En Chile, el 21 de junio, además del solsticio de invierno, es el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que por ley es feriado.

En vísperas de esta conmemoración, que este año se adelantó un día porque cae en sábado, el presidente chileno, Gabriel Boric, anunció que enviará al Parlamento un proyecto de reforma para que la Constitución reconozca a los pueblos originarios.

Dijo que esa iniciativa busca el “reconocimiento definitivo” de los pueblos que habitan el territorio chileno “desde tiempos precolombinos y que ya están considerados en la ley indígena”.

Esa norma comprende a los pueblos mapuche, aymara, rapa nui, atacameño o lickanantay, quechua, colla, diaguita, chango, kawéskar, yagán y selk’nam, enumeró Boric en un video divulgado por Presidencia.

Para los pueblos originarios, el solsticio de invierno “marca el fin de un ciclo anual y el inicio de uno nuevo, en estrecha relación con la naturaleza”, dijo el presidente, y llamó a recibir esta fecha con “el ánimo de seguir construyendo juntos una comunidad y una convivencia compartida”.

Destacó que la voluntad de que la Constitución incluya este reconocimiento no surge con su gobierno, sino que “viene de mucho antes”.

Fue “uno de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989 y ha sido renovado en varias ocasiones bajo gobiernos de distinto signo político”, agregó.

A su entender, “es tiempo de cumplir con esta demanda histórica”. Eso se propone el proyecto de reforma que presentará el Ejecutivo, que “recoge los aportes de distintas iniciativas legislativas anteriores que hoy están en el Congreso”.

Boric argumentó que esta reforma “implica también un reconocimiento de los derechos individuales y colectivos” de esas poblaciones, que “son indispensables para su bienestar, desarrollo conforme a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y actualmente vigentes”.

El presidente agregó que “esta referencia explicita, amplía y protege de mejor manera los derechos de los pueblos indígenas”, al tiempo que “consagra, además, el principio de interculturalidad, que reconoce y valora la riqueza y diversidad cultural” del país.

También señaló que esta es “una primera medida de reconocimiento y de reparación” que se aplicará “a la luz de las propuestas entregadas por la Comisión para la Paz y el Entendimiento, cuyos resultados fueron recién informados al país después de un debate transversal”.

El informe de esa comisión, que trabajó casi dos años y en la que participaron representantes indígenas y de los 19 partidos políticos que integran el Parlamento, fue presentado a comienzos de mayo.

Allí se incluyeron varias recomendaciones para solucionar el conflicto territorial entre el Estado y el pueblo mapuche que se mantiene en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Una de las recomendaciones era la elaboración de un proyecto de reforma constitucional para que la carta magna reconociera a los pueblos indígenas, informó en mayo Diario Universidad de Chile.

Otras apuntaban a modificar el Sistema de Tierras Indígenas; crear un nuevo organismo estatal para asuntos indígenas; consultar al pueblo mapuche sobre los cambios institucionales que lo involucran, tal como establece la Organización Internacional del Trabajo; y crear un plan de inversión y reactivación económica para dos zonas: Arauco y Malleco.

También se recomendó la creación de una Ley de Reparación Integral a las Víctimas de Violencia Rural. La comisión recordó que el conflicto mapuche dejó 60 muertos y 1.468 heridos entre 2013 y 2024, además de viviendas, maquinarias y vehículos destruidos en 8.926 hechos de violencia.

Boric recibió el informe con “la convicción de que esta es una oportunidad única e irrepetible de alcanzar la justicia y la paz”. En mayo anunció su voluntad de elaborar la reforma constitucional que recomendaba el texto y que ahora enviará a los parlamentarios.

Dijo además que el actual sistema de acceso a las tierras para la población mapuche implica esperas que a veces se extienden por décadas, y afirmó que este largo conflicto puede resolverse “con las herramientas de la democracia y la buena política”.