El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, pidió disculpas públicas el lunes por la desaparición de cuatro niños que fueron detenidos el 8 de diciembre por una patrulla militar. El caso motivó marchas y protestas de familiares y organizaciones de derechos humanos que denuncian un abuso en el uso de la fuerza.

El 8 de diciembre los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, salieron de jugar al fútbol en una cancha del barrio Las Malvinas, en el sur de la ciudad de Guayaquil.

Videos difundidos en las redes sociales muestran que una patrulla militar los detuvo cerca de un centro comercial. Luego los llevaron a Taura, una zona próxima a Guayaquil, donde se encuentra una base de la Fuerza Aérea.

Durante la investigación judicial que se abrió por este caso, los militares interrogados dijeron que dejaron a los niños durante el camino hacia esa base militar y que para entonces estaban con vida.

La jueza Tanya Loor, que recibió un recurso de habeas corpus de los familiares de los niños, dispuso que el caso se investigara como desaparición forzada con responsabilidad del Estado y afirmó que había elementos para suponer que los 16 militares involucrados “no cumplieron con los protocolos establecidos” para situaciones similares.

Por su parte, el fiscal Christian Fárez descartó una versión de la defensa de los militares y señaló que no había evidencia de ningún “acto ilícito que hayan cometido los niños”.

Mientras se desarrollaba la investigación judicial se realizaron pericias para determinar la identidad de cuatro cuerpos calcinados que se encontraron cerca de donde los militares dijeron haber dejado a los niños, en una zona agreste próxima a la base de la Fuerza Aérea. El 31 de diciembre, el fiscal Fárez confirmó que esos cuerpos correspondían a los cuatro niños desaparecidos y pidió al juez Dennis Ugalde el procesamiento de los militares con prisión preventiva por el delito de desaparición forzada. Es posible que también se les atribuya el delito de ejecución extrajudicial, informaron los medios ecuatorianos.

Afuera del juzgado estaban reunidos familiares y otros manifestantes. Allí se escuchaban las consignas: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “Señor, señora, no sea indiferente, desaparecen a los niños en la cara de la gente”. Los reclamos de justicia se repitieron al día siguiente, cuando las familias velaron y enterraron a los niños.

Abraham Aguirre García, abogado de las familias de las víctimas y miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, fue consultado por el portal Primicias sobre la declaración de un testigo protegido que dijo que “motorizados de la mafia” se llevaron a los niños. Respondió que “para que esa versión goce de credibilidad debe estar contrastada con otros elementos de cargo que tenga la Fiscalía en la investigación”, pero señaló que hay pruebas de que “salieron cuatro motorizados de la Base Aérea de Taura esa noche”.

Mientras Ecuador transita una campaña hacia las elecciones del 9 de febrero, el ministro de Defensa dijo públicamente “a las familias de Ismael, Josué, Saúl y Steven” que lamenta “mucho lo acontecido”; sin embargo, cuestionó que la Justicia califique este caso como un delito de “desaparición forzada” y negó que las Fuerzas Armadas estén involucradas. “No ha existido participación ni directa ni indirecta de esta noble institución en acto alguno de desaparición forzada”, dijo, según citó la agencia Efe.

Loffredo agregó que insistirá en su intento de que se sancione a la jueza que caratuló de esa manera el caso, porque, a su entender, al hacerlo abrió la puerta a que se lo utilice como un instrumento de “persecución política” que busca “arrodillar a las Fuerzas Armadas” en un momento en que está vigente en el país la declaración de conflicto armado interno, que fue decretada hace un año.

La Asamblea Nacional, el parlamento ecuatoriano, declaró el 8 de diciembre como día de luto nacional para que este crimen se recuerde en los años futuros. La presidenta de esa institución, Viviana Veloz, dijo que el país “no necesita más silencios cómplices”.

Para la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos este caso se “inscribe en una práctica de abuso de autoridad y de fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial” por parte de las fuerzas de seguridad. Señaló que los responsables no son sólo los integrantes de la patrulla militar, sino las autoridades militares y del Poder Ejecutivo, por acción o por omisión.

Varios organismos de derechos humanos criticaron que en este contexto el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretara el 3 de enero el estado de excepción en siete provincias y tres municipios, porque entienden que esas medidas favorecen los abusos de las fuerzas de seguridad.

El estado de excepción en regiones del territorio ecuatoriano se aplica desde hace un año para atender la crisis de seguridad que afecta al país, e incluyen la movilización de las Fuerzas Armadas, la suspensión de ciertos derechos y el toque de queda de 22.00 a 5.00.