En la tarde del jueves 9 de octubre, cuando la vacancia contra Dina Boluarte ya era inminente, José Jerí Oré le comunicó a su círculo más cercano en Somos Perú –los congresistas Alex Paredes, Elizabeth Medina y Ana Zegarra– que aceptaría convertirse en el nuevo presidente de Perú, una posibilidad que había negado públicamente cuando la correlación de fuerzas en el Congreso todavía era favorable a la exmandataria. Recién con los votos seguros, Somos Perú anunció que se sumaría a la destitución.

Pero había un obstáculo más. Se sabía que, consumada la vacancia, un grupo de partidos, sobre todo de izquierda, presentaría una moción de censura contra la Mesa Directiva para impedir la llegada de Jerí Oré al Palacio de Gobierno. Por eso, una parte de las negociaciones de esa noche consistió en asegurar que la moción fuera rechazada, como finalmente ocurrió.

Hasta el día previo, la palabra “vacancia” no se pronunciaba en el Parlamento. El ataque armado en un concierto de la agrupación musical Agua Marina y la cercanía de las elecciones llevó a bancadas, como Renovación Popular y Podemos Perú, a exigir la salida de Boluarte. Luego, por efecto dominó, las demás agrupaciones se vieron obligadas a sumarse al pedido para no quedar expuestas como protectoras de una presidenta profundamente deslegitimada. Somos Perú, el partido del nuevo presidente, fue el último en anunciar su apoyo a la destitución.

Boluarte trató de negociar con el Congreso. Fuentes consultadas por Ojo Público señalaron que ofreció cambiar al exministro de Cultura Fabricio Valencia, contra quien se iba a debatir una moción de censura. Ante la negativa, planteó sacar al expremier Eduardo Arana. Tampoco dio resultado.

Mientras en el Palacio se grababa un mensaje de despedida –que los peruanos vieron incompleto pues fue levantado del aire en plena emisión–, en el Congreso las cosas avanzaron rápido y Jerí Oré, quien hasta agosto de 2025 era investigado por presunto abuso sexual, se convirtió en el octavo presidente de Perú en menos de una década.

Su discurso de asunción, según versiones periodísticas, lo escribió el abogado y comunicador Luis Alfonso Morey. Ojo Público lo buscó, pero dijo que no daría declaraciones y colgó el teléfono.

En las elecciones generales de 2021, Jerí Oré obtuvo apenas 11.654 votos, de acuerdo con los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Accedió al Congreso por otra vía: era el accesitario de Martín Vizcarra, el candidato al Parlamento más votado. Así, tras la inhabilitación del expresidente, el ahora sucesor de Boluarte consiguió una curul.

En julio, Jerí Oré fue elegido titular de la Mesa Directiva del Congreso, precisamente con el apoyo de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), que, durante los últimos tres años, sostuvieron al gobierno de Dina Boluarte: ambos partidos la protegieron frente a siete mociones de vacancia. El jueves, sin embargo, tras la presión ciudadana, votaron a favor de su destitución y apoyaron el nombramiento del abogado de 38 años y militante de Somos Perú.

El ascenso de Jerí

Jerí Oré es el tercer presidente más joven que tiene Perú después de Felipe Salaverry y Alan García. En 2014 obtuvo el grado de bachiller en derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Al año siguiente se tituló de abogado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, casa de estudios que perdió su licenciamiento en 2019.

Su primera experiencia como candidato fue en 2013, cuando postuló sin éxito por Somos Perú a regidor en la Municipalidad de Lima, durante el proceso de revocatoria a las autoridades de esa comuna. Su postulación contó con el apoyo de Fernando Andrade, hermano del fundador de Somos Perú, el exalcalde de Lima Alberto Andrade. Al año siguiente volvió a candidatear al mismo cargo, pero tampoco ganó.

En agosto de 2015, Jerí Oré ingresó a trabajar en el despacho del excongresista de Somos Perú Fernando Andrade. Estuvo allí hasta mayo del año siguiente. Después trabajó como asistente en la Municipalidad de Lince, en Lima, y luego pasó a la Procuraduría del Gobierno Regional de Áncash, hasta 2019.

Tras la elección del Congreso complementario de 2020, fue contratado como asesor del grupo parlamentario Somos Perú. Renunció en octubre de ese año para candidatear al Legislativo –por ese partido político– en las elecciones generales de 2021.

Así como despegó su carrera política, también lo hizo su patrimonio. En los últimos 11 años, Jerí registró un aumento patrimonial de 1.154.008 soles [unos 337.430 dólares]: pasó de declarar algo menos de 100.000 soles en 2021 a 1,26 millones en 2024. A detalle, el valor de sus bienes se multiplicó por 14.

Entre 2023 y lo que va de 2025 el ahora presidente afrontó, al menos, tres investigaciones. Una por presunto abuso sexual, otra por desobediencia a la autoridad y una más por integrar una supuesta organización criminal.

En su desempeño como congresista, respaldó una serie de leyes que perjudicaron la institucionalidad y la lucha contra el crimen organizado. Votó a favor de la Ley APCI, de la norma que debilitó la colaboración eficaz y otra contra la extinción de dominio.

Lo mismo hizo con la ley sobre retorno de la inmunidad parlamentaria, la amnistía para militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos, la prescripción de delitos de lesa humanidad y la que habilitó la creación de zonas económicas especiales privadas, entre otras medidas con impactos severos en las cuentas fiscales.

También fue delegado en las acusaciones constitucionales contra la expresidenta Dina Boluarte por homicidio y lesiones graves en las protestas sociales que hubo entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, y contra el excongresista Héctor Becerril por organización criminal en el caso Los Temerarios del Crimen. A través de dos informes, recomendó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso el archivo de esas investigaciones.

En la primera legislatura de este Parlamento, Jerí Oré postuló sin éxito a la presidencia del Congreso, apoyado por el Partido Morado y Juntos por el Perú. Luego fue vocero de Somos Perú y presidente de la Comisión de Presupuesto. En julio de este año su suerte cambió: con el aval de Fuerza Popular y APP, fue elegido presidente del Parlamento, pese a los cuestionamientos en su contra.

Investigación por presunto abuso sexual y el caso Benavides

La candidatura de Jerí Oré a la Mesa Directiva, en julio de 2025, estuvo plagada de cuestionamientos porque, hasta entonces, era investigado por presunto abuso sexual. Las agrupaciones políticas que lo respaldan pasaron por alto la imputación y poco después, el 8 de agosto, el ahora fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez, archivó el caso tras ser reincorporado al Ministerio Público.

La resolución que abrió esa indagación, a la que accedió Ojo Público, señala que en diciembre de 2024 Jerí Oré participó en una reunión por fin de año en Santa Rosa de Quives, provincia de Canta, en Lima. Al encuentro asistieron su pareja, Andrea Ruiz Fernández, y sus amigos Marco Antonio Cardoza, Arturo Matutti y la agraviada.

De acuerdo con la resolución de la Fiscalía, durante la mañana del 29 de diciembre el presidente “sacó una botella de pisco y, utilizando un vaso pequeño de vidrio, empezó a servir una por una a las personas presentes”.

“Entre las 12 y 13 horas, la agraviada, encontrándose inconsciente, habría sido trasladada por Marco Cardoza Hurtado (...) a una de las habitaciones del inmueble, lugar donde habría sido ultrajada”. Cuando despertó, agrega el documento, la víctima “percibió el olor del perfume de Marco Cardoza” y encontró “al costado de su ropa el bividí del congresista Jerí Oré”. Al día siguiente interpuso la denuncia en la Fiscalía Provincial de Canta.

La resolución de Tomás Aladino Gálvez señaló, como justificación del archivo, que en el lapso en que sucedieron los hechos Jerí Oré estaba con su pareja, en otra habitación. El fiscal indicó, además, que las pericias no encontraron muestras biológicas que coincidan con el ADN del hoy presidente.

Aunque la investigación contra Jerí Oré fue archivada, la fiscal suprema Zoraida Ávalos inició una indagación en su contra por desobediencia a la autoridad debido a que no asistió al tratamiento psicológico ordenado por el Juzgado de Canta.

A estos antecedentes se suma una investigación más: el 1° de marzo de 2024, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios lo incluyó, junto con otros 13 congresistas, en la indagación contra la fiscal suprema Patricia Benavides por ser la presunta líder de una organización criminal conformada por integrantes del Ministerio Público y congresistas.

La tesis fiscal, como informó Ojo Público, considera que esta red coordinó la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y la remoción de los magistrados de la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ). Jaime Villanueva, exasesor de Benavides, de acuerdo con la versión del Ministerio Público, se reunió con Jerí y otros nueve parlamentarios para afinar los detalles del apoyo a la acusación contra Ávalos.

Este medio identificó, asimismo, que en 2023 el nuevo presidente votó a favor de la inhabilitación de Ávalos y, el año pasado, hizo lo mismo contra los exmagistrados de la JNJ Inés Tello y Aldo Vásquez. Los tres lograron, en su momento, recuperar sus cargos gracias a una acción de amparo en el Poder Judicial, que revocó la decisión del Congreso.

La herencia de Boluarte

El viernes 10 de octubre por la mañana, Jerí Oré se instaló en el Palacio de Gobierno y sostuvo su primera reunión con altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para definir una estrategia frente a la delincuencia, uno de los principales desafíos que tendrá su gestión. Al día siguiente, por la madrugada, lideró un operativo en el penal de Ancón I y, por la tarde, convocó a sesionar al Acuerdo Nacional.

Boluarte dejó el poder con un país sumido en la criminalidad: en lo que va de octubre, según el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), hubo más de 18.000 denuncias de hurto y robo, 2.122 por extorsión y 243 por homicidio.

La extorsión es el delito que más se ha acelerado en los últimos años: los casos se duplicaron. A detalle, en los primeros ocho meses de 2022 –durante la presidencia de Pedro Castillo– hubo 9.309 denuncias, y en el mismo período de 2025 –con Boluarte en el poder– hubo 18.385.

Los homicidios, en tanto, crecieron 58%: de 1.153 entre enero y agosto de 2022 a 1.822 casos en los mismos meses de este año.

De no haber nuevos intentos de vacancia, a Jerí Oré le quedan nueve meses en el Ejecutivo. Para la politóloga Marisol Vargas de la Jara, es imposible que, en ese período, revierta la crisis de inseguridad ciudadana. “No se va a resolver porque el problema se debe a fallas estructurales en el sistema judicial y legislativo”, dijo.

A esto se suma un escenario de deterioro fiscal, impulsado por leyes con costos para el Estado que se sentirán de manera persistente en los próximos años. Hasta julio, el impacto de las normas promovidas por el actual Legislativo se estimaba en una disminución de 406.000 millones de soles anuales en la recaudación. Esto equivale a alrededor del 35% del PIB.

Perú se encamina, además, a incumplir la regla del déficit fiscal por tercer año consecutivo, de acuerdo con la última proyección del Banco Central de Reserva. Algo que, según especialistas, aumentará las tasas de interés, limitará el crecimiento económico y los recursos disponibles del aparato público, mientras incrementa los riesgos de inflación.

Vargas de la Jara advierte que la vacancia presidencial no apaciguará las protestas contra el Ejecutivo y el Legislativo porque un sector mayoritario de la población considera que Jerí Oré fue impuesto en la presidencia por la coalición de partidos políticos que sostuvo en el poder, y luego traicionó a Boluarte por puros cálculos electorales.

“Hay un afán de bukelizar [en referencia al presidente salvadoreño, Nayib Bukele] al gobierno. Han cambiado de títere, pero no al dueño del circo: la coalición sigue gobernando”, dijo.

Una versión más extensa de este artículo fue publicada por Ojo Público.