Resulta impostergable, antes del domingo 27 de octubre, expresar los argumentos personales que sustentan la posición que comparto con más de 280.000 blancos que hoy no apoyan la propuesta de reforma constitucional que se avecina. Es importante porque quisiera que estas líneas aporten al análisis general de lo que el lunes 1° de noviembre podrá constituir un nuevo marco sobre los puntos que propone la reforma. Y es más importante aún porque a veces nos sentimos más comprendidos en el pensar cuando lo hacemos entre correligionarios, y particularmente desearía tener su atención sobre lo que sigue.

Los resultados en seguridad ciudadana dependen directamente de la aplicación de diversas políticas públicas y de la conjunción de múltiples factores que no podrán coronarse positivamente sin un abordaje integral y en profundidad. Además son un indicador del nivel de desarrollo humano y de avance sociocultural de una sociedad.

El Frente Amplio en el gobierno ha fracasado en materia de seguridad pública porque ha fracasado en brindar suficientes herramientas de integración social a una cantidad importante de ciudadanos. Fracasó porque no supo enfrentar una situación compleja, teniendo a su disposición tiempo, recursos y respaldo político suficiente para hacerlo. No lo supo hacer con políticas sociales, no lo supo hacer con educación, no lo supo hacer con vivienda, con acciones de rehabilitación, y tampoco lo supo hacer con represión.

A raíz de esto en los últimos años han surgido múltiples propuestas dentro de las cuales algunas situaron el foco en las causas y otras en paliar las consecuencias. Recordemos, por ejemplo, el Acuerdo Educativo entre gobierno y la oposición, impulsado por Jorge Larrañaga en 2012, que fue incumplido por el Poder Ejecutivo y dejado de lado. Claramente un acuerdo en educación podía influir en los mejores resultados en el largo plazo, y hoy debemos decir que en esto estamos atrasados. Surgieron también otras propuestas como la baja de la edad de imputabilidad, negada por la mayoría de la población, y algunas propuestas legislativas que fueron aprobadas en los últimos años por acuerdos multipartidarios, tendientes a aumentar las penas. Los resultados están a la vista.

En particular el año pasado surgió la propuesta “Vivir sin miedo”, con claro foco en dos factores: el represivo y el punitivo. Sobre la relevancia del mismo resulta importante destacar que una gran cantidad de uruguayos y uruguayas han encontrado en esta propuesta y sus mecanismos una alternativa que los empodera ante la ineficiencia del gobierno en materia de seguridad. No es su contenido la única ruta de cambio aparente, sino que oficia en sí mismo como un mecanismo de expresión ciudadana para la exigencia de un cambio, que de hecho generó la reacción del Frente Amplio en varios aspectos, con resultados aún ineficientes.

Pero como en realidad el fondo de la cuestión no es que se sienta el clamor popular sobre la inseguridad, sino que persigue un cambio a través de la modificación de la Constitución de la República, debemos analizar en profundidad qué es lo que de verdad deseamos para nuestro futuro.

Esta reforma se plantea como una solución de emergencia para la coyuntura actual del país. Sin embargo, de resultar favorable el plebiscito, la modificación constitucional será permanente, difícil de revertir, sobre normas que -en su mayoría- no son de materia constitucional. Y tampoco aborda las causas de la problemática que requiere acciones y políticas de largo plazo, que exceden lo punitivo y lo represivo.

Ingresando en el análisis de las propuestas que esta reforma plantea encontramos un tronco común en lo que refiere a la privación de libertad. Uno de los fines de esta reforma es generar mayor eficiencia en la detención de personas en infracción y a su vez que esas personas permanezcan más tiempo recluidas. Como resultado de eso obtendremos un incremento importante y sostenido en la población carcelaria. Esta reforma no plantea qué sucederá con esas personas que poco a poco continuarán masificando las cárceles de nuestro país. Este punto resulta de gran relevancia para reflexionar sobre las posibles consecuencias del plebiscito del próximo domingo 27. El sistema carcelario tiene algunas excepciones de buena gestión y de programas de rehabilitación eficientes. Pero gran parte del mismo viola innumerables normas internacionales, y esto es determinante para que el objetivo primario de rehabilitación y reinserción sea una meta inalcanzable. Esto se ve reflejado en las cifras y evaluaciones que se realizan tanto por parte del comisionado parlamentario, así como de la ONU y otras organizaciones que estudian la problemática.

Vivimos una situación de emergencia carcelaria y este es otro punto fundamental en el cual el Frente Amplio se ha visto superado, siendo responsable directo de innumerables violaciones a los Derechos Humanos fundamentales. No hablamos de ningún lujo; hablamos de niveles de hacinamiento y aislamiento extremos en muchos sectores, alimentación deplorable, falta de atención básica en salud e higiene, exposición a violencia y delincuencia vinculada a las drogas; ni hablar de oportunidades educativas o laborales, momentos recreación y privacidad personal.

Esta situación, sumada al incremento de la población carcelaria podría ser una bomba de tiempo sin una solución en el horizonte. Las personas privadas de libertad egresan de estas cárceles en peores condiciones de las que ingresaron, y rápidamente retoman el camino de la delincuencia, porque no tuvieron ningún tipo de oportunidad para reinsertarse en la sociedad. Otro gran debe es el acompañamiento del Estado a esos liberados que salen de una celda de dos por dos, con todas las dificultades planteadas, con solo dinero para un boleto. Por eso proyectamos que esta reforma no va a solucionar el problema, ni inmediatamente ni en largo plazo.

Por otro lado, vemos que la pretensión de este proyecto de acotar las penas a la privación de libertad únicamente, reduciendo las penas alternativas, potencia la situación carcelaria actual quitando incentivos para la rehabilitación, e incrementando la segregación social -más cárcel, más aislamiento, menos integración, menos comunidad-.

También quitar la libertad anticipada significa un gran desincentivo, genera falta de interés en superarse, en intentar mejorar, y mucho más para penas de reclusión permanentes revisable con mínimo de 30 años. En este último caso la reforma tampoco establece mecanismos que den garantías de un proceso justo luego de los 30 años de prisión, ni la revaluación en casos de ser rechazada la liberación del penado, constituyendo así cadena perpetua.

Respecto a otro de los puntos que plantea la reforma, la conformación de la Guardia Nacional, con 2.000 efectivos militares, dependientes del Ministerio de Defensa en coordinación con el Ministerio del Interior, consideramos que tampoco es la solución al problema de la seguridad pública actual. En este sentido no podemos dejar de considerar la evolución histórica que ha tenido nuestro país en cuanto a paz interior, siendo interrumpida únicamente por episodios coyunturales -a veces duraderos- que quedaron como oscuros mojones en la historia nacional, con heridas que superan a los “bandos” y que son los puntos de mayor discordia entre uruguayos. Esa convivencia pacífica, esa visión humanista que acompaña una línea evolutiva de nuestra historia, no concilia con la creación de una fuerza cuyo origen y cometido no es velar por la seguridad ciudadana en los términos que lo hace hoy la Policía Nacional, sino que rige en su núcleo el objetivo máximo de defender la integridad de la Nación, su soberanía y sus bienes, con una formación mucho más estructurada y rígida en el cumplimiento de objetivos, con menos énfasis en el relacionamiento y la convivencia en paz de una sociedad cuyos problemas son notorios, y que requiere sí de enfoques estrictos, pero también de entender cómo se dan ciertos procesos y cómo se pueden encarar de manera de no quebrar un estado que hemos podido mantener, aún con una comprometida situación de inseguridad.

El Ministerio del Interior cuenta con recursos más que suficientes para enfrentar esta crisis de inseguridad. Los fondos destinados a la seguridad se han multiplicado en los últimos años, lo que refleja nuevamente la incapacidad del gobierno actual para revertir la situación. Cuando hablamos de que el Partido Nacional es la opción para el cambio, referimos a un programa que aborda la problemática en forma integral. En particular el sub-capítulo de Seguridad Ciudadana (dentro del capítulo “Recuperar la convivencia”), detalla 137 acciones referentes a la mejora en la gestión de la seguridad en general, a la prevención y disuasión del delito, al fortalecimiento del servicio policial, a la represión del delito y a la gestión de privación de libertad. Por otro lado en los capítulos “La integración social como tarea de todos” y “Apostar al conocimiento y la cultura” se plantean gran cantidad de acciones que conforman un abordaje integral, dentro de los que se encuentran los cambios propuestos en políticas sociales, educación, deporte, cultura, vivienda, entre otros.

Sin querer omitir ningún punto de la reforma, en referencia a los allanamientos nocturnos, este sí de materia constitucional -rige desde 1830-, no puedo dejar de pensar en las consecuencias o daños colaterales que podría generar un operativo con participación de militares en un barrio donde habitan niños, jóvenes o personas mayores, con la dificultad que representa la noche para todos los involucrados, donde una falla puede significar una vida. Sobre todo en barrios más vulnerables, donde las construcciones están muy concentradas y las debilidades son mayores.

Debemos preguntarnos si los beneficios y la eficacia de esta modalidad son suficientemente importantes como para actuar con ese nivel de riesgo. Aún pensando que podría ser justificado, con los argumentos que tengo hoy sobre la mesa, tampoco apoyo este punto.

Para superar problemas complejos se requieren soluciones profundas. Ante malos resultados debemos transitar otros caminos. Es indispensable un cambio de rumbo, basta de hacer las mismas cosas. Las penas se incrementan desde hace muchos años. Esta reforma continúa esa línea, repite viejas recetas que no garantizan un buen resultado. Y la violencia genera más violencia. Esto no es novedad.

Animémonos a un cambio en serio. Votemos al Partido Nacional, confiemos en un gran equipo de personas con experiencia y sensibilidad, que han pensado y trabajado incansablemente por un proyecto país, sin esta reforma. Permitámonos con los recursos que tenemos hoy hacer las cosas bien. Va a ser posible. Los blancos apostamos a nuestro programa y a nuestros equipos, y votamos sin papeleta. Porque así, estamos preparados.

  • Matías Stagnari es militante del Partido Nacional, integrante de la agrupación Generación.