La Fiscalía salvadoreña confirmó que archivó los expedientes sobre la muerte de 142 personas que se encontraban bajo custodia del Estado y que habían sido detenidas en el marco del régimen de excepción impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele desde marzo del año pasado para detener el accionar de las pandillas.
La organización no gubernamental Cristosal había denunciado recientemente que al menos 153 personas habían muerto estando detenidas, pero desde el Ministerio Público se argumentó que las personas habían fallecido por causas naturales. “Llevamos archivados 142 casos que no constituyen delito de acuerdo con las investigaciones. Hemos comprobado científicamente, con el auxilio del Instituto de Medicina Legal, las causas de las muertes; algunas fueron por enfermedades preexistentes, otras fueron por algún tipo de enfermedad”, manifestó el fiscal general, Rodolfo Delgado, en una entrevista con la televisión local consignada por la agencia de noticias Associated Press.
De las 153 víctimas, cuatro son mujeres y el resto son hombres. Según el informe de la organización Cristosal, ninguna de las personas fallecidas había sido declarada culpable del delito que se le imputaba en el momento de ser detenida.
Durante la entrevista, el fiscal Delgado descalificó el informe de la organización defensora de los derechos humanos, que también revela que las muertes de los detenidos fueron resultado de torturas y lesiones graves y sistemáticas. “Los datos de la ONG no son correctos, no han sido proporcionados por las instituciones oficiales, en este caso Medicina Legal, y han sido recabados por diferentes fuentes sin una manera científica”, sostuvo.
Nueva división territorial
Paralelamente, en la noche del martes el Parlamento salvadoreño, que es ampliamente dominado por Nuevas Ideas, el partido de Bukele, junto con algunas formaciones aliadas, aprobó con 66 votos a favor y 15 en contra la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, normativa lanzada por el Ejecutivo hace pocos días y que reducirá drásticamente el número de alcaldías que hay en los 14 departamentos del país, que pasarán de ser 262 a 44.
Antes de la votación, el jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, había expresado: “En esta plenaria vamos a darle otro golpe al modelo perfecto de corrupción que ellos [la oposición] construyeron por décadas. Les hemos quitado los maletines negros, les hemos golpeado sus modelos de ONG fachadas, su modelo de evasores, el modelo del Fondo para el Desarrollo Económico y Social [Fodes]. Hoy les vamos a cerrar las minas de oro que tenían en las alcaldías”, agregó.
Respecto del Fodes, la diputada Alexia Rivas, también de Nuevas Ideas, aseguró que este instrumento fue utilizado para beneficios personales, para financiamientos de campañas políticas y para contratación de activistas, y por eso “esta es la preocupación que tienen los partidos de oposición”.
Según expresó el presidente Bukele, la nueva división territorial ayudará a mejorar la administración del presupuesto de las municipalidades, lo que permitirá que cuenten con mayores recursos y se distribuyan de manera enfocada en las necesidades de cada sector. Estimaciones del gobierno indican que gracias a esta reforma el país podrá ahorrar aproximadamente 250 millones de dólares al año.
Pero la oposición, básicamente los dos partidos tradicionales del país, la derechista Alianza Republicana Nacionalista y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, argumenta que esta reforma administrativa lo que busca es concentrar más aún el poder del mandatario y su sector político.