El acuerdo Mercosur-UE y los cambios en la producción: un punto de inflexión

La construcción del “país de las oportunidades” implica necesariamente una profunda revisión de las ideas, prácticas y métodos que llevamos adelante históricamente, así como del coraje de modificar aquellos que ya no nos sirven. Debemos repensar tanto las prácticas de consumo como los mecanismos de generación de valor en todos sus rubros: industrial, turístico, de servicios y agropecuario. Respecto de este último punto, motivo de la columna de hoy, creemos que estamos en un momento de inflexión. Hasta hace pocos años eran pocas las voces que advertían sobre el límite de un modelo, y las excusas para su prevalencia eran económicas; el cuidado del ambiente era visto como el freno al crecimiento y al desarrollo económico.

El modelo actual

El modelo del agronegocio instalado en la región desde hace tiempo, pero implementado con mayor fuerza desde la década de 1990, sustituyó a agricultores por empresas de producción sin vínculo con la tierra, estableció como necesidad sine qua non la integración de paquetes tecnológicos con fuerte dependencia del petróleo, y su aplicación masiva trajo aparejada una pérdida de calidad de los suelos y contaminación del agua por nutrientes.

El mercado internacional de commodities agrícolas –de los granos– es manejado por muy pocas empresas integrando verticalmente las fases del negocio¹, por lo que su funcionamiento es oligopólico². Esto implica que controlan la dinámica de precios y de tecnología a ser utilizada (venta de semillas transgénicas y pesticidas asociados, entre otros), lo que genera una importante vulnerabilidad al sector, que pasa de tiempos de altos precios a otros en los que las ganancias son nulas o muy bajas. Esto hace que las unidades productivas rentables sean cada vez de mayor tamaño, expulsando a los productores medianos y chicos, extranjerizando y concentrando aun más la tenencia de la tierra.

Con este modelo se corre el riesgo de quedar fuera frente a decisiones de consumo o estratégicas. Nuestro país puede mejorar la eficiencia de sus procesos, pero nunca va a ser competitivo, debido a los costos de producción, frente a países con mayor economía de escala y desregulaciones laborales. Lo que está sucediendo con la industria del cuero es un ejemplo: un estudio realizado en 2011 mostraba que 83% del precio de los productos estaba asociado al precio del cuero, y eso era una ventaja para Uruguay por la disponibilidad de materia prima. Pero en los últimos años, cambios drásticos en los patrones de consumo mundial hicieron que el mercado global disminuyera, cambiando la estructura de costos. Hoy sólo aproximadamente 25% del precio del producto final es por el costo del cuero, lo que hace muy difícil la competencia para la industria nacional.

Ahora la economía está del lado del ambiente

Hoy ya no hay dudas: ante mercados cada vez más exigentes y un acuerdo con la Unión Europea (UE) que nos permitirá ingresar a una población superior a 500 millones de consumidores, la única alternativa futura para el Uruguay agropecuario es la diferenciación de origen, apostando a productos de alta calidad y no a commodities.

En este sentido, el reciente Acuerdo de Asociación Estratégica entre el Mercosur y la UE establece en el capítulo dedicado al desarrollo sostenible condiciones ambientales que deben ser cumplidas. A modo de ejemplo de lo que en el futuro puede significar este acuerdo, conviene tener en cuenta las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron³, y observar lo que sucedió con el acuerdo⁴ UE-Chile (que le significó a este último un incremento en las exportaciones de casi 4% anual desde hace 15 años), que debió adaptarse y dar cumplimiento a normas en materia de:

• Inocuidad (Reglamento 178/2002 General Food Law);

• Calidad de productos (Reglamento 543/2011);

• Uso de productos fitosanitarios: el Reglamento 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo define las sustancias que están permitidas en materia fitosanitaria para el ingreso de productos agrícolas;

• Límites máximos de residuos (LMR): el Reglamento 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo establece las normas aplicables a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y raciones de origen vegetal y animal. Los productores agrícolas deben ajustar sus programas fitosanitarios al uso de plaguicidas autorizados/permitidos en la UE, de manera de evitar rechazos de los productos vegetales ingresados a la UE.

• La autoridad regulatoria de Chile debió establecer un Programa de Vigilancia de Residuos de Plaguicidas en vegetales, carnes, entre otras, de tipo permanente y auditado internacionalmente, de manera de demostrar que los productos exportados son inocuos y cumplen con las prácticas productivas para exportar a la UE.

Adicionalmente, existen exigencias contempladas en relaciones directas entre privados pero que se aplican para poder tener acceso a mercado. Entre ellas se cuentan la Global GAP, la norma de buenas prácticas agrícolas, y la regla de comercio ético (ETI, por sus siglas en inglés), que busca que los trabajadores estén libres de explotación, discriminación y puedan gozar las condiciones de libertad, seguridad e igualdad en sus trabajos.

Un claro ejemplo nacional de lo que hemos venido planteando es el caso de la carne: mediante políticas públicas Uruguay apostó a destacarse en el mundo por la calidad sanitaria en toda la cadena (producción e industria), la constante incorporación de tecnología y la trazabilidad del producto. Esto ha permitido tener un negocio seguro, con demanda y precios sostenidos. La mayoría de la producción se basa en la cría sobre campo natural, de pequeños y medianos productores distribuidos en todo el país. El siguiente desafío es que el producto incorpore a la trazabilidad los valores ambientales y sociales, para seguir apostando a la diferenciación.

El acuerdo con la UE permite sumar al imperativo ético de realizar una producción sostenible la oportunidad comercial de colocar esa producción en los mercados que exigen y pagan por productos con certificaciones medioambientales reconocidas. Si bien el acuerdo con la UE tardará algunos años en ser instrumentado, Uruguay debe comenzar a implementar los cambios que permitan llegar a ese momento con una ventaja comparativa frente a nuestros vecinos.

Tiempo de definiciones

Si uno analiza este tema en los programas de gobierno presentados por los principales partidos políticos, vemos que los de la oposición se centran en medidas para “abatir los costos”. Estos planteos, además de ser de dudosa efectividad, no significan ninguna innovación estratégica para el futuro y siguen anclando al Uruguay de los commodities agrícolas. El programa del Frente Amplio es el único que incorpora propuestas concretas para el desafío que implica el acceso a mercados exigentes. Con propuestas para agregarle valor a nuestra producción, proyecta el estímulo directo a la producción familiar, orgánica y agroecológica, a la industrialización cuidadosa del ambiente, la economía circular, el análisis de riesgo ambiental y de salud en el registro de plaguicidas y su vigilancia posterior, para mencionar sólo algunas propuestas.

Sabemos que incluso en el FA hay visiones diferentes, pero el análisis nos coloca con claridad ante la necesidad de tomar una definición: ¿seguimos en el camino que nos trazaron los gobiernos neoliberales en los 90, apostando a commodities agrícolas, o asumimos la responsabilidad de hacer un quiebre y vamos por la construcción del país de las oportunidades? Hoy tenemos la responsabilidad de avanzar en el último sentido: los últimos años de gobierno dejaron el escenario para un salto de calidad.

Alejandro Nario es director nacional de Medio Ambiente