El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ratificó este jueves que la segunda vuelta de las presidenciales tendrá lugar el 20 de agosto, con Sandra Torres y Bernardo Arévalo de León como candidatos, tal como surgió de la votación del 25 de junio. Poco antes, el balotaje había quedado en la incertidumbre cuando la Fiscalía pidió la suspensión de la personalidad jurídica del partido de Arévalo, el Movimiento Semilla, de centroizquierda.

El pedido de la Fiscalía, que acusa a Semilla de falsificar las firmas de apoyo para su inscripción electoral, fue aceptado por un juzgado penal. Por ese motivo se allanó el jueves la sección del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral.

La solicitud de suspender a Semilla fue presentada el miércoles, al mismo tiempo que las autoridades electorales confirmaban el pasaje a segunda vuelta de Torres y Arévalo, después de tramitar varias impugnaciones que demoraron la proclamación de los resultados oficiales.

El candidato presidencial de Semilla dijo este jueves que su postulación para las elecciones del 20 de agosto no puede ser suspendida. Recordó que el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que “no se puede suspender a un partido en el lapso que existe entre la apertura de las elecciones y su conclusión”.

“Estamos en la contienda electoral. Nosotros seguimos adelante y no nos vamos a dejar distraer por estos actos ilegales, por parte de este grupo corrupto”, dijo Arévalo durante una conferencia de prensa. “Hemos manifestado nuestra preocupación por el atentado contra la democracia y el orden constitucional que se ha gestado desde la Fiscalía de Rafael Curruchiche y del juzgado séptimo”, agregó. Curruchiche es un fiscal cuestionado en Guatemala y que ha sido sancionado por Estados Unidos el año pasado, acusado de crear casos falsos contra exautoridades, recordó la agencia Efe.

“Es un golpe de Estado técnico”, dijo Arévalo de León en declaraciones a Guatevisión, en las que señaló que sólo el Tribunal Supremo Electoral tiene facultades para suspender a un partido político. Según citó el diario Prensa Libre, el candidato dijo en esa entrevista: “Es una acción desesperada de un grupo político criminal que se da cuenta de que tiene los días contados en términos del control sobre el poder político, porque estamos a las puertas de un evento electoral en el que nosotros confiamos en que el Movimiento Semilla va ganar”.

Para el dirigente, la sentencia contra su partido “constituye una ruptura del orden constitucional” porque la ley de partidos tiene rango constitucional. “Lo que estamos viendo es a un Ministerio Público, a una Fiscalía liderada por un fiscal famosamente corrupto, que está utilizando a un juzgado que le ha servido anteriormente para hacer este tipo de artimañas legales, tomar una resolución que es inconstitucional”, manifestó.

Consultado sobre el alcance que podría tener esa resolución judicial, Arévalo dijo que “es absolutamente ilegal, y tal y como dice la Constitución, no se pueden obedecer las órdenes ilegales”. Consideró que “lo que se está haciendo por medio de estas acciones es vulnerar, traicionar la voluntad popular ejercida en las urnas”. El dirigente afirmó que “los poderosos ya no quieren que el pueblo decida libremente su futuro”.

Sin embargo, manifestó: “Estamos tranquilos porque el Tribunal Supremo Electoral sencillamente no va a atender esta orden de carácter ilegal, y nosotros vamos a continuar en la contienda electoral”. Poco después, el tribunal ratificaba su presencia en segunda vuelta y sostenía que “la única ley aplicable en la materia es la Ley Electoral y de Partidos Políticos”.

Por su parte, la otra candidata en la segunda vuelta, Sandra Torres, reclamó que esa votación se lleve a cabo tal como está programada, y manifestó su “preocupación” por las “acciones jurídicas” presentadas contra Semilla. “Los acontecimientos sucedidos luego de la primera vuelta electoral resultan extremadamente confusos, desconcertantes y dañinos para la transparencia de la democracia guatemalteca”, manifestó.

También la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se manifestó sobre lo que ocurre en Guatemala. La OEA reafirmó su respeto “a la voluntad popular expresada por el pueblo guatemalteco” en la primera vuelta, y manifestó su “profunda preocupación por la judicialización de este proceso, así como los intentos de no respetar la voluntad popular expresada en las urnas”. Otra misión electoral, la de la Unión Europea, se declaró también “profundamente preocupada por los continuos esfuerzos para alterar estos resultados electorales”.

“Sin respeto al voto no hay democracia”, manifestó en un comunicado, el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco. En ese texto ratificó su condición de órgano independiente, así como su “compromiso inquebrantable de garantizar y defender el voto como un derecho y un deber cívico inherente a la ciudadanía”.