El proceso de contratación de una empresa encargada de fabricar los pasaportes en Colombia generó una crisis que llevó a la suspensión del ministro de Relaciones Exteriores y la destitución del secretario general de la cancillería. Durante los últimos 17 años, la misma firma, Thomas Greg & Sons, se encargó de la producción de los pasaportes y las etiquetas de visado en Colombia.

Otras empresas interesadas en participar en la licitación de ese contrato con el Estado cuestionaron esta situación y reclamaron que se garantice la libre competencia. El caso derivó en que el gobierno de Gustavo Petro suspendiera la semana pasada la licitación hasta que se revisaran más de 550 observaciones planteadas a ese proceso.

La polémica también condujo a que la Procuraduría General suspendiera por tres meses al canciller colombiano, Álvaro Leyva. Esa institución identificó posibles irregularidades en la licitación, y también en la decisión de declararla desierta, adoptada por ministro.

Esa declaración, que dejó a Thomas Greg & Sons sin el contrato, motivó que la empresa, que todavía tenía un vínculo con el Estado por tres años más, presentara una demanda por casi 30 millones de dólares. Para la Procuraduría General, Leyva es responsable de todas las posibles irregularidades, porque, como ministro, condujo ese proceso.

Una vez que el funcionario fue suspendido, Petro nombró como canciller encargado a quien se venía desempeñando como embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo. Sin embargo, poco después, Leyva pidió que se le levantara la suspensión. Argumentó que ya no tiene capacidad de incidir en las licitaciones porque una vez que dejó el cargo, esas responsabilidades se asignaron a la secretaría general de la cancillería, a cargo de José Antonio Salazar, y ya no al ministro.

Pero ese cambio en las atribuciones hizo que esta semana la polémica recayera sobre Salazar, quien decidió revocar la decisión que tomó Leyva en setiembre de declarar la licitación desierta bajo el argumento de que no hubo equidad en la participación de las distintas empresas. De este modo, Salazar autorizó que el contrato se atribuya a Thomas Greg & Sons por ser la única empresa que había cumplido con los pliegos.

Así, el funcionario le adjudicó un contrato de unos 149 millones de dólares a la Unión Temporal Pasaportes 2023, firma liderada por Thomas Greg & Sons, informó la agencia Efe. También Salazar había sido investigado por irregularidades vinculadas con esta licitación, pero no fue suspendido por la Procuraduría.

Para Petro, la adjudicación del contrato para la elaboración de pasaportes, revocando las decisiones tomadas anteriormente, fue una traición de parte de Salazar. Por eso, el presidente anunció que lo apartaría de su cargo. “El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse”, manifestó el presidente en su cuenta de X.

Según recordó el diario colombiano El Espectador, desde hace años Petro viene cuestionando a la firma y la ha acusado incluso de “hacer fraude” en procesos electorales. Por eso, ya después de asumir la presidencia, Petro dijo que durante su gobierno no se adjudicaría una licitación como esta, con un solo oferente. “Lo que se está construyendo en Colombia puede afectar definitivamente la democracia”, dijo en X el presidente.

“En el último año han logrado que Thomas & Sons, propiedad de los hermanos Bautista y con lobby de políticos muy pero muy poderosos, pueda controlar toda la base de datos de los colombianos en la registraduría y al mismo tiempo controlan el escrutinio de las elecciones. Tienen el control de las dos palancas de la elección. Una empresa privada, Thomas & Sons, controla por completo las elecciones y puede hacer un fraude monumental”, advirtió.

“Se pasaron por la faja la orden del consejo de Estado que ordenaba cambiar el software en la registraduría y ahora tiene toda la cedulación y quieren completar con los pasaportes”, agregó el presidente.

Según publicó El Espectador, esta crisis política generó además incertidumbre acerca de la titularidad de la cancillería. Se desconoce si la Procuraduría estaría dispuesta a levantar la suspensión de Leyva y si el gobierno está dispuesto a que regrese al cargo.

Por su parte, Caracol Radio informó que el equipo jurídico de la empresa encargada de fabricar los pasaportes colombianos ya mantuvo contactos con los funcionarios de la cancillería para darle continuidad a su tarea, y aclaró que una vez que el contrato se empiece a ejecutar, se extinguirá su demanda al Estado.