El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó este jueves un informe que identifica por primera vez a decenas de funcionarios del gobierno, del ejército y del partido gobernante que, según afirma, son responsables de graves violaciones de los derechos humanos, abusos y crímenes que están alimentando una campaña de represión sistemática y generalizada en el país centroamericano.
Según se establece en el informe, las 54 personas nombradas desempeñaron funciones clave en relación con detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución de la sociedad civil y medios de comunicación, campañas de desnacionalización y confiscación de propiedad privada, informó el portal oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Por primera vez, revelamos cómo decenas de personas están vinculadas a las violaciones de derechos humanos y crímenes documentados en nuestros informes anteriores”, dijo en la presentación del documento Jan-Michael Simon, quien encabeza el grupo. “Este informe pone al descubierto la anatomía de un sistema de gobierno que ha convertido cada brazo del Estado en un arma contra su propio pueblo”, agregó.
El informe de 234 páginas –basado en entrevistas, documentación verificada y fuentes confidenciales– incluye diagramas detallados que describen en detalle las relaciones entre actores estatales y no estatales dentro del aparato de gobierno de Nicaragua.
El trabajo destaca la manera en que Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quienes asumieron los títulos de “copresidentes” luego de una reforma constitucional aprobada en febrero de este año, construyeron un régimen centralizado y represivo que abarca todas las ramas del gobierno y que ha difuminado los límites entre el partido de gobierno, el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), y el Estado.
“En el último año, el Estado y el FSLN prácticamente se han fusionado en una maquinaria unificada de represión con impacto dentro y fuera de Nicaragua. Ortega y Murillo operan una extensa red de inteligencia que supervisa a toda la población e identifica objetivos para la persecución, proveyendo ‘los ojos y oídos’ que permiten obtener y mantener un control total sobre las personas”, explicó Jan-Michael Simon.
“Lo que descubrimos es un sistema de represión estrechamente coordinado, que se extiende desde Presidencia hasta los funcionarios locales”, dijo Ariela Peralta, una de las expertas que redactó el informe.
“Estos no son incidentes aleatorios o aislados, son parte de una política de Estado deliberada y bien orquestada, que es llevada a cabo por actores identificables a través de cadenas de mando definidas”, manifestó Peralta.
Los expertos de las Naciones Unidas reiteraron su llamado a que la comunidad internacional tome medidas urgentes y concretas, entre ellas acciones legales, sanciones y mayor apoyo a las víctimas y la sociedad civil.
“Este informe es una hoja de ruta para la Justicia”, dijo Reed Brody, otro integrante del grupo. “Los estados, fiscales e instituciones internacionales ahora tienen los nombres, las estructuras y las evidencias necesarias para avanzar en la rendición de cuentas”, sentenció.
La lista de individuos nombrados fue compartida previamente de manera confidencial con el gobierno de Nicaragua, que continúa rechazando toda cooperación con el grupo.
El 27 de febrero de este año, un día antes de que el informe principal del grupo fuera presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, el gobierno de Ortega y Murillo anunció su retiro del consejo y de todos sus mecanismos subsidiarios.