Con numerosas movilizaciones callejeras, se conmemoraron este jueves en Ciudad de México y otras ciudades del país los diez años de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio de la escuela de Ayotzinapa.

El caso, que con el paso del tiempo se tornó emblemático, puso de relieve en la sociedad mexicana el tema de las desapariciones -se estima que hay actualmente en el país más de 115.000 personas en esa condición- y, además, obviamente, el de la impunidad, porque el crimen sigue sin resolverse. Las autoridades consideran que los jóvenes fueron asesinados, pero únicamente fueron ubicados los restos de tres de ellos.

Desde que ocurrieron los hechos, pasaron dos administraciones, la de Enrique Peña Nieto y la de Andrés Manuel López Obrador, que dejará el cargo el 1° de octubre, y si bien hay decenas de detenidos –entre ellos un exprocurador general- y ha habido cientos de búsquedas, los familiares de los estudiantes siguen sin saber el destino de los jóvenes atacados por policías en la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero, en 2014. La investigación desde el comienzo estuvo marcada por sus irregularidades, por torturas y manipulaciones para ocultar la verdad, según la actual fiscalía federal.

Con motivo de cumplirse el aniversario del crimen, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por “la actual paralización de la investigación y el retroceso en la institucionalidad creada”.

Según lo que informó el diario mexicano La Jornada, el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos remarcó que subsiste una serie de obstáculos relacionados con la entrega de información por parte de corporaciones de seguridad, tal como lo determinó en su último informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); y persiste el llamado “pacto de silencio”, que impide identificar a los perpetradores de la desaparición y sus encubridores.

En un comunicado, la entidad, si bien reconoció que el gobierno entrante -que encabezará la presidenta electa Claudia Sheinbaum- anunciara su compromiso con la resolución de los hechos en este emblemático caso, enfatizó que para superar los desafíos en la investigación es crucial mantener el diálogo “auténtico y transparente” entre todos los actores involucrados, incluyendo a las familias y sus representantes legales, así como fortalecer la confianza entre los familiares y las autoridades colocando a las víctimas como centro de todo. La CIDH en su escrito recordó que el 3 de octubre de 2014, una semana después de los hechos, emitió una medida cautelar –que sigue vigente- en la que solicitó al Estado mexicano esclarecer la situación o paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, así como también prestar asistencia a los estudiantes sobrevivientes.

También este jueves se expresó sobre el tema el presidente López Obrador. Durante su habitual conferencia de prensa matinal en el Palacio Nacional, el mandatario expresó su solidaridad con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, pero argumentó que durante su gobierno se complicaron las cosas, por lo que el caso no pudo ser esclarecido.

“No quiero dejar de expresar mi sentir, mi tristeza y manifestar mi solidaridad con las madres y padres de Ayotzinapa, hoy se cumplen diez años de la desaparición”, expresó el presidente, según lo consignado por el diario local El Universal.

López Obrador expresó que desde su gobierno se hizo todo lo posible para encontrar a los jóvenes, agregó que el próximo gobierno de Sheinbaum continuará con la investigación y dijo que no habrá impunidad para nadie.

“Ellos van a manifestarse, están en todo su derecho de hacerlo, hay que comprender lo que significa la pérdida de un ser humano, más cuando se trata de un hijo”, respondió el mandatario cuando se le preguntó por las movilizaciones promovidas por los familiares de las víctimas.