El gobierno brasileño que lidera Luiz Inácio Lula da Silva decidió expulsar a la embajadora de Nicaragua en Brasilia, Fulvia Patricia Castro, en respuesta a la decisión del gobierno de Daniel Ortega de expulsar al representante de Brasil en Managua, informó este jueves una fuente diplomática a la agencia AFP.

Las relaciones entre ambos gobiernos se vienen enfriando desde hace meses, pero la ausencia del embajador brasileño, Breno de Souza, en un reciente acto oficial generó “descontento” en el gobierno nicaragüense, que pidió la salida del diplomático. Brasilia actuó entonces en reciprocidad, según la misma fuente citada por la revista Carta Capital.

El 19 de julio las calles de Managua fueron escenario de una celebración por el 45º aniversario de la revolución sandinista. Fue el punto culminante de las celebraciones de un evento crucial en la historia de América Latina, que marcó la llegada del Frente Sandinista de Liberación Nacional al poder, al derrocar mediante la lucha armada a la dictadura de Anastasio Somoza.

Mientras miles de personas vestidas de blanco celebraron la fecha con espectáculos de música y danza. Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, elogiaron los avances en la reforma agraria y la mejora de la educación en el país. “Somos libres y nunca más seremos esclavos”, dijo Murillo a los presentes.

Aunque en la conmemoración celebrada en Managua estuvieron presentes representantes de Cuba, Venezuela y Rusia, una ausencia no pasó desapercibida: la de Breno de Souza Brasil Dias da Costa. Al menos formalmente, este fue el motivo de la expulsión del embajador brasileño.

En los círculos diplomáticos, la expulsión de un embajador es una clara señal de ruptura y el paso dado este jueves por Itamaraty, que tiene especial cuidado en sus vínculos bilaterales, es una muestra del enorme deterioro de la relación entre los dos gobiernos.

Aun con su historial de apoyo a Ortega, Lula se unió a las voces de la comunidad internacional que critica la persecución del presidente nicaragüense a la iglesia católica. Más concretamente, el líder del Partido de los Trabajadores exigió la liberación del obispo Rolando José Álvarez.

El religioso, sobre quien pesaba una condena de 26 años de prisión por “traición a la patria”, había formado parte de una comisión de la iglesia local que intentó mediar en las conversaciones entre el gobierno de Ortega –en el poder desde 2007– y la oposición.

A mediados del año pasado, el papa Francisco incluso le pidió a Lula que intentara convencer a Ortega de que liberara a Álvarez. Menos de dos semanas después, el propio gobierno de Nicaragua anunció la liberación del religioso, pero le exigió que abandonara el país.

Álvarez, sin embargo, no aceptó la condición y lo detuvieron de nuevo. Finalmente, en enero de este año el obispo y otros religiosos de Nicaragua y viajaron a Roma.

Lo que podría revelar cierto poder de influencia de Lula sobre Ortega terminó demostrando, en los hechos, que la relación era prácticamente inexistente. En una entrevista con corresponsales extranjeros en julio del año pasado, Lula reveló que su par de Nicaragua ya no respondía a sus llamadas.

“Hablé con el papa y me pidió que hablara con Ortega sobre un obispo que estaba en prisión”, resumió Lula. “Ortega no contestó la llamada telefónica y no quiso hablar conmigo. Así que nunca más volví a hablar con él. En otras palabras, creo que es una tontería”.

Antes, en marzo del año pasado, Brasil se sumó a la lista de países que protestaron en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la decisión de Ortega de retirar la nacionalidad a más de 300 personas en Nicaragua. Entre ellos se encontraban periodistas, escritores y opositores en general.