Los años 90 fueron el gran motor del incremento en la contratación de proveedores externos dentro del Estado para llevar a cabo actividades que bien podrían realizarse internamente. Para el mundo empresarial este fenómeno representa usualmente grandes ventajas, ya que permite a la empresa enfocarse en aquello que le agrega más valor. En la misma lógica, muchos han tomado el camino de la terciarizacion para servicios dentro del Estado, entendiendo que así se resolverían muchos de los problemas que el propio Estado debía resolver con trabajadores propios.

Muchos hemos entendido este proceso como una privatización encubierta, ya que al no poder enajenar los bienes, principalmente los entes públicos, en forma general (el pueblo se movilizó y dio por tierra con el proceso de privatización), lo han hecho mediante la contratación de empresas para generar servicios. De esta manera, además de evitar la incorporación de trabajadores o, lo que es más complejo, de perder cargos genuinos, se pierde identidad y fidelidad con respecto al propio Estado.

Estas conductas se fueron profundizando, lo que generó una gran flexibilidad laboral, una alta tasa de recambio, precariedad en el empleo y hasta aumento del gasto. El nuevo mercado de trabajo abre puertas a la inestabilidad y a la falta de derechos genuinos, creando además una nueva cultura del trabajo: hay mayor desinterés y desapego en las nuevas generaciones, y algunos trabajadores, en su búsqueda de reincorporación al mercado, aceptan reglas que en otros tiempos serían inaceptables para un trabajador.

Con la promulgación de la Ley 18.099 y su modificación prevista en la Ley 18.251, se comienza un nuevo tiempo para estas prácticas de contratación en el mundo de la producción y los servicios, incluido el propio Estado. La norma da cierto respaldo a los trabajadores, trasladando la responsabilidad de cumplir con las obligaciones contractuales a quienes contratan a las empresas proveedoras de servicios, en caso de que estas no cumplan, por ejemplo, con el salario y las leyes sociales.

¿Por qué destercerizar?

En estos tiempos hemos visto innumerables conflictos relacionados con colectivos de trabajadores que toman diversas medidas en defensa de sus puestos de trabajo, de la estabilidad y de la verdadera calidad de los servicios que se brindan. Hemos visto cómo algunas empresas incumplen sistemáticamente con sus obligaciones y es el propio Estado el que debe asumir los costos y, por lo tanto, las pérdidas que sufrimos todos como consecuencia de esas acciones.

Es absolutamente necesario tener bien documentado el comportamiento de todos los que son o pretenden ser proveedores de Estado. Esta información da garantías a aquellos que cumplen con todos los requisitos y desestima a aquellos que no los cumplen, lo que permite evitar, entre otras cosas, la necesidad de asumir la responsabilidad de terceros por parte del Estado. Muchos de los proveedores actuales no cumplen, y han traspasado sistemáticamente la línea de los manejos administrativo-financieros correctos, presentando pliegos en licitaciones sin tener un verdadero estudio de costos, lo que lleva a pérdidas para la empresa. Quienes pagan en primer lugar estos errores son los trabajadores.

Este tipo de información es central para poder tomar decisiones correctas en los llamados y para dar las mayores garantías a todas las partes: a los trabajadores, a la empresa y al Estado. Se necesita, además, mayor regulación por parte de las leyes que definen los procesos de compra dentro del Estado, que se permita tomar decisiones apropiadas en los momentos oportunos, asumiendo la mayor responsabilidad por quienes tienen que gestionar, para de esta manera generar los mejores servicios y responder a la ciudadanía ante sus necesidades.

Hoy se vuelve complejo tomar algunas decisiones, a raíz de la falta de respaldo jurídico. Muchas veces se ha querido desestimar empresas sabiendo que no han cumplido, y esto le ha generado costos muy altos al Estado: no se las ha podido eliminar de los listados de proveedores y, por lo tanto, en muchos casos debemos enfrentar los mismos problemas y los mismos costos ante situaciones similares.

El ejemplo más claro ha sido la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Ciertas empresas, principalmente en el área de limpieza, presentan pliegos en licitaciones de diferentes unidades ejecutoras y, habiendo fallado en unas, logran la adjudicación en otras. De esta manera trasladamos los problemas de una unidad a otra, y no logramos erradicar de raíz el problema de fondo.

Es inminente y necesaria una normativa nueva, con alcances diferentes, que entienda las realidades actuales y las proyecciones hacia el futuro necesarias. Parte de la regulación deberá estar sujeta a las realidades de quienes prestan servicios; se deberá reconocer la formación, nivelar los ingresos salariales estableciendo una tabla única de remuneraciones, identificando las funciones y resolviendo las desigualdades existentes. También se debe regular costos como consecuencia de pagos desmedidos que, en muchos casos, disfrazan ganancias con salario.

De aquí en más

Es necesario explorar caminos nuevos y profundizar la reforma sanitaria. Uruguay ha dado un paso fundamental al construir una reforma profunda de la salud orientada a las necesidades de la población, pero debemos avanzar hacia cambios que realmente contemplen la premisa fundamental, que es erradicar el lucro en relación con un derecho fundamental. El país hace una inversión muy fuerte, año a año, para lograr prestaciones de calidad con una mirada universal, y desde el plano político se debe tomar decisiones firmes para impulsar los siguientes pasos de la reforma: complementación en igualdad de condiciones, recursos genuinos para todos los actores, regulación fuerte con respecto a los avances en salud, y profundización de la construcción de derechos que den garantía tanto a los trabajadores como a los usuarios.

Los nuevos tiempos en el país avanzan hacia un mercado de trabajo en el que la salud y los cuidados juegan un papel central; entre todos los actores –organizaciones de usuarios, trabajadores y el Estado– debemos llevar adelante una interacción más fluida y lograr que la incorporación de los colectivos a los debates sea fuerte, ordenada y clara, ya que quienes conviven a diario con los servicios tienen mucho para aportar.

Es necesario aprender de los errores, no dejarnos empujar por la inmediatez, razonar y construir desde la verdadera conciencia colectiva. Transitar por el camino del cambio profundo, recuperar valores como la solidaridad y el sentido de unidad, despojados de la individualidad que ha marcado el proceso de estos tiempos, de la pérdida de conceptos que nos convertían en una sociedad diferente. Seremos lo que queramos ser, pero no debemos perder de vista que lo que forjemos no será sólo para nosotros, sino también lo que dejemos para otros.

Pablo Cabrera es director de ASSE en representación de los trabajadores.