El gobierno israelí anuló una ley aprobada por Jordania en 1953 que impedía a los colonos israelíes comprar tierras y edificaciones en Cisjordania. La norma imponía restricciones para todas aquellas personas que no fueran árabes.

“Estamos profundizando nuestras raíces en toda la tierra de Israel y enterrando la idea de un Estado palestino”, declaró el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich.

Un proyecto similar había sido votado por una comisión parlamentaria, pero tiene pendiente la aprobación del plenario del Parlamento.

Existen dudas sobre si la decisión del Ejecutivo del primer ministro, Benjamin Netanyahu, se aplicará de forma inmediata o deberá pasar por la aprobación parlamentaria.

Por el momento, no se divulgó la resolución oficial, sino un comunicado que hicieron público Smotrich y el ministro de Defensa, Israel Katz.

De acuerdo con Smotrich, uno de los ministros más extremistas del gobierno israelí, la medida también incluye una ampliación de las competencias de Israel en Cisjordania mediante la administración civil, un órgano del gobierno israelí que rige los asuntos civiles en ese territorio.

Esto implica que se extenderá la supervisión por parte de Israel del agua, los sitios arqueológicos y los riesgos ambientales, informaron la agencia Efe y el diario Haaretz.

Desde la década de 1990, Cisjordania está dividida en tres zonas: A, B y C. Supuestamente, la A y la B, que representan cerca del 40% del territorio, están administradas por la Autoridad Nacional Palestina, pero en la B –que es más de la mitad de ese 40%– Israel tiene el control de la seguridad.

La zona C está totalmente bajo control israelí. La decisión adoptada el domingo por el gobierno de Netanyahu amplía las potestades de Israel en las zonas que no controla por completo.

El anuncio generó numerosas reacciones de repudio

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania afirmó en un comunicado que Israel está imponiendo con esta decisión “una nueva realidad jurídica y administrativa en la Cisjordania ocupada”. Manifestó que la decisión constituye una “flagrante violación del derecho internacional”, sabotea la posibilidad de establecer un Estado palestino, y es una decisión “unilateral, ilegal e inválida”. Por eso pidió a la comunidad internacional que “obligue a Israel” a terminar con “su peligrosa escalada” y evite que el gobierno de Netanyahu consolide los asentamientos ilegales que ha construido en esa zona.

Tanto la Liga Árabe, que integran 22 países, como la Organización de Cooperación Islámica, que nuclea a 57, emitieron comunicados en repudio a las medidas israelíes que buscan “anexionar propiedades palestinas” y afirmaron que la política “de asentamientos coloniales representa un crimen de guerra”.

La Liga Árabe, al igual que Jordania, señaló que las medidas “tienen como objetivo introducir cambios fundamentales y peligrosos en el estatus legal y administrativo de los territorios palestinos, en particular en Cisjordania”. Consideró que esto “constituye una escalada sin precedentes en el plan de anexión, colonización y desplazamiento, y una amenaza a los acuerdos firmados entre la Organización para la Liberación de Palestina e Israel”.

En su comunicado advirtió que las decisiones del gobierno israelí “no otorgarán a la ocupación ninguna legitimidad ni cambiarán el hecho de que Cisjordania, incluida Jerusalén Este, es territorio palestino ocupado y que todas las actividades coloniales israelíes son nulas y sin valor”.

También emitieron declaraciones condenando esta decisión, hicieron los ministerios de Relaciones Exteriores de Egipto, Jordania, Emiratos Árabes, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita y Qatar.

En nombre de la Unión Europea, Anouar el Anouni, el portavoz de la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, manifestó en una conferencia de prensa su “condena a las recientes decisiones del gabinete de seguridad israelí de ampliar el control israelí en Cisjordania”. Dijo que este es “otro paso en la dirección equivocada” y que se pone en peligro “el delicado statu quo de los lugares religiosos”.

El Anouni reafirmó que la Unión Europea no reconoce la soberanía de Israel sobre los territorios que ocupó desde 1967 y que “la anexión es ilegal según el derecho internacional”, así como cualquier medida que avance en ese sentido. “Seamos claros: no hay otra solución que la solución de dos estados”, agregó.

Desde Israel, la organización civil Peace Now denunció que las medidas del gobierno de Netanyahu “constituyen pasos hacia la anexión” de las áreas A y B de Cisjordania. Señaló que otorgarán “a un pequeño número de colonos la facultad de determinar la realidad política sobre el terreno sin intervención gubernamental y abrirá la puerta a una industria de transacciones inmobiliarias fraudulentas”.

Hamas también se expresó sobre esta noticia y denunció que es parte de un plan de anexión de Cisjordania y de limpieza étnica contra los palestinos.