El viernes por la tarde me encontré con una grata sorpresa. Agustín Laje, coautor con Nicolás Márquez de El libro negro de la nueva izquierda: ideología de género o subversión cultural escribió una columna en la que me dedica parte de sus contenidos. Afirma que la propuesta que realicé a la bancada del Frente Amplio para regular y mejorar el uso de las salas de la Cámara de Diputados es un ataque a la libertad de expresión. Lo califica como un golpe a la democracia.

Tal vez Laje no comprenda que son las expresiones de discriminación y de intolerancia las que afectan la calidad democrática de una sociedad. Como nos tiene acostumbrados, se victimiza y no puede controlar su verborragia panfletaria típica de la Guerra Fría y recurre a los viejos fantasmas (dicho sea de paso, el presidente de la Cámara, el nacionalista Jorge Gandini, hizo lo mismo) señalando que es una propuesta comunista. Resulta por lo menos curioso que Laje y Márquez, quienes atacan los derechos de diversos colectivos, quienes ridiculizan situaciones de violencia que viven las mujeres, quienes tratan de “minorías marginales” a importantes colectivos organizados que luchan por sus derechos, quieran aparecer como los grandes defensores de la libertad. No es de mi interés en esta oportunidad explicarle a Laje y a Gandini el enorme valor que tiene la democracia y la libertad para los comunistas, sólo quiero recordarles que el Partido Comunista, al cual pertenezco orgullosamente, fue uno de los partidos que más luchó contra la dictadura; defendiendo la democracia y la libertad, miles de comunistas fueron presos y torturados, y otros tantos perseguidos, asesinados y desaparecidos.

La propuesta surge para contribuir con la protección de los derechos de los colectivos y personas que Laje y Márquez permanentemente atacan mediante sus exposiciones. La propuesta se hizo para dar cumplimiento a la normativa internacional y nacional que existe contra la discriminación y la intolerancia. La modificación propuesta no supone en modo alguno restricción al derecho de expresar el pensamiento en forma libre, sino que simplemente se limita a regular el manejo de las salas de la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta lo que en buena medida ya está planteado en la legislación vigente. No se trata de ninguna conspiración orquestada por los “rojos”. Salvo que Laje crea que la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia es conducida por la inexistente Internacional Comunista o que el Parlamento uruguayo está comandado por los bolcheviques.

Seguramente Laje desconozca dicha convención, o tal vez no le resulte una construcción jurídica internacional que merezca su respeto, o al menos su consideración. Laje probablemente desconozca que Uruguay ratificó la convención a través de la Ley 19.584, votada por todos los partidos políticos, que a texto expreso define de manera muy clara y precisa la discriminación. Pero no sólo la define, establece derechos y garantías para todas las personas y compromete a los Estados a luchar contra la discriminación y la intolerancia. En el capítulo III, “Deberes de los Estados”, se indica: “Los Estados se comprometen a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de acuerdo con sus normas constitucionales y con las disposiciones de esta Convención, todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia”.

Actividades como la realizada semanas atrás en el Parlamento, en la cual se presentó El libro negro de la nueva izquierda, constituyen de manera más que evidente actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia contra personas por su orientación sexual, por su identidad de género y por sus opiniones políticas. Basta con leer el libro o escuchar la presentación de este. Para que los lectores de esta nota lo juzguen por sí mismos, voy a transcribir y parafrasear algunos pasajes de la obra en cuestión. Los autores consideran a las personas homosexuales como una minoría infértil que exige privilegios (página 201) y entienden a la homosexualidad como una enfermedad que se puede curar. Fundamentan largo y tendido acerca de por qué las personas homosexuales no deberían tener los mismos derechos que las demás personas. Por ejemplo, refiriéndose al matrimonio igualitario, dicen: “No otorgarles a estos [los homosexuales] el derecho de contraer matrimonio no encarna discriminación alguna, dado que no son iguales, sino justamente homosexuales”. Más adelante agregan: “todos tenemos los mismos derechos, pero un homosexual, al igual que un ciego, no porta condiciones iguales sino infortunadamente desiguales, por ende, merecen un trato digno pero apartado de la regla general” (página 205). De acuerdo a estas ideas de los autores, las orientaciones sexuales que no se adaptan a los moldes que ellos defienden parecerían quitar la condición de ser humano, de persona.

En el libro califican el matrimonio igualitario de un amontonamiento antinatural al cual se le pretende dar el mismo estatus que tiene el verdadero y natural matrimonio (página 202). Luego, refiriéndose a la adopción de niñas y niños por parte de parejas homosexuales, fundamentan su posición contraria diciendo que el niño “es lanzado a una aventura experimental en donde corre riesgo no sólo su integridad psicológica sino física, al ser forzado a convivir en un círculo tan propenso a enfermedades venéreas o patologías propias de ese ambiente, además... podrían ser abusados por sus propios adoptantes” (página 211). Discriminación es poco.

En el texto descalifican e insultan a los movimientos feministas, dicen que estos colectivos proponen el genocidio infantil y asemejan la “ideología de género” a ideologías que promovieron delitos de lesa humanidad. Defienden y reivindican el acoso callejero, niegan que exista la violencia de género –la intentan desacreditar burlándose de una lucha por la vida– y llegan al colmo del insulto cuando señalan que las mujeres que deciden abortar luego de una violación mienten para poder asesinar. Dicen los autores: “Curiosamente todas las mujeres que quieren abortar dicen haber sido violadas sin tener que probar jamás la violación... en efecto, la inmensa mayoría de estos casos suelen ser burdas mentiras con pretensiones filicidas...” (página 223). Pero por si esto no alcanzara para despertar el asombro y la indignación frente a sus afirmaciones, agregan que es muy poco probable que una mujer quede embarazada en una violación.

¿Es un golpe a la democracia luchar contra la discriminación y la intolerancia? Estoy convencido de que no. ¿Qué pasaría si se pidiera una sala para justificar un holocausto, o para reivindicar la tortura?

Un golpe a la democracia es discriminar, es afectar la dignidad de las personas, es promover la violencia, la agresión y la descalificación como recurso argumentativo. Un golpe a la democracia sería retroceder en los derechos que se han conquistado a raíz de la lucha de los colectivos que Laje y Márquez atacan. Un golpe a la democracia es pensar que existen personas que no merecen ser consideradas sujetos de derecho. Un golpe a la democracia es seguir permitiendo que la vida de las mujeres, los niños y las niñas sea arrebatada por la violencia de género.

Gerardo Nuñez es Diputado del Partido Comunista, (Frente Amplio)