Mientras los ataques armados israelíes dejaron este martes 112 muertos en 24 horas en la Franja de Gaza, se registraba otra muerte por desnutrición: el nombre de Ayoub Saber Abu Al Hussain, de 29 años, aumentaba a 67 el número de palestinos muertos por falta de alimento desde que Israel bloqueó el ingreso de ayuda humanitaria internacional.

Según informó France 24, en lo que va del año, los hospitales de Gaza tuvieron que ingresar a 18.809 niños, niñas y adolescentes para recibir tratamiento por desnutrición aguda. De ellos, cerca de 2.500 ya se encontraban en estado grave.

La escasa comida que llega a este territorio es repartida por una fundación estadounidense en zonas militarizadas en las que han muerto más de 500 personas por la acción de militares israelíes. Según testimonios recogidos días atrás por el diario Haaretz, los soldados tienen orden de usar munición letal contra las personas que están aglomeradas.

Este martes, cerca de 70 organizaciones civiles exigieron que se termine con este sistema de reparto de ayuda humanitaria que calificaron de “letal”. “Obligar a morir de hambre o por disparos no es una respuesta humanitaria”, manifestaron en un comunicado Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras, Médicos del Mundo, Save the Children, Oxfam y el Consejo Noruego para los Refugiados, entre otras organizaciones. Además, recordaron que el sistema de reparto actual dejó también casi 4.000 heridos y que los puntos de distribución de alimentos “se han convertido en lugares de repetidas masacres en flagrante desprecio del derecho internacional humanitario”. Señalaron, en el mismo sentido, que el ejército israelí y grupos armados, “algunos de los cuales al parecer operan con el respaldo de las autoridades israelíes”, disparan contra los civiles que se acercan a buscar comida.

Un mes atrás, el exministro de Defensa de Israel Avigdor Lieberman le dijo al diario The Times of Israel que el gobierno de Benjamin Netanyahu le brinda armas al clan armado Abu Shabab, vinculado con Estado Islámico, para que le dispute el control del territorio al movimiento islamista Hamas, que gobierna la Franja de Gaza. Esa milicia apoyada por Israel ha sido acusada de saquear ayuda humanitaria.

Las organizaciones civiles señalan que hasta marzo había 400 puntos de reparto de comida en Gaza, coordinados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que actualmente hay sólo cuatro. Agregan que el nuevo sistema, implementado por Israel, “obliga a civiles hambrientos y debilitados a caminar durante horas por terreno peligroso y zonas de conflicto activo, enfrentándose a una violenta y caótica carrera para llegar a puntos de distribución militarizados y vallados que sólo tienen una entrada”. Denuncian, además, que se reparten alimentos que no se pueden cocinar por falta de agua y combustible y que aquellas personas que son heridas por los disparos cuando van a buscarlos “se desangran sin remedio” porque no hay asistencia médica.

Los firmantes del comunicado exigen que se termine con “esta normalización del sufrimiento” y este “asfixiante asedio” y que se respete “el derecho de la población civil de Gaza a acceder a ayuda humanitaria y recibir protección”. También reclaman que el reparto vuelva a quedar en manos de la ONU, un cese del fuego y la liberación de rehenes israelíes y de palestinos “detenidos arbitrariamente” por Israel.

Intereses económicos en juego

“La autodeterminación y la existencia misma de un pueblo están en juego”, advierte el adelanto de un informe de Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos de los palestinos en los territorios ocupados desde 1967. Este informe se centra en investigar la participación de empresas internacionales. “Mientras los líderes políticos y los gobiernos eluden sus obligaciones, demasiadas entidades corporativas se han beneficiado de la economía israelí de ocupación ilegal, apartheid y, ahora, genocidio. La complicidad expuesta en el informe es sólo la punta del iceberg; su fin no ocurrirá sin exigir responsabilidades al sector privado, incluidos sus ejecutivos”, afirma.

Titulado “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”, el documento concluye que en su ofensiva actual Israel ha construido una economía en la que participan multinacionales que no sólo pertenecen al sector armamentístico, sino también al tecnológico o el bancario. Señala, además, que “después de octubre de 2023, con la duplicación del presupuesto de defensa israelí y en un momento de caída de la demanda, la producción y la confianza del consumidor, una red internacional de corporaciones ha apuntalado la economía israelí”.

Albanese identifica a Blackrock y Vanguard como algunos de los “mayores inversores en empresas armamentísticas” sin las cuales Israel no podría llevar adelante su ofensiva, y afirma que algunos de los principales bancos del mundo han comprado bonos del Tesoro israelí, “que han financiado la devastación”. “Las compañías armamentísticas han obtenido ganancias casi récord al equipar a Israel con armamento de vanguardia que ha devastado a una población civil prácticamente indefensa”, dice el informe en sus conclusiones.

Del mismo modo, grandes empresas de maquinaria de construcción fueron “fundamentales para arrasar Gaza, impidiendo el retorno y la reconstrucción de la vida palestina”, y proveedores de energía también hicieron nuevos negocios en este contexto. “A través del suministro de carbón, gas, petróleo y combustible, las compañías contribuyen con infraestructuras civiles utilizadas por Israel para consolidar la anexión, que ahora son usadas como ‘armas’ para la destrucción de la vida palestina en Gaza”, afirma.

“El sector corporativo ha contribuido materialmente a este esfuerzo al proporcionar a Israel las armas y la maquinaria necesarias para destruir hogares, escuelas, hospitales, lugares de ocio y culto, medios de vida y activos productivos, como olivares y huertos, para segregar y controlar a las comunidades y restringir el acceso a los recursos naturales”, dice el documento de la entidad dirigida por Albanese. Agrega que empresas tecnológicas han brindado “acceso prácticamente a todo el gobierno a sus tecnologías de nube e inteligencia artificial, lo que mejora el procesamiento de datos, la toma de decisiones y las capacidades de vigilancia”, en algún caso con “contratos favorables que ofrecen mínimas restricciones o supervisión”. Estas tecnologías han servido para la identificación de personas, el “control de la población” y el uso de inteligencia artificial con fines bélicos.

Albanese reclama que las empresas y los empresarios que hayan colaborado con crímenes de guerra rindan cuentas por eso.