El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dio a conocer las preguntas que envió a la Corte Constitucional para validar una consulta popular sobre cuestiones de criminalidad.
Si la Corte Constitucional aprueba la instancia plebiscitaria, la población ecuatoriana tendrá que responder preguntas sobre el poder que deberían tener las Fuerzas Armadas, el incremento de las penas para ciertos delitos, la criminalización de la tenencia o porte de ciertas armas, reformas de leyes migratorias y la vuelta al funcionamiento de los casinos, entre otras preguntas.
Según informó el portal ecuatoriano Primicias, Noboa reveló que la consulta popular, que se realizaría en caso de ser aprobada en marzo, tiene tres propósitos: “La intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia”, asegurar que los culpables de ciertos delitos reciban penas más graves, y “promover el empleo a través de nuevas contrataciones y nuevas actividades económicas”.
La Corte Constitucional tiene 20 días para pronunciarse sobre el proyecto de preguntas planteadas por el mandatario de 36 años, que asumió el cargo el 23 de noviembre.
En un mensaje grabado, Noboa declaró: “hoy es un día muy importante” porque la consulta popular creará la oportunidad de “construir un nuevo Ecuador, un país donde se combata la violencia, la impunidad y se genere empleo”, según informó EFE.
Con respecto al segundo propósito de combatir la impunidad, el presidente expresó: “Estamos cansados de que haya mayor protección para los delincuentes que a las fuerzas del orden, debemos proteger a todos quienes combaten a estas mafias, por lo tanto, esta consulta exige el apoyo del sistema de Justicia para que los condenados del crimen organizado tengan penas más altas y las cumplan”.
Agregó que “es posible combatir a la delincuencia, tener un sistema de justicia que responda con penas más duras y firmes y, sobre todo, crear nuevos empleos para Ecuador”.
En agosto Reuters informó que la firma de inteligencia de riesgo global Verisk Maplecroft, había revelado que la tasa de homicidio en Ecuador había aumentado en casi 500% desde 2016, representando aproximadamente 22 homicidios por cada 100.000 personas en 2022.
En la ciudad de Guayaquil se registraron 1.390 muertes violentas en los primeros seis meses de 2023, casi el número total de muertes violentas registradas en todo el año anterior.
Verisk Maplecroft atribuyó el “aumento sin precedentes de la criminalidad brutal” a un número creciente de “organizaciones transnacionales de narcotráfico y bandas callejeras violentas”.
La única pregunta que no trata de seguridad o de criminalidad es la última de la consulta: “¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta 11?”.
Los casinos están prohibidos en Ecuador desde una consulta popular en 2011, lo que provocó “la pérdida de plazas de empleo que se encontraban establecidas en 160 salas de juego a nivel nacional”, según el gobierno.
El gobierno de Noboa cree que la actividad de estos negocios “puede ser regulada, focalizada y controlada por ley”.
Según informó CNN, todas las preguntas contienen anexos puntuales sobre los que se basa la propuesta, además de sus especificaciones y limitaciones e información sobre dónde se proponen las reformas legales que faciliten implementar las propuestas.
Si la Corte Constitucional falla a favor de las propuestas de Noboa, avisará al Consejo Nacional, que será responsable de convocar y organizar el proceso electoral.