El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, cuyo nombre rinde homenaje al escritor, periodista y docente desaparecido desde mayo de 1976, se mantuvo cerrado este jueves. Sus trabajadores se congregaron frente al lugar, que funciona dentro del predio de lo que fue un centro represivo, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y hoy es un espacio destinado a preservar la memoria.

“Repudiamos el accionar de la Secretaría de Derechos Humanos en la ex ESMA, impidiendo el acceso a trabajadores y trabajadoras, en el marco de los despidos masivos”, manifestó la agrupación HIJOS Capital en su cuenta de X. “Lo hacen con el uso de personal policial donde funcionó un centro clandestino y hoy existe un espacio de memoria”, señaló.

Los policías custodiaban el lugar con una lista de trabajadores despedidos. A quienes figuraban allí se les impidió entrar al lugar.

Según informó elDiarioAr, el centro Haroldo Conti tenía entre sus tareas enseñar a estudiantes de secundaria sobre el terrorismo de Estado. Su cierre fue confirmado a ese medio por Flavia Fernández Brozzi, coordinadora del Área de Derechos Humanos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El 31 de diciembre se había anunciado una “reestructuración” con despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, de la que dependen estos sitios.

“El Secretario de Derechos Humanos [Alberto Baños] hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025. Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante. El personal queda en guardia pasiva en sus respectivos domicilios” a la espera de que se hagan convocatorias por etapas, anunció por Whatsapp el gobierno.

También estaba cerrado esta mañana el Archivo Nacional de la Memoria, que guarda documentación que ha servido para investigaciones judiciales y académicas sobre la dictadura.

Ana González, trabajadora del centro Haroldo Conti y dirigente de ATE en el Ministerio de Justicia, dijo a la emisora 750 que “lo que quieren es cerrar el centro cultural, modificar la programación”.

Según citó Página 12, González dijo que desde enero de 2024 los trabajadores no han logrado reunirse con las autoridades. “Funcionamos con los trabajadores. No hay segundas líneas. Lo que definimos es seguir programando el Conti porque es nuestro trabajo y es la forma de seguir manteniéndolo vivo. Es un compromiso, un amor que tenemos por el lugar”, dijo.

“Hoy hay trabajadores en la secretaría que no pueden entrar al Archivo de la Memoria, hay policía en la puerta de la secretaría y el Conti está también cerrado”, agregó. “El centro es un espacio único y reconocido, no sólo a nivel nacional, porque permite, a través del arte, pensar la construcción de memoria. Y eso se ha hecho durante estos 15 años”, dijo.

Los trabajadores organizaron varias movilizaciones para los próximos días con el objetivo de reclamar que se reabra el centro y se reincorpore a los empleados despedidos, que estiman en decenas.

Horacio Pietragalla Corti, quien fue secretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Alberto Fernández y es el nieto 75 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, dijo en su cuenta de X que “la política de Memoria, Verdad y Justicia no nació con nosotros ni se acabará con ellos”, en referencia al actual gobierno, sino que “es producto de años de lucha de nuestra sociedad” y “no la podrán borrar de un plumazo”.

A los despidos de trabajadores estatales, que ya son casi 36.000 desde que Javier Milei asumió la presidencia, en diciembre de 2023, el gobierno argentino agrega medidas para limitar el ingreso de nuevos funcionarios. Fueron establecidas mediante dos decretos, y bajo el argumento de reducir el gasto público y fomentar la competencia en la selección de trabajadores del Estado.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que uno de los decretos dispone que para acceder a un puesto de trabajo en el sector público se deberá aprobar una Evaluación General de Conocimientos y Competencias. Esto se aplicará también en empresas en las que el Estado es accionista mayoritario, informó el diario Ámbito.

El otro decreto dispone que cada ingreso de un trabajador al Estado deberá tener como contraparte la baja de tres empleados, y esto se aplica incluso en el caso de contratos temporales.