Los testimonios llegan de toda Francia y revelan un “continente” de violencias sexuales y físicas dentro de escuelas católicas. La comunidad católica tradicionalista de Riaumont, en el norte del país, es objeto de varias investigaciones judiciales por violencias y agresiones sexuales a menores. Una cincuentena de testimonios fueron presentados ante la fiscalía de Brest sobre el antiguo colegio Saint-Pierre, ubicado en Bretaña, por hechos cometidos entre 1962 y 1996. En Neuilly-sur-Seine, cerca de París, una exalumna denunció agresiones sufridas en 1996, involucrando a un vigilante que también está acusado en el caso Bétharram.

Esta multiplicación de casos llevó a la “comisión de investigación parlamentaria sobre violencias en establecimientos escolares” a registrar señalamientos provenientes de “16 departamentos” franceses, según su relator, Paul Vannier, diputado del partido La Francia Insumisa. Después de 70 audiciones, esta comisión ya señaló una “desorganización de responsabilidades” y la ausencia de responsabilización de los actores.

La magnitud de las revelaciones plantea interrogantes sobre los mecanismos de control de la enseñanza privada en Francia. Este sector representa el 17% de los alumnos y se beneficia de un financiamiento público de 10.000 millones de euros anuales. Sin embargo, hasta hace poco, los controles del Estado se limitaban a aspectos administrativos y financieros.

Los actores denuncian una disfunción sistémica

Para Arnaud Gallais, presidente de la asociación Mouv’Enfants, la situación constituye un verdadero “escándalo de Estado”. “El Estado falló y se desentiende completamente de sus responsabilidades, cuando la alerta fue dada públicamente en 2021 con el informe Sauvé”, deplora, haciendo referencia a una comisión independiente nombrada por la propia iglesia católica, que había establecido en 330.000 el número de víctimas de abusos sexuales dentro de instituciones católicas desde 1950. Esta comisión destacó el carácter sistémico de estas violencias.

Alain Esquerre, portavoz de las víctimas de Bétharram, comparte este análisis: “Es preocupante que sean ciudadanos comunes quienes se ocupen del tema. Hasta ahora el Estado siempre privilegió la institución en detrimento de los niños”. Frente a la presión, el Ministerio de Educación Nacional anunció un refuerzo de las modalidades de control.

La urgencia de las reformas está ilustrada por la situación actual de la escuela Notre-Dame-de-Bétharram, rebautizada Beau-Rameau. Una inspección realizada en marzo de 2025 reveló nuevas “carencias”, especialmente testimonios de alumnos que mencionan “comentarios hirientes y humillantes” y “burlas en público” por parte de dos docentes. Estos comportamientos son calificados de “repetidos y regulares” por los inspectores. Más preocupante aún, la comisión de investigación descubrió en los archivos del establecimiento una denuncia por “violencia sexual” que data de los años 2020, demostrando que los problemas no sólo pertenecen a un pasado lejano.

Frente a estas constataciones, se perfilan varias iniciativas legislativas. La senadora ecologista Monique de Marco reflexiona sobre presentar una proposición de ley que podría incluir “la creación de una obligación de resultado en lo que respecta a la protección de niños, a cargo de los establecimientos”. También solicita el cierre temporal de Bétharram, sumándose a peticiones que reúnen decenas de miles de firmas.

Una transformación estructural necesaria

La magnitud del fenómeno sobrepasa ampliamente las fronteras francesas y cuestiona los fundamentos mismos del funcionamiento de la iglesia católica. Para Olivier Bobineau, sociólogo de religiones del Centro Nacional de Investigación Científica, “apenas estamos al comienzo de las revelaciones de casos de pedofilia en la iglesia”. Explica esta multiplicación de escándalos por un cambio fundamental ocurrido en 2011: “Desde la invención de la curia en 1089 hasta 2011, es decir durante 922 años, la curia gestionó internamente los problemas de conducta cuando involucraban a sacerdotes”. Una circular de la Congregación para la Doctrina de la Fe estableció desde entonces que, “en materia de abuso sexual, se trata de remitirse a la justicia de los estados”.

Esta evolución explica en parte por qué las víctimas ahora se atreven a hablar. “En cuanto a los fieles, esta crisis se vive cada vez peor: el silencio ya no se acepta. Los fieles ahora están listos para enfrentar y quieren que se haga justicia civil”, observa el sociólogo. Las asociaciones de víctimas se multiplican y “se constituyen para liberar la palabra y que se haga justicia”.

El caso Bétharram podría así marcar un punto de inflexión en la supervisión de la enseñanza privada en Francia, obligando a los poderes públicos a repensar su enfoque de un sector considerado durante mucho tiempo autónomo. Para las asociaciones de víctimas, ya no se trata sólo de reformas puntuales, sino de una transformación sistémica que coloque la protección de la infancia en el centro de las preocupaciones. Queda por ver si esta toma de conciencia se traducirá en reformas estructurales a la altura de los desafíos revelados por estos escándalos sucesivos.