La institucionalidad de la ciencia, tecnología e innovación (CTI) operante en el país, así como la inversión pública que se realiza, han estado últimamente bajo discusión. Sin embargo, más allá de declaraciones generales sobre la “sociedad del conocimiento” o la preocupación del impacto de la tecnología sobre el mundo del trabajo, se ha aportado poco sobre objetivos, prioridades, responsabilidades institucionales y líneas de acción que debiera tener la política nacional de CTI a implementar de cara a ese futuro. Desde hace años no existen pronunciamientos específicos ni del Poder Ejecutivo ni del Parlamento, como tampoco de gran parte de los colectivos políticos y sociales, en un país que ha tenido siempre dificultades para superar las propuestas coyunturales y desafiarse a largo plazo.

Con la asunción del primer gobierno frenteamplista en 2005, y contando con amplio respaldo partidario, varias iniciativas comenzaron a concretarse. Una de ellas fue la elaboración de un primer plan estratégico nacional de CTI (PENCTI), que implicó actividades y participación activa de técnicos e instituciones y fue aprobado en 2010 mediante un decreto del Poder Ejecutivo.

La norma consta de dos artículos. El primero refiere al documento en sí: sus antecedentes, premisas, situación de partida, objetivos y áreas estratégicas prioritarias. Los objetivos son cinco. Tres son macroobjetivos: consolidar el Sistema de Investigación y Desarrollo y su vinculación con las realidades productivas y sociales; incrementar la competitividad de sectores productivos en el escenario de la globalización; y desarrollar capacidades y oportunidades para la apropiación social del conocimiento y la innovación. Los otros dos son objetivos complementarios: contar con recursos formados y capacitados para atender exigencias de una sociedad del conocimiento; y un sistema de prospectiva, vigilancia y evaluación tecnológica como soporte de los objetivos generales. Respecto de los sectores/núcleos de problema y oportunidades a priorizar se enumeraron los siguientes: software, servicios informáticos y producción audiovisual; salud humana y animal; producción agropecuaria y agroindustrial; medioambiente y servicios ambientales; energía; educación y desarrollo social; logística y transporte; y turismo; así como áreas tecnológicas transversales como las TIC y las biotecnologías.

El segundo artículo dispone que las distintas instituciones involucradas en la concreción del plan explicitarán, en sus propias planificaciones e informes, los objetivos y subobjetivos a los que contribuye la actividad que llevan a cabo.

El propio PENCTI señala que “si bien este documento no cierra un proceso típico de planificación estratégica, los elementos presentados pueden resultar suficientes para orientar la asignación de recursos en los años venideros y la evaluación del avance hacia los objetivos, mientras continúa perfeccionándose el sistema de planificación hacia una versión del PENCTI más precisa y, por tanto, con mayor utilidad operativa”. Es decir, el primer PENCTI, en sí, no fue un “plan” en términos clásicos sino un marco referencial, inacabado, para impulsar acciones a ser luego evaluadas.

Para un lector interesado que lea el PENCTI(1) cabría reflexionar al menos sobre tres aspectos. En primer lugar, sobre la vigencia del árbol de objetivos postulado y de las prioridades definidas. Seguramente se coincida en que constituyen una buena base sobre la que probablemente persistan consensos pero que también es necesario realizar importantes actualizaciones en un contexto internacional de aguda globalización enmarcada, además, en una nueva fase de revolución tecnológica. En ese sentido, hay importantes estudios de prospectiva tecnológica, laboral y de desarrollo territorial realizados recientemente que servirían de sustento para, por ejemplo, adecuar y perfeccionar las focalizaciones sectoriales.

En segundo término, sobre el artículo 2º del decreto, salvo la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) durante un lapso, ninguna otra institución pública lo tomó como referencia para su acción. Es decir, ni sus planes de actividades ni sus informes de actuación fueron realizados considerando el PENCTI y su artículo segundo. ¿Tiene sentido reivindicar la planificación, y más aun la participación activa en su proceso, y luego hacer caso omiso a lo definido? Si bien se puede objetar que el PENCTI no adjudicó responsabilidades institucionales específicas, la necesidad de enmarcar lo planificado y actuado institucionalmente en sus objetivos y prioridades tuvo carácter vinculante. De haberse cumplido, hoy se podría efectuar una revisión rigurosa y certera de lo avanzado. Sobre esa omisión no cabe más que reconocerla y actuar en el futuro en consecuencia.

El tercer aspecto sobre el que es necesario reflexionar es, precisamente, el análisis de lo actuado en estos años. Desde estas páginas se ha informado sobre los fondos públicos ejecutados en actividades de ciencia y tecnología y sobre algunos aspectos de los recursos humanos formados. Sin embargo, sobre aspectos centrales como los programas, exenciones fiscales y otras medidas de estímulo a la innovación empresarial y sus resultados; los fondos privados ejecutados; los instrumentos desplegados para apoyar la investigación y sus impactos; el uso de la plataforma científico-tecnológica implementada; la contribución de los nuevos desarrollos institucionales, hay carencia de información o si existe está poco difundida o dispersa y para nada sistematizada.

Hay bases para el segundo; falta liderazgo y ámbito

Con motivo de los 50 años de la creación del primer Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT), el año pasado se llevó a cabo una jornada en la que expusieron sobre CTI representantes de diversas instituciones públicas, académicas, empresariales y voceros partidarios en el edificio anexo al Palacio Legislativo. De acuerdo con la relatoría, hubo importantes coincidencias entre los expositores, con afirmaciones tales como que “resulta imperioso definir lineamientos estratégicos en CTI enmarcados en la estrategia nacional de desarrollo, implementar un espacio autónomo de monitoreo y evaluación de las políticas de CTI, y un mecanismo institucional que vele por el cumplimiento de la estrategia a largo plazo en esta área”.

Ese grado de consenso, en aspectos que eran controvertidos hace no muchos años, puede considerarse parte de la maduración conceptual que dejó la elaboración del primer PENCTI en diversos actores. Lo importante es que hoy se reclama lo que en el PENCTI se postulaba: un proceso continuo de perfeccionamiento de la planificación y operatividad basada en la evaluación de los avances logrados.

Corresponde no desaprovechar esta oportunidad de confluencia. Es posible y preciso generar ámbitos para retomar los intercambios y la construcción. Es necesario un nuevo impulso para relanzar una política de CTI explicitada en un nuevo PENCTI. Hay importantes bases de acuerdo sobre las que trabajar, hay nuevos aportes a sistematizar, hay estudios identificados que es preciso realizar y hay actores dispuestos a contribuir. Resta expresar voluntad política, liderar el proceso y viabilizar el ámbito adecuado.

Edgardo Rubianes es doctor en Biología y consultor. Fue presidente de la ANII.

(1) Ver www.mec.gub.uy/innovaportal/file/32994/1/pencti_decreto.pdf