Acerca de la elección universitaria: La procesión debe seguir

Del “cuento de hadas” que HC Andersen toma de la tradición de India vía relatos españoles suele citarse la exclamación del niño ante la desnudez del rey, situación visible para todos y por todos negada. Con menos frecuencia se recuerdan las palabras del rey, quien se dice que, a pesar del deslibretado revuelo, “la procesión debe seguir”.

En la Universidad de la República (Udelar), a pesar de las muestras de variada desharrapadez y a pesar de estar eligiendo rector –ocasión en la que sería esperable que se plantearan los temas centrales de la institución y se discutieran sus ropajes y sus desnudeces–, en espejo a la forma en que opera en la política general del país el partido de gobierno, se repite y se recalca que “la procesión debe seguir”.

En una nota anterior¹ nos referimos a la incipiente campaña y hoy, ya avanzado el proceso de votación, consideramos que las plataformas de los dos candidatos, sus entrevistas y las notas de sus seguidores no contemplan lo que a nuestro juicio son algunos de los conflictos principales de la Udelar, pues ignoran la desnudez del monarca.

La Constitución asigna a la Udelar la tarea de ocuparse de la enseñanza superior del país. Queda así definida nuestra institución a través de su relación con el saber, con la reflexión y con la acción en todas las áreas del conocimiento, con su creación y, muy especialmente, con su transmisión a las nuevas generaciones.

Es desde la perspectiva del cumplimiento de esos fines que debe medirse la actividad universitaria, en particular la de sus máximas autoridades. Es con esa vara que deben medirse plataformas y discursos para, llegado el caso, emitir los votos.

En la Udelar se vinieron dando –de manera crecientemente notoria a partir de 1990– cambios conceptuales y normativos que modificaron aspectos centrales de su concepción académica y de su funcionamiento, según un proceso que en el artículo antes mencionado describimos como de “adecuación universitaria a la lógica de la economía –proceso naturalizado, aceptado como inevitable, promovido por las autoridades propias y los sucesivos gobiernos–”.

Nos referiremos a tres temas omitidos (salvo tenues menciones) en la actual campaña y a dos presentes, pero en cuya consideración se eluden asuntos cruciales. Todos ilustran el conflicto entre la voluntad de que la procesión prosiga y la voluntad de interrogar su sentido y su provecho.

La enseñanza de grado

Durante el período 2004-2013, la Udelar, por intermedio de la Comisión Sectorial de Enseñanza, tuvo una destacada participación en el proyecto Tuning América Latina, explícita aplicación continental del proceso Boloña, al punto de que planteaba como uno de sus objetivos “desarrollar perfiles profesionales en términos de competencias genéricas y relativas a cada área de estudios incluyendo destrezas, conocimiento y contenido”.

En perfecta concordancia con el cronograma establecido por Tuning, la Udelar aprobó en 2011 la Ordenanza de Grado (OG) que establece pautas conceptuales y organizativas para la elaboración, aprobación e implementación de los planes de estudio.

Esta ordenanza tiene consecuencias negativas graves. Mencionaremos sólo dos: debilita, en algunas de las nuevas carreras hasta su casi desaparición, la formación disciplinaria de los estudiantes y separa la enseñanza de los institutos de investigación, con el consiguiente alejamiento de los investigadores de los cursos centrales de las disciplinas, cada vez más a cargo de “especialistas” en técnicas de enseñanza, especialmente en aquellas supeditadas a medios electrónicos. Esto se combina con una concepción pedagógica (“enseñar a aprender” o “aprender a aprender”, etcétera) que en nombre de la supuesta autonomía del estudiante descaece la función de transmisión del docente, dejando al alumno librado a su único criterio, sin otro con el que confrontarlo.

Sobre esto, los pocos comentarios habidos durante la campaña electoral afirman que la OG ayuda a democratizar el acceso a la universidad y a duplicar los guarismos de egresos.² ¿Qué significa y cuál es el alcance de la expresión “la democratización del acceso”? Como es sabido, uno puede lograr el acceso al descampado, hacia programas vaciados de contenido, hacia cursos masificados con control de conocimientos triviales o inadecuados (múltiple opción corregida por algoritmos) y cursos a cargo de docentes precarizados, con escaso grado y sueldo. Lo mismo en relación al egreso. Además, ¿acaso hubo estudios acerca del alcance y de la causalidad de la mencionada duplicación? ¿En qué carreras se produjo?

Estos puntos son acuciantes en cuanto las falencias acumuladas por los alumnos en el paso por la enseñanza primaria y secundaria estallan con la entrada a la Universidad. Las experiencias docentes parecen indicar que la “flexibilización” de los estudios en un contexto como el actual sólo produce estudiantes con escasa formación. Para atenuar esto, en lugar de lanzar a los estudiantes a que “diseñen su propia trayectoria”, corresponde organizar una enseñanza intelectualmente reforzada en los años de grado (becas, comedores, residencias estudiantiles, grupos no masivos, profesores experientes, cursos presenciales, etcétera).

Por cierto, para reforzar la enseñanza de grado y que de ese modo “la democratización del acceso” no sea un vulgar eslogan, es necesario contar con un presupuesto acorde. Hasta ahora, los candidatos sólo han constatado la cercanía de tiempos de austeridad, como quien toma nota de un fenómeno astronómico (Rodrigo Arim) o han lamentado el castigo presupuestal infligido por el sistema político a la Udelar (Roberto Markarian). Hasta ahora, poco se oyeron llamados a reivindicar el sentido de la Universidad de la República y a luchar por un presupuesto acorde con ese sentido constitutivo.

El derecho a la educación superior

En 2001, se aprobó la actual Ordenanza de las Carreras de Posgrado, que establece que podrán ser objeto de cobro las actividades de posgrado que culminen en diplomas, especializaciones y maestrías de perfil preponderantemente profesional. Esto sucede a pesar de la muy explícita referencia al tema en la Ley Orgánica de la Universidad: “La enseñanza universitaria oficial es gratuita. Los estudiantes que cursen sus estudios en las diversas dependencias de la Universidad de la República no pagarán derechos de matrículas, exámenes ni ningún otro derecho universitario”. Asimismo, en la Ley General de Educación se declara: “La educación estatal se regirá por los principios de gratuidad, de laicidad y de igualdad de oportunidades”.

Este tema es de grave significado conceptual y práctico, en la medida en que hace depender (fuera de algunos gestos paliativos) del poder económico del estudiante el acceso a algunas profesiones de contante y sonante potencial, dando más de lo mismo a los que ya tienen. Esto luce muy apartado de los principios de democratización de la enseñanza que ambos candidatos proclaman.

A este respecto, las autoridades actuales de la Udelar, en particular casi todos los decanos de los servicios involucrados, usan el argumento del “mal necesario” o el “mal menor”. Peor sería –dicen– que la carrera no se dictara por falta de fondos. Sin embargo, no se vio que en los períodos de crecimiento presupuestal de la Udelar hubiera propuestas para resolver esta violación de la gratuidad.

En un documento reciente de la campaña de Markarian³ se plantea la preocupación general por la mercantilización de la enseñanza, pero no aparece referencia alguna a los posgrados pagos en Uruguay (aunque se menciona la “enseñanza transnacional”).

La privatización del salario docente

A partir de 1998, una modificación del estatuto del personal docente permitió a quienes gozan del régimen de dedicación total participar en convenios, subsidios y otras asesorías especializadas, por las que reciben remuneraciones adicionales y sin desmedro de las compensaciones especiales que ya usufructuaban por su dedicación total. También están autorizados a recibir los complementos salariales con fondos extrapresupuestales de hasta 45% los docentes que no usufructúan de este régimen. Hoy estas compensaciones salariales están naturalizadas en la Udelar, aunque ciertamente no de manera uniforme. Resultan desfavorecidas las disciplinas y las actividades con menos posibilidades de interesar a esos contratantes.

Así, docentes que realizan tareas semejantes tienen remuneraciones universitarias sustancialmente diferentes. Esto tiñe las relaciones interpersonales y lleva a que los docentes elijan sus actividades según prioridades económicas; así, por ejemplo, en algunos servicios o áreas el dictado de cursos de posgrado pagos permite incrementos sustantivos en los salarios de quienes en ellos trabajan. Esto conduce a que algunos docentes se desinteresen de la enseñanza más masiva de los primeros años, es decir, de la más necesitada de profesores con sólida formación disciplinar.

Esta inequidad básica en la situación del cuerpo docente no aparece siquiera mencionada en los documentos de campaña.

La regionalización universitaria

En las campañas de los candidatos y de sus partidarios no faltan referencias a la regionalización de la Udelar, en especial a la etapa en que hubo un presupuesto cercano al solicitado para su desarrollo a nivel nacional (2010-2014).

Uno de los candidatos (Arim), en el documento titulado “Aportes programáticos”, luego de proporcionar cifras sobre el crecimiento de la matrícula estudiantil en el interior, llama la atención sobre “un estancamiento preocupante”.

A nuestro juicio, el estancamiento (si lo fuera: tampoco es razonable un crecimiento permanente cuando no se consigue afirmar los primeros pasos) es menos preocupante que la prosecución de la procesión.

En efecto, las bases conceptuales que guiaron el programa de regionalización aparecen de forma muy explícita en, por ejemplo, textos como el siguiente, firmado por Gregory Randall: “El programa de regionalización puede verse como un terreno de realización de la Segunda Reforma Universitaria en curso, dado que: (i) colabora con la aspiración de convertir al Uruguay en un país de aprendizaje, donde todos los ciudadanos tengan la posibilidad de estudiar al más alto nivel y a lo largo de toda la vida; (ii) aspira a poner a la Universidad efectivamente al servicio del desarrollo; (iii) contribuye a la transformación de la estructura académica de la institución para construir espacios genuinamente interdisciplinarios tanto en los aspectos relacionados con la investigación como con la enseñanza. La estrategia contribuye a poner en práctica la noción de Universidad para el Desarrollo”.⁴

Estas afirmaciones –jamás aprobadas por órgano alguno de gobierno universitario– están en la génesis conceptual de los programas de descentralización recientes cuyo “estancamiento” Arim lamenta. Sin embargo, estas afirmaciones significan una escandalosa desviación de los cometidos atribuidos a la Udelar por la Constitución de la República y por la Ley Orgánica, normas superiores que para nada hablan de “desarrollo”. Qué decir, por otra parte, de las mayúsculas en este documento, que casi equiparan a un nombre oficial –alternativo o sustitutivo de Universidad de la República– el de “Universidad para el Desarrollo”.

Por el contrario, la Ley Orgánica que rige la Udelar sí establece: “La Universidad tendrá a su cargo la enseñanza pública superior en todos los planos de la cultura, la enseñanza artística, la habilitación para el ejercicio de las profesiones científicas y el ejercicio de las demás funciones que la ley le encomiende. Le incumbe asimismo, a través de todos sus órganos, en sus respectivas competencias, acrecentar, difundir y defender la cultura”.

La concepción que guía la descentralización desde el período de Rodrigo Arocena, expuesta por Randall, uno de sus principales impulsores, además de descarriar el sentido propio de la Universidad, explica los variados problemas que hoy esta encuentra en el interior.

La Ley Orgánica: “traba objetiva” o garante

Consecuentemente, es muy inquietante, en momentos en que un candidato a rector (Arim) estima que la Ley Orgánica “constituye una traba objetiva a los imprescindibles cambios que la Universidad debe afrontar”, la flagrante divergencia entre una Universidad centrada en la enseñanza pública superior y una Universidad volcada al “desarrollo”, tal como lo escribió Randall, firme adherente a la candidatura de Arim. ¿De qué desarrollo se trata? ¿Del deseado por las transnacionales y su extractivismo? ¿Del de las cuasi extintas empresas nacionales? ¿Del “desarrollo” de los economistas del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial?

Como otras veces, aunque parezca que se grita “cambio, cambio”, sólo se dice “la procesión debe seguir”.

Alma Bolón es profesora titular de Literatura Francesa de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y Walter Ferrer es profesor titular de Matemática del Centro Universitario Regional del Este.