Este miércoles, siete miembros del Comando Vermelho sospechosos de haber ordenado ataques y barricadas en respuesta a la acción policial masiva del 28 de octubre en las favelas de Penha y Alemão fueron trasladados desde el Complejo Gericinó, en Río de Janeiro, al Centro Penitenciario Federal de Catanduvas, en el estado de Paraná.

Según informó el diario O Globo, el traslado de los reclusos fue una medida solicitada por el gobierno de Río de Janeiro tras el operativo, que dejó 121 muertos y se convirtió en uno de los más sangrientos en la historia del estado.

El traslado reavivó las tensiones entre el gobierno del estado de Río de Janeiro y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

El secretario nacional de Políticas Penales, André Garcia, criticó el miércoles públicamente al gobernador Cláudio Castro, integrante del derechista Partido Liberal, por haber divulgado prematuramente información en redes sociales sobre el operativo confidencial del traslado de los detenidos. “La información sobre operativos de este tipo sólo debe divulgarse una vez concluidos, por razones de seguridad. La divulgación prematura compromete la planificación y puede generar riesgos innecesarios”, declaró.

Las críticas fueron interpretadas en el gobierno federal como un mensaje directo a Castro, que publicó imágenes y declaraciones en las que celebraba la acción antes de que la operación concluyera, lo cual habría violado el protocolo de seguridad.

En sus redes sociales, Castro anunció el traslado de los siete narcotraficantes y afirmó haber conseguido las plazas “tras contactar con el Ministerio de Justicia”, describiendo la medida como una “victoria en la lucha contra el crimen organizado”, de acuerdo con lo que consignó la revista Carta Capital.

Según fuentes de la cúpula de seguridad federal, la divulgación realizada por el gobierno del estado de Río de Janeiro expuso detalles logísticos de la operación y puso en peligro el traslado de los presos, lo que motivó la declaración pública de Garcia.

Castro, en tanto, afirmó que “en ningún momento se le pidió que no hablara”. “Antes de criticar, se debe orientar. Si no se orienta y luego se critica, parece que se actúa con mala fe”, expresó.

En otro orden, pero también hablando sobre el megaoperativo contra el Comando Vermelho, una encuesta de la consultora Quaest publicada el miércoles mostró un estancamiento de los índices de aprobación del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva que se venían registrando en los últimos meses. Los índices de aprobación y valoración empeoraron en comparación con una encuesta realizada en octubre.

El nuevo trabajo muestra que la desaprobación del gobierno de Lula alcanzó el 50%, mientras que el 47% de los encuestados aprueba su gestión. Existe un empate técnico, teniendo en cuenta el margen de error (dos puntos porcentuales, más o menos). El 3% dijo que no sabía o no respondió. En la encuesta anterior, realizada en octubre, la diferencia era de sólo el 1% (49% desaprobaba, 48% aprobaba).

Desde julio, cuando el gobierno de Lula mantuvo una postura firme tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a los productos brasileños, el panorama apuntaba a un renovado impulso para el líder del Partido de los Trabajadores.