Reconozcamos que el ataque a Formación Docente es permanente. A esta altura nos preguntamos qué hay detrás, qué se busca, qué intencionalidades esconde. La lista de adjetivos (des)calificativos es extensa: corporativismo, mediocridad, desidia, conservadurismo e ilegitimidad.
Parece innecesario recordar que tanto Formación Docente como la Universidad de la República se retroalimentan con sus docentes y estudiantes, por lo que las valoraciones contienen una postura que disocia a los sujetos que participan en ambas instituciones. Este ataque sistemático no es recíproco ni lo será.
En ese sentido, es necesario aclarar algunas consideraciones que se han hecho:
1) El mecanismo del concurso no es ilegítimo (salvo por vicios de forma) por varias razones. La primera, porque es el camino más justo para acceder a horas efectivas, y la segunda, por el hecho de que está previsto en el Estatuto del Funcionario Docente, norma que reglamenta los mecanismos para ocupar dichas horas; por tanto, sostener su ilegitimidad es desconocer la forma democrática de acceso a cargos en toda la administración pública y la normativa vigente.
2) Luego de varios años sin concurso para docencia directa (el último data de 2010 sólo para Didáctica) se logró acordar en la bipartita –luego de una ardua negociación entre la Intergremial, el Consejo de Formación en Educación (CFE) y el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública– unas bases que pueden ser perfectibles.
3) Que sea un concurso cerrado es relativo, dado que la exigencia de antigüedad es casi simbólica; el Reglamento de Concursos, en su artículo 2º, literal b, establece “Acreditar un año o un curso semestral completo de desempeño docente en CFE o al menos sesenta (60) horas en seminarios o talleres”, condición suficiente para concursar.
4) Este llamado a concurso es para acceder a horas de clase, siempre y cuando existan, y no para proveer cargos.
5) En 2014 no se convocó a concurso sino a un llamado a aspiraciones. Este proceso tuvo irregularidades, lo que generó múltiples reclamos. En consecuencia, el CFE decidió extender la validez de listas anteriores para no lesionar a un sinnúmero de docentes. Explicamos algunos de los problemas que tuvo ese llamado, a modo de ejemplo: se cambiaron las bases varias veces durante la convocatoria.
6) Uno de los ítems (el 5d del Acta 37. Res. Nº 1) casi equiparaba el puntaje de los posgrados (una maestría valía 27 puntos) con la ambigua “participación institucional a nivel de centro” –que en la práctica se entendió como apoyo a la dirección–, a la que se le acreditaba 18 puntos. El llamado fue parcial, sólo se convocó a aquellos institutos que presentaban vacantes, por lo tanto hubo docentes que no se inscribieron y, cuando el llamado se regionalizó, quedaron injustamente fuera de las listas.
De todas maneras, el listado 2014 se utiliza con frecuencia en la modalidad semipresencial, pero no solamente en ella.
Existe una larga tradición en Formación Docente de descentralización, por esa razón se requieren docentes que cubran las vacantes en todo el territorio nacional. En consecuencia, se permite la elección de horas a los profesores que no llegaron al puntaje habilitante.1 Este mecanismo es una excepcionalidad y se encuentra previsto en la resolución del Acta 36 Res. 21 del CFE para proveer cargos para el año lectivo 2019.
Agotadas las listas de diferentes llamados a aspiraciones, si persisten vacantes pueden ser cubiertas por el sistema de llamado abreviado y abierto, formato frecuente para cubrir horas en Formación Docente. Este mecanismo es utilizado durante todo el año y, por ser abierto, pueden acceder a él los docentes universitarios que presenten sus méritos.
La educación en general, y la formación docente en particular, constituyen una especie de botín de guerra del que los partidos políticos quieren apropiarse: la discusión y el rechazo a la Universidad de la Educación lo demuestran. Pero la formación docente también es cotizada por espacios académicos que exigen para sí la legitimidad de asumir esa competencia. Sin embargo, parece que hay instituciones más legítimas que otras, pues quienes hoy tienen a su cargo la formación de docentes son caracterizados con diferentes adjetivos peyorativos.
Esta modalidad de vincularse con el otro, minimizándolo, desacreditándolo, haciéndole ver su incapacidad, tratando de deslegitimar su voz, sólo entabla relaciones de poder y genera resistencias. Creemos que los diálogos sinceros, la escucha atenta, el reconocimiento de saberes específicos, abren puertas de intercambio de conocimientos. Mientras las relaciones se entablen desde la imposición y la descalificación, poco se puede avanzar a favor de un bien superior: la educación pública.
Lucía Bruzzoni Giovanelli es profesora de Literatura y profesora de Teoría Literaria y Metodología de la Investigación Literaria en el CFE; Marcelo Freitas es profesor de Geografía y docente de la Maestría en Tecnología Educativa del Claeh; Jimena Marrero es profesora de Historia y del Núcleo de Formación Profesional Común del CFE; Gabriela Martínez es profesora de Educación Cívica, Derecho y Sociología y profesora de Didáctica de la Sociología en Cerp del Sur.
(*) En respuesta al artículo “Corporativismo, mediocridad y desidia”, publicado en la diaria el 23/11/2018.
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Poseer título de grado universitario o docente no genera de por sí puntaje habilitante. ↩