La pérdida del derecho a la educación se convirtió en un nuevo efecto de la crisis causada por la violencia de las pandillas en Puerto Príncipe, la capital de Haití.

Según advirtió la organización humanitaria Plan Internacional, que entrevistó a más de 200 personas que viven en campos de desplazados, nueve de cada diez niños, niñas y adolescentes se vieron privados de su derecho a la educación.

La crisis que atraviesa el país les impide acceder a los centros de enseñanza, y desde 2024 cerraron más de 900 escuelas debido a los ataques de grupos delictivos armados o a que los edificios escolares se convirtieron en refugios improvisados para alojar a las personas que huyen de los barrios más violentos de la capital.

Incluso si se toma como referencia a toda la población del país, no sólo a quienes viven en las situaciones más extremas, la restricción del derecho a la educación queda en evidencia. Según la oficina del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, más de medio millón de niños haitianos, uno de cada siete, no puede ir a la escuela a causa de la violencia.

Según señala Plan Internacional, esta situación deja a los niños en una posición más vulnerable porque, al quedar fuera de los centros educativos, están más expuestos a ser reclutados por las bandas armadas y a convertirse en víctimas de violencia sexual y tráfico de menores, informó la agencia Efe. Esto impacta, por ejemplo, en un incremento de los embarazos adolescentes.

También se refleja en las expectativas de niños de apenas diez años que al ser entrevistados por la organización civil manifestaron su voluntad de volver a su barrio en Puerto Príncipe y unirse a las bandas armadas como un camino para conseguir recursos económicos.

En el último mes, más de 60.000 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares, un número inusualmente alto, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). “Este alarmante aumento de los desplazamientos pone de manifiesto el incesante ciclo de violencia que asuela la capital haitiana. Nunca habíamos visto a tanta gente desplazarse en tan poco tiempo”, dijo el jefe de la OIM en Haití, Grégoire Goodstein.

El fenómeno se concentra en la capital, Puerto Príncipe, donde las bandas armadas controlan cerca de 85% del territorio. “Las personas que huyen de la violencia necesitan protección inmediata, comida, agua y refugio. La situación empeora día a día y, sin apoyo adicional, corremos el riesgo de asistir a una catástrofe humanitaria aún mayor”, agregó Goodstein.

Los datos de la OIM indican que el número de desplazados creció cada año y llegó a más de un millón de personas en total. A su vez, las cifras de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos indican que 5.601 personas murieron por la violencia en Haití durante 2024, 1.000 más que en 2023.

Para los periodistas, informar a los haitianos en medio de esta crisis implica correr riesgos graves incluso en coberturas aparentemente sencillas. Por ejemplo, en diciembre, dos periodistas murieron cuando cubrían la inauguración de un hospital y la ceremonia fue interrumpida por un ataque a tiros.

Según informó Radio France International, el representante de la Unesco en Haití, Eric Voli Bi, dijo que las pandillas atacan “metódicamente” a los medios periodísticos para “silenciarlos”. “La situación es muy alarmante, muy preocupante, porque los medios de comunicación se están convirtiendo en objetivos”, dijo el funcionario a la agencia de noticias AFP.

Recientemente fueron atacados un canal de televisión y dos radios, dijo, y consideró que el objetivo es “impedir que llegue a los haitianos una información justa y transparente sobre la situación”. Sin embargo, los medios siguen trabajando en zonas peligrosas, destacó el funcionario de la Unesco.

Frantz Duval, el director del periódico más antiguo de Haití, Le Nouvelliste, describió la gravedad de la situación que enfrenta la capital haitiana en un editorial citado por The Guardian. Dijo que “al igual que Phnom Penh invadida por los Jemeres Rojos, Saigón absorbida por las tropas norvietnamitas, Trípoli tras la caída de Muamar el Gadafi, Saná tomada por los hutíes o Kabul tomada por los talibanes, Puerto Príncipe ha estado pendiendo de un hilo durante tanto tiempo que ahora cabe temer que los rumores y los gritos de angustia no sean meros ecos, sino el sonido de su colapso final”.

En medio de esta crisis, el diario informaba este lunes de la decisión del gobierno de Donald Trump de terminar con una política de su predecesor, Joe Biden, que daba un estatus legal temporal a migrantes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela para residir en Estados Unidos.

Esta medida abarca a más de 530.000 personas. Aquellas que no hayan conseguido otro tipo de protección legal se exponen a deportaciones que las devuelvan al país del que tuvieron que huir.