Este jueves fue publicada en el Boletín Oficial, y por lo tanto entró en vigencia en Argentina, la reforma de la ley de migraciones impulsada mediante un decreto por el gobierno del presidente Javier Milei, que había sido anunciada a mediados de este mes. La nueva normativa endurece las deportaciones, el acceso a la ciudadanía y a servicios como salud y educación, así como fija nuevos criterios para el ingreso al país.

En el extenso documento de 32 páginas se detalla el contexto en el que se tomó la medida. En los considerandos, el Ejecutivo apuntó que “el régimen legal, sancionado en 2003, no se ajusta a las necesidades y al estado actual de la situación, lo que produce que nuestro país esté expuesto a distintos peligros y consecuencias negativas”.

En el texto además se apunta específicamente a “desalentar el ‘turismo de natalidad’, una de las formas de abuso a la ley migratoria más recurrentes de los últimos años, que se realiza con el único fin de que el hijo sea nacional argentino y, en consecuencia, permita a los padres acceder a una residencia permanente y, eventualmente, a una ciudadanía que los habilite a obtener el pasaporte argentino”.

Además, de acuerdo a lo que consignó Clarín, la nueva ley establece que los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el territorio argentino en las categorías de “residentes permanentes”, “residentes temporarios” o “residentes transitorios”, creándose además la “residencia precaria”, que se otorga por 90 días corridos, y que podrá ser revocada por la Dirección Nacional de Migraciones cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento.

La ley también apunta a alentar la radicación de ciudadanos y capitales extranjeros que tengan la finalidad de invertir en Argentina. A esos efectos se decretó la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que funcionará dentro de la órbita del Ministerio de Economía. La entidad a crearse tendrá como objetivo “diseñar, gestionar y controlar los programas de ciudadanía por inversión, tendientes a lograr la radicación de capitales extranjeros en el país, y, en general, alentar la inversión directa extranjera”.

Una de las modificaciones importantes que se introdujeron en la reforma migratoria es en materia de salud. La reforma establece que los extranjeros tendrán derecho a la asistencia social o atención sanitaria en casos de emergencia, cualquiera sea su situación migratoria.

Sin embargo, informó Página 12, por fuera de los casos de emergencia, en los hospitales públicos argentinos, la atención médica habitual únicamente se dará contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio. Esta disposición estará vigente para los ciudadanos extranjeros que no vivan de modo permanente en el país.

Para ello, los extranjeros que ingresen al territorio nacional tendrán que declarar que cuentan con un seguro de salud con el fin de pagar sus gastos médicos en el país, algo que aplicará para los extranjeros que sí tengan la ciudadanía permanente.

El decreto de Milei tiene, además, reformas sobre el acceso a la educación de los extranjeros en Argentina. Con relación a este tema, uno de los artículos de la legislación establece: “Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”.

Y, a continuación, se agrega: “Sin perjuicio de ello, quienes no contaren con residencia permanente en el país podrán ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”.

Además, el decreto establece que las universidades públicas podrán establecer el cobro de aranceles por los servicios educativos que brinden a extranjeros que no tengan la residencia.