Mientras se encuentra en una visita de dos días a Brasil, donde estará en localidades fronterizas, el presidente paraguayo, Santiago Peña, atraviesa por un momento político complejo debido a una serie de acusaciones en su contra.
Este jueves, legisladores de la oposición anunciaron en una conferencia de prensa que presentarán ante la Fiscalía una denuncia penal contra el mandatario, en la que señalan supuestos casos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y manejo irregular de recursos públicos en beneficio propio durante su mandato.
De acuerdo con lo que informó el diario asunceño Última Hora, la presentación fue encabezada por el senador Rafael Filizzola, líder del Partido Democrático Progresista, de tendencia socialdemócrata.
Como punto principal de la acusación, la denuncia se basa en el crecimiento económico del presidente Peña desde que asumió su mandato.
Según Filizzola, Peña inició su mandato con un patrimonio de aproximadamente 1.000 millones de guaraníes –algo más de 142.000 dólares– y alcanzó un crecimiento injustificado de 1.603%.
“Como ciudadanos y legisladores, vemos que no se ha hecho nada frente a hechos escandalosos”, señaló el legislador denunciante.
Pero la acusación no se centra únicamente en el crecimiento patrimonial del mandatario.
Filizzola señaló, como otro punto de la denuncia, los vínculos del mandatario con el Grupo ueno, especialmente en operaciones financieras y comerciales con entidades públicas.
“El presidente era parte de ese grupo empresarial hasta hace poco. El Grupo ueno no sólo administra los ahorros de los jubilados, sino que también está involucrado en negocios de tecnología 5G y maquinaria médica”, afirmó.
Por su parte, otra de los legisladores que denunciaron a Peña, la diputada Johanna Ortega, integrante del progresista Partido País Solidario, se refirió al caso de los sobres con dinero que fueron encontrados en la residencia oficial del mandatario, Mburuvicha Róga (Casa del Líder, en guaraní).
Este caso, que tomó notoriedad luego de una investigación realizada por el diario asunceño ABC, se destapó a raíz de la denuncia de Luz Candado, una funcionaria doméstica de Peña, que encontró sobres con miles de dólares en Mburuvicha Róga. La primera vez, informó al presidente del hallazgo y este únicamente le pidió que siempre le dé a él los sobres que encuentre.
Según la versión de Candado, quien cumplía tareas domésticas en la casa de Peña antes de que fuera presidente, en una ocasión un sobre desapareció del vestidor del jefe de Estado y ella fue acusada de haberlo robado.
En ese contexto, la mujer, al igual que otros integrantes de su familia que también trabajaban en la residencia presidencial, fueron sometidos a una prueba poligráfica de manera irregular, ya que el presunto delito no fue denunciado por Peña a la Policía.
Tras ese incidente, Candado y todos sus familiares fueron despedidos. Incluso el esposo de la mujer, que se desempeñaba en el sector privado, perdió su trabajo.
La última novedad del caso son unos audios revelados en las últimas horas por medios paraguayos, en los que se escucha a la primera dama, Leticia Ocampos, pedirle a Candado que pague prendas de vestir con un paquete de dinero que estaba en la residencia presidencial.
La bolsa contenía alrededor de 5.000 dólares, de acuerdo con lo que denunció Candado, quien también remarcó que desde Peña que asumió como presidente las compras se hicieron en efectivo y no con tarjetas como antes de que fuera electo.
Paralelamente, otro dato que enrarece aún más el caso es que mediante capturas de mensajes se reveló que proveedores del Estado visitaban al presidente en Mburuvicha Róga, sin que estas reuniones figuraran en los registros oficiales.
Entre las personas que visitaron a Peña en estas condiciones, están Miguel Cardona, accionista de Comepar, y Miguel Vázquez, de Grupo ueno, empresa mencionada por el senador Filizzola en su denuncia. En los dos casos se trata de grandes proveedores del Estado.
Comepar es el principal proveedor de Hambre Cero, un programa oficial impulsado por el gobierno de Peña.
Pero además hay otro detalle que indica que existen pocas posibilidades de que avance alguna investigación: el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, también figura como una de las personas que visitaron a Peña en la residencia presidencial sin que haya quedado registro.