La senadora argentina y exministra de Seguridad Patricia Bullrich recibió este viernes en el Congreso a los padres de Jeremías Monzón, un joven de 15 años asesinado a puñaladas en la ciudad de Santa Fe en diciembre del año pasado por otros tres adolescentes, todos ellos menores de edad.

Es en este contexto que el gobierno de Javier Milei impulsará en las sesiones extraordinarias que comenzarán a desarrollarse el lunes en el Congreso una reforma del Régimen Penal Juvenil que implicará la baja de la edad de imputabilidad a 13 años.

Respecto de la reforma penal, Bullrich afirmó que el gobierno “ya venía trabajando” en el texto antes de anunciar públicamente, el lunes, que la cuestión iba a ser debatida en el Congreso, de acuerdo a lo que informó Ámbito Financiero.

La legisladora oficialista manifestó también su optimismo respecto a una eventual sanción de la ley. “Hubo muchos casos en los que intentamos. Hace más de 20 años que estamos trabajando en esto. El gobierno tuvo la decisión de impulsarlo. La política muchas veces decide por la política y no por la sociedad. Va a ser ley en el corto plazo, sé que esto no lo va a traer la justicia”.

Pero otro tema fundamental para la administración libertaria que será tratado en los próximos días en el Congreso es la reforma laboral, una iniciativa promovida por Milei que flexibilizará al máximo el mercado laboral, algo que viene generando una lógica inquietud entre las organizaciones sindicales.

Entre otros puntos, la normativa promovida por el gobierno plantea que los trabajadores hagan jornadas de hasta 12 horas y que se fraccionen las vacaciones mediante un acuerdo entre las partes.

La iniciativa del Ejecutivo, además, limita los intereses que el empleador debe pagar tras juicios laborales, busca también acortar estos procesos y autoriza a las pequeñas y medianas empresas a pagar las indemnizaciones a los trabajadores hasta en 12 cuotas. El proyecto plantea la necesidad de “actualizar las relaciones laborales a los nuevos modelos productivos”.

Se espera que esta ley se ponga a consideración de los senadores el 11 de febrero, y para ese día sindicatos industriales, junto a las dos corrientes de la Central de los Trabajadores de la Argentina y la Asociación de Trabajadores del Estado, piensan declarar ese día un paro general; pero, de acuerdo a lo que informó eldiarioAR.com, pretenden que la medida de lucha sea convocada en primer lugar por la Confederación General del Trabajo.

Desde esta última entidad, la más importante del sindicalismo argentino, todavía apuestan a una estrategia de negociación política que les permita condicionar la ley de modernización laboral, porque están convencidos de que el Ejecutivo cuenta con los votos para aprobar la reforma. Por ello manifestaron que su objetivo principal en este momento es blindar los derechos colectivos de los trabajadores.

Mientras tanto, el gobierno, principalmente a través de su ministro del Interior, Diego Santilli, está en permanente contacto con los gobernadores provinciales para que ellos le garanticen su apoyo a la iniciativa parlamentaria.

Si bien la cuestión parece encaminada en la mayoría de los casos, en las últimas horas surgieron algunas divergencias que tienen que ver con el dinero que el gobierno federal les destinará a las provincias.

A propósito de esto, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, ya avisó que no iba a sacar el capítulo de las ganancias (impuesto a la renta) de la reforma laboral, similar, por lo que los gobernadores temen votar una ley que los termine perjudicando.

Al tiempo que las negociaciones prosiguen, el gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, expresó: “[De] Lo que estamos seguros es [de] que no vamos a votar ninguna ley que signifique seguir disminuyendo los recursos de las provincias”, de acuerdo a lo consignado por el portal LaPoliticaOnline.