Los uruguayos nos impacientamos mucho, fácil y rápido frente a cualquier falla en el suministro de algún servicio público. El error de un funcionario, que agregó más cal viva de la necesaria al agua en una planta de OSE, ocasionó un episodio de turbiedad que tuvo amplia difusión. El comprensible malhumor de los afectados quedó expuesto en los informativos de la televisión. La reiteración de episodios que son presentados o interpretados como fallas de “la gestión” genera un agravamiento del malestar social que está instalado. Removerlo resultará complejo.
Pero no se mide todo con la misma vara. Con la gestión privada se es infinitamente más tolerante. Pensemos, por ejemplo, en casos y situaciones que ocurren en la atención de la salud. ¿Percibimos de la misma forma las colas, las esperas, la falta de algo en el hospital que en una mutualista? ¿Se ocupan los medios de la misma forma de todos los episodios similares?
Pensemos en UTE, OSE, Antel, y en ANCAP también. En los cortes de luz hace diez años y ahora. En la calidad del suministro hace diez años y ahora. En el precio hace diez años... En general, las tarifas evolucionaron por debajo de la inflación de manera sistemática, y como los salarios subieron por encima del costo de vida, las jubilaciones también lo hicieron. La relación de nuestros ingresos con las tarifas públicas ha mejorado de forma permanente en los últimos años. Pero eso no lo tenemos claro ni lo percibimos como un beneficio producto de una política determinada.
A lo largo de los últimos 12 años UTE cambió en aspectos sustanciales. El primer paso fue asegurar la disponibilidad de energía eléctrica y bajar la dependencia de los derivados del petróleo, una alternativa muy cara. Luego se intentó transitar algunos caminos que se ensayaron en gobiernos anteriores a los del Frente Amplio (FA). Se profundizó la política de llegar con energía eléctrica a todo el territorio. En especial es notorio el esfuerzo de UTE para estar en todos los pequeños pueblos, llegar a las escuelas más alejadas, a los establecimientos más aislados. Se intentó –con poco éxito– concretar el uso de gas. Pero en lo que se ven los mejores logros es en la generación de energía a partir de fuentes renovables: agua, viento, luz solar, biomasa.
El relato, funcional a intenciones a veces inconfesables, pone el énfasis en que la energía eléctrica no baja de precio. Algunos sectores, por ejemplo, reclaman una baja de 20%, “de una” y para todos los consumidores. El gobierno atendió ese reclamo, en principio para beneficio de la producción familiar en el medio rural. Ahora lo extendió a las pequeñas y medianas empresas urbanas, generalmente familiares y poco más que una fuente de trabajo por cuenta propia. Las ganancias del ente, que superaron los 200 millones de dólares en 2018, serán usadas por el gobierno para atender requerimientos del Presupuesto nacional.
En la UTE de antes, los directores llegaron a tener, cada uno, más de 20 secretarios o secretarias en su despacho. Muchos eran caudillitos locales a los que primero les daban trabajo en el ente, luego los pasaban a la secretaría con beneficios importantes y entonces estaban prontos y disponibles para operar como políticos, cada uno en su lugar. Tengo en mente un caso concreto que además, por ser edil en el interior, veo difícil que cumpliera otra tarea que la de juntar votos. Durante décadas ha cobrado un muy buen sueldo que le significará una buena jubilación, y mientras tanto, ha hecho prosperar sus negocios personales. Algunas cosas se cortaron con el arribo del FA al gobierno, pero algunos privilegios se consideraron “derechos adquiridos” y no se tocaron.
En OSE fue distinto. Allí, por ejemplo, era escandaloso el tema de los autos contratados (bueno, sí, en UTE también lo era). Cada director tenía en la puerta ¡tres autos con chofer! a su disposición. Se terminaron esos contratos y los “secretarios” volvieron a sus cargos, con la tarea y el sueldo que les correspondía.
Tanto UTE como OSE, en caso de cortes prolongados del servicio (que por cierto no tienen la frecuencia ni la duración de antes) otorgan un resarcimiento económico al cliente. Pero en el caso del último episodio, en Ciudad de la Costa, responsabilidad de un error humano, se promueve la presentación de una demanda contra el ente. Nadie parece percibir que eso es ir contra todos los uruguayos que somos los dueños de las empresas públicas.
Mientras es permanente la difusión del descontento y los reclamos contra los entes públicos y las intendencias gobernadas por la izquierda, un pesado manto de silencio cae sobre las contrataciones, los gastos y los problemas de administración de los gobiernos departamentales en manos de la blanca oposición. Es parte de la política. Además, los errores y carencias propios no se explican ni justifican en los ajenos.
En el caso de Antel, de los intentos privatizadores de los 90 hasta acá la historia es larga y ejemplar. ¿Se acuerdan de cuando había que esperar años para tener un teléfono? ¿Y de que cuando era ministra de Industria, Energía y Minería la ingeniera María Simon eliminó, con la oposición de “los contadores”, la tarifa de “larga distancia”? Al ente de las comunicaciones le pegaron duro y durante años porque sus tarifas eran caras. Ponían como ejemplo las compañías privatizadas en la región. Ahora tenemos –otra ingeniera, Carolina Cosse, fue protagonista de esta historia– la mejor conexión por fibra óptica, y la más barata. Es pública y eficiente, de eso casi no se habla.
Corre por cuenta y responsabilidad de la izquierda no haber sabido construir los canales de comunicación adecuados para enfrentar la guerra mediática. Dicen que “más vale tarde que nunca” y hasta que “nunca es tarde cuando la dicha es buena”. También corre por cuenta de la izquierda administrar con eficiencia y transparencia. Y por cuenta de sus representantes y adherentes ser (y parecerlo) republicanos, demócratas y austeros.
Dejamos para lo último el caso de ANCAP. Dura lección, no sé si bien aprendida. La planificación estratégica no es enemiga de los controles permanentes, al contrario. Se define de forma democrática, en el caso de la administración pública, objetivos y metas. Se acuerdan caminos y se mide de manera objetiva y sistemática los resultados.
Los controles deben ser ejercidos fundamentalmente a nivel de gerencias. Pero sin olvidar que las responsabilidades últimas están en las direcciones políticas. Es proverbial la debilidad de los directorios frente a los gerentes. Los primeros pasan, los segundos quedan. Y no son pocos los casos de funcionarios que vienen de lejos, con lealtades e intereses que nada tienen que ver con el ente, con sus dueños, que somos todos, y menos, mucho menos, con el gobierno actual.
David Rabinovich es periodista en San José.