma, y Mamérita Mestanza se quedó paralizada y terminó muriendo. Es cruel porque el viudo, Jacinto, cuenta cómo los médicos le decían que era una mañosa, que lo que pasaba es que no quería levantarse para volver al trabajo doméstico y que le pusieran fósforo en la mano para ver si no movía el brazo y que no pasaba nada, que la señora estaba bien.
Ni el aborto ni la ligadura tubaria son intervenciones peligrosas, pero si se hacen en condiciones inseguras pueden ser mortales. ¿Las ligaduras tubarias fueron realizadas por el Estado de forma insegura sistemáticamente?
Claro que sí, hubo un patrón sistemático. Una gran feminista, Giulia Tamayo [abogada peruana que luchó por los derechos de las mujeres y tuvo que exiliarse a Uruguay, por amenazas, en donde murió en 2014], tuvo la lucidez de ver el caso más allá de un tema penal, porque todo el mundo decía “están pasando delitos y vamos a denunciar al Ministerio Público”. Pero ella hace los primeros informes y va al territorio y los médicos tenían absolutamente naturalizado el proceso, sin ninguna crítica, porque las críticas fueron excepcionales y le decían “sí, tenemos planes de acción que están dirigidos a determinada población y tenemos metas y cuotas que cumplir”.
¿La diferencia entre ofrecer el acceso a la ligadura tubaria y el plan de ligaduras tubarias forzadas fue que le impusieron al sistema de salud que tenían que llegar a esterilizar a determinada cantidad de mujeres?
Fujimori aplica todo el modelo neoliberal incluyendo políticas de control demográfico, de control de natalidad y de control territorial.
¿Cómo sería el control territorial?
Puedes decir “yo quiero que haya menos gente porque no quiero darles más servicios públicos porque no quiero gastar en esa gente”. Y otra cosa es que esa gente viva donde hay petróleo, donde hay minerales, donde hay gas, donde hay cosas que yo quiero. Hay una coincidencia entre los lugares donde hubo conflictos armados internos y donde hubo esterilización, donde hubo violencia sexual durante conflicto armado interno y donde hubo esterilizaciones forzadas. Los territorios donde más se violaron derechos humanos durante el conflicto armado interno fueron Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, y lugares estratégicos como Cuzco y Cajamarca, donde ahora hay conflictos sociales ecoterritoriales porque está todo el corredor minero del sur o todo el oro.
¿El control territorial muestra que no se buscaba que las mujeres tengan derecho a decidir sobre su cuerpo, sino que el gobierno tenga derecho a decidir sobre los territorios?
Las mujeres populares prácticamente eran como conejillos de indias de las primeras píldoras anticonceptivas. En el Consenso de Washington, a fines de 1989 [un paquete de reformas para los llamados países en desarrollo bajo las órdenes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento de Tesoro de Estados Unidos], hubo toda una manera de entender la economía y de regular a la gente de determinadas características y en determinados territorios. Ahí se produce la cooptación del discurso y Fujimori empieza a hablar de planificación familiar, que era un lenguaje que nosotras hablábamos. Por eso, la primera oposición es la Iglesia católica que prohibía el aborto y la esterilización con la idea que sólo Dios puede disponer de tu vida y de tu cuerpo.
¿Cómo se distingue la posición de la Iglesia, que boicotea la ligadura de trompas, con la de los feminismos que luchan por el derecho al aborto legal y a la ligadura, pero no a la imposición sin consentimiento?
Las mujeres cuentan que no les preguntaban. ¿Cómo vas a implementar un programa o servicio así sin garantizar el derecho humano al consentimiento previo, libre, informado y prescrito y una consejería en lengua materna en el idioma que hablas quechua, que es la segunda lengua de Perú, o aymara?
¿Las esterilizaciones forzadas tuvieron una raíz racista?
Se realizó una política con una concepción súper patriarcal, colonial, de que el Estado sabe lo que les conviene a determinadas mujeres: las que estudian, sí pueden elegir; las que están en una ciudad, sí pueden elegir; pero las indígenas, no. A las quechua hablantes, analfabetas y en situación de pobreza, tienes que sacarlas de la pobreza impidiendo que sigan reproduciéndose.
¿Cómo fue esa cooptación liberal del discurso a favor de los derechos sexuales?
Fujimori fue el único presidente en el mundo que fue a la Conferencia Mundial de Beijing (un artículo de El País de Madrid, del 11 de setiembre de 1995, rescata que era el único varón) y hasta feministas que estaban ahí aplaudieron, claro, porque dijo que Perú iba a sacar a las mujeres de la pobreza e iba a garantizar su autonomía por primera vez, que iban a ser dueñas de su destino y decidir cuántos hijos tener. Lo que no dijo es que la Ley de Población que impedía el uso de las ligaduras de trompa fue cambiada, en 24 horas, de manera exprés, con un decreto ejecutivo que mandó al Congreso y Martha Chávez (presidenta del Congreso entre 1995 y 1996), del fujimorismo recalcitrante, lo sacó sin dictámenes, sin nada. Recién cuando hubo quejas empezaron a decir que se necesitaba el consentimiento por escrito.
¿Cómo eran las metas impuestas?
Les decían, por ejemplo, que tenían que [ligar] a dos pacientes semanales y califica de crimen de lesa humanidad porque hubo masividad: 320.000 ligaduras de trompas de las cuales 180.000 se realizaron, entre 1996 y 1997, sin garantías, ni protocolos.
¿Las mujeres no contaban con información?
Hay 220.000 mujeres que declararon no haber recibido información completa y 25.000 que nunca se enteraron que eran métodos irreversibles. Había una política implementada para evitar que determinada población, con determinadas características, se reproduzca: mujeres, quechua hablantes, analfabetas y jóvenes. Se les hacía un patrón sistemático de acoso domiciliario para tratar de convencerlas con 1.000 argumentos y chantajes, que si te doy programas sociales, que si te los quito, que si hay leyes o multas para quienes tienen más de tantos hijos, era una forma de cooptar. Y los hombres están empezando participar de las asambleas de las mujeres esterilizadas para decir que también fueron esterilizados.
¿Los hombres no lo habían contado hasta ahora?
Empezaron a contar poquito, poquito. Pero ya me encuentro con más hombres, como en Morochucos, que fueron esterilizados forzadamente y que los ves con una masculinidad suave. No son los hombres autoritarios que se imponen. No, son hombres más bien feminizados los que fueron víctimas. De hecho, llegaron casos de personas homosexuales a la Defensoría a quejarse por haber sido víctimas de una vasectomía sin consentimiento. Y no los atendieron, ni les recibieron el caso porque eran hombres. ¿A cuántos hombres de comunidades los habrán chantajeado con su orientación sexual?
¿Cómo se relaciona esta situación con la crisis política actual?
En el Congreso ganaron los fujimoristas y sus secuaces y permanentemente amenazaron al expresidente Pedro Castillo, que se rodeó de un entorno corrupto que es un mal endémico en Perú. Vamos a ser el país donde tres presidentes comparten la prisión: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Pedro Castillo. El Ministerio Público, en el caso de esterilizaciones forzadas, había ofrecido un equipo de investigación –aunque nosotras pedíamos una fiscalía ad hoc–, pero, en medio de una guerra política, se agudizó el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad y a desembozarse el racismo y las prácticas coloniales. En Demus hemos criticado muchas elecciones de Castillo y protestamos para que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no sea tomado por los antiderechos. Pero es imposible no indignarse por la discriminación que señalaba a Castillo como incapaz, por ser un cholo, para debilitarlo. La asociación de víctimas y sobrevivientes de esterilizaciones forzadas se habían reunido con la exministra Anahí Durand y había dado 14 órdenes al mérito, aunque nosotras decíamos que “condecorar no es reparar”, y en la última parte del gobierno se lograron algunas cosas como registros itinerantes y comenzar una ruta para una política de reparación. Pero todo eso se trunca con el golpe de Estado. Y ahora el movimiento feminista coincide en que Dina Boluarte es una dictadora que no fue elegida para gobernar y que criminalizó la protesta, realizó ejecuciones extrajudiciales, torturas y violencia sexual.
Las Bravas es un espacio de la diaria Feminismos que busca amplificar las voces y experiencias de mujeres feministas que están cambiando la historia en América Latina. Está a cargo de Luciana Peker, periodista argentina especializada en género y autora de Sexteame: amor y sexo en la era de las mujeres deseantes (2020), La revolución de las hijas (2019) y Putita golosa, por un feminismo del goce (2018), entre otros libros.