“Es penoso ver cómo la imagen, el cuerpo y la vida de las mujeres son funcionalizados para intereses políticos. Nos convertimos en el arma de ataque de un bando contra otro”, dijo Martha Noya, directora del Centro Juana Azurduy de Apoyo a la Mujer, una organización social feminista.

En las últimas semanas, los dos líderes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), el expresidente Evo Morales y el actual, Luis Arce, que están enfrentados entre sí desde 2021, fueron acusados de delitos presuntamente cometidos contra mujeres.

Según citó el medio boliviano Erbol, Noya agregó: “No nos importa quién sea el perpetrador; esa persona debe ser sancionada si se demuestra que cometió el delito”.

Morales fue acusado de estupro y trata de personas por una mujer con la que supuestamente mantuvo relaciones sexuales cuando ella era adolescente, mientras que Arce fue denunciado públicamente el martes por una mujer identificada como Yessica VC. Esta denunciante, que dio una conferencia de prensa acompañada por un diputado del sector evista del MAS, Héctor Arce, dijo que hace tres años mantuvo con el presidente una relación de seis meses porque él le prometió designarla viceministra de Deportes. El legislador anunció que presentaría a la Justicia una denuncia contra el mandatario por “abuso de autoridad, uso indebido de bienes y servicios públicos, extorsión, acoso sexual, violencia psicológica, cohecho pasivo y trata de seres humanos”.

Tres días después, Héctor Arce presentó la denuncia. Dijo que la supuesta víctima no asistió con él a la Fiscalía porque no tiene un abogado que la represente.

Así como Morales afirma que es víctima de persecución judicial para evitar que se postule a la presidencia en las próximas elecciones, los partidarios del actual presidente ponen en duda la veracidad de la denuncia de Yessica VC.

“Esperemos que el diputado [Héctor Arce] tenga pruebas”, dijo uno de ellos, Fidel Surco, en una conferencia de prensa. También el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, advirtió que “si van a llevar la prueba, la Fiscalía tendrá que revisar, porque no solamente es hacer la denuncia, hay que llevar la prueba también”.

Morales, por su parte, fue citado a declarar el viernes por la fiscal Sandra Gutiérrez, de la región de Tarija. Sin embargo, su defensa presentó un argumento legal y el expresidente no asistió. La fiscal anunció que se emitiría una orden de detención en su contra, pero por el momento no fue ejecutada.

Este lunes, en rechazo a lo que consideran una persecución política contra su líder, partidarios de Morales organizaron piquetes en carreteras del centro del país. Bloquearon en dos puntos una ruta que une Cochabamba con Santa Cruz y también un punto de una carretera antigua que abarca las dos regiones.

“No les tenemos miedo. El abuso y la violencia siempre encontraron en nosotros una respuesta democrática. Y nuestra candidatura representa la alternativa real que tiene el pueblo boliviano de salir de la crisis, como lo hicimos en 2005”, dijo Morales.

Para los partidarios de Arce, la denuncia en su contra busca “acortar su mandato”, tal como reclaman las manifestaciones lideradas por Morales. “Hay un trasfondo mayor. No solamente es dañar la imagen y generar inestabilidad, sino ahora es tratar de que el gobierno llame a elecciones anticipadas y acorte su mandato, lo cual no va a suceder”, dijo el ministro de Justicia, César Siles. Agregó que por ser presidente, Arce sólo puede ser procesado mediante un juicio político, que se inicia mediante una “proposición acusatoria” y por lo tanto, la Ficalía debe rechazar la denuncia presentada en el ámbito de la Justicia ordinaria por el diputado evista.

Este lunes, el gobierno invitó a Morales a negociar una tregua para evitar que avancen las movilizaciones, que también incluyen reclamos en materia de política económica. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, lo llamó a reunirse para dialogar al respecto.

Sin embargo, Prada dijo también que mientras que ella puede dar la cara para negar las acusaciones de sectores evistas que la llaman “delincuente, drogadicta, narcotraficante”, no sabe si Morales puede hacer lo mismo. De acuerdo con Erbol, la ministra dijo que se espera que el expresidente responda ante la Justicia, pero también “que pueda decirle al pueblo, mirando de frente, que jamás en su vida ha tocado a una menor de edad, que es justamente lo que esperaríamos todas y todos”.

Por otra parte, el exdiputado opositor Amílcar Barral dijo este lunes que la Fiscalía General de Bolivia le solicitó a la Fiscalía de La Paz que considere emitir una alerta migratoria para evitar que Morales deje el país, en este caso por seis acusaciones de corrupción presentadas por opositores que “quedaron impunes” porque el expresidente “ni siquiera llegó a declarar”.