Priorizar la infancia

Hace muchos años que las organizaciones de defensa de los derechos humanos, especialmente las defensoras de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, organizaciones feministas, operadores sociales, tanto públicos como privados, autoridades de distintas instituciones del Estado, referentes políticos, legisladoras, referentes de la academia, entre otros, estamos preocupadas y ocupadas por la causa de los niños, las niñas y los adolescentes.

Se han ensayado múltiples respuestas y programas que han impactado positivamente en las realidades de nuestros niños, niñas y adolescentes. Se ha hecho un esfuerzo enorme para fortalecer y mejorar la respuesta de atención en la primera infancia, la respuesta en los casos de violencia intrafamiliar, la respuesta en salud y el acceso a la educación. No hay dudas de los avances significativos y positivos en estos y muchos otros ámbitos.

A pesar de ello, la situación de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país enfrenta enormes complejidades y fragilidades. La razón principal radica en nuestra cultura; vivimos en un mundo que no prioriza a los niños, niñas y adolescentes y que sigue viéndolos como objetos de propiedad, como personas inferiorizadas, que no saben lo que dicen, cuya palabra y opinión no tienen valor, que pueden aguantar cualquier cosa, porque todo lo hacemos por su bien. Tenemos grabada a fuego la idea de que la familia es el mejor lugar para que un niño crezca, a pesar de que una y otra vez asistimos a las torturas infinitas y los infiernos cotidianos que algunos niños padecen en sus hogares. En algunos casos esos infiernos terminan en asesinatos, violaciones reiteradas, explotación sexual y suicidios, entre otras horribles situaciones.

Nuestra cultura adultocéntrica no permite que los problemas de la infancia y la adolescencia ocupen lugares relevantes en la opinión pública, en las agendas políticas, en el lobby internacional. La causa de los niños y niñas ha quedado relegada durante décadas por urgencias adultas.

La seguridad en el caso de los delitos relacionados con la propiedad privada (robos, rapiñas) es un tema central en la vida de nuestro país; tragedias como los asesinatos en el marco de una rapiña generan no sólo conmoción, sino la inmediata movilización social. Vecinos que se manifiestan en las calles, reacciones inmediatas de referentes institucionales, políticos, sociales, comunitarios, se elaboran estrategias mediáticas para sostener casi ininterrumpidamente este tema en la vidriera pública, entre otras.

Cuando ocurre una situación de violencia en el fútbol que pone en riesgo la continuidad de los partidos programados, el país se paraliza, no queda nadie sin alzar la voz, haciendo propuestas, generando campañas, movilizando recursos para enfrentar la contingencia, bombardeando a la opinión pública de voces indignadas, de reproches cruzados, y se organizan comisiones con poder de decisión y recursos económicos para diseñar respuestas. Este es sólo un ejemplo de los diversos temas a los que nuestro país les da un lugar relevante.

Cuando ocurre un femicidio, cuando asesinan a niños, niñas o adolescentes en sus hogares, nada de esto sucede, salvo la conmoción pública y el clamor popular pidiendo que los maten a todos (al asesino y a la madre) o que les den cadena perpetua o que en la cárcel les den su merecido.

Quienes están en las calles movilizadas, manifestando su dolor, su indignación y exigiendo justicia, son las generaciones más jóvenes, “las pibas”, como suelen llamarse. Las alertas feministas son convocadas y sostenidas por las pibas que resisten en la calle, que intentan mostrarle a esta sociedad adultocéntrica y machista que estos temas también importan y que cada vez más gente se suma con ellas a exigir que paren de matarnos. También salen a las calles las integrantes de Mujeres de Negro, que todos los primeros jueves de mes se manifiestan en riguroso silencio por la causa de los niños, niñas y adolescentes y por las mujeres víctimas de violencia de género.

Los medios de comunicación en los últimos tiempos han jugado un rol relevante en hacer visible y dar espacios para hablar de la infancia y la adolescencia, en especial en casos de violencia. Sin embargo, se agota rápidamente la posibilidad de sostener el tema en la primera línea de noticias, porque no hay interlocutores que asuman darles relevancia política a estos temas.

A partir de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño y su ratificación, en la década de 1990, iniciamos un proceso país para reposicionar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Los expertos sostienen que la Convención es la Revolución Francesa que llega a los niños 200 años después para conferirles, también a ellos, derechos humanos. La Convención interpela al mundo adulto a cederles poder a niños y niñas, pero los adultos no estamos tan dispuestos a ello.

La aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia en 2004 marcó un antes y un después en la historia de la infancia en este país y lentamente comenzó a tensionarse para que las estructuras mentales e institucionales comenzaran a mirar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, a tomar en cuenta sus opiniones, a valorar sus expresiones, a escucharles e informales sobre sus asuntos y a anteponer su interés superior frente a las arbitrariedades del mundo adulto.

La lucha contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia cobró un impulso muy importante con la creación del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a las Violencias (SIPIAV) en 2007 y se ha avanzado, con un enorme esfuerzo de las instituciones, en diseminar la idea, a lo largo y ancho del país, de que las violencias son una vulneración grave de los derechos humanos. Desde este mecanismo interinstitucional se generaron estrategias, articulaciones, capacitaciones, instrumentos múltiples, logrando que el país abriera los ojos a una realidad silenciada. Hoy aún estamos despertando a una realidad que nos cuesta ver, creer, entender y abordar.

Este camino tomado fue productivo, fue necesario, fue significativo. Pero hoy estamos enfrentando nuevos retos y complejidades, estamos logrando llegar a develar las situaciones más dramáticas e intolerables que un niño, niña o adolescente puede sufrir. Y los sistemas de respuesta e intervención que tenemos como país no nos están alcanzando. En algunos casos están perimidos, resultan inadecuados; en otros, resultan aún muy insuficientes.

Hoy necesitamos dar un nuevo salto cualitativo. Así como dimos el salto cualitativo al aprobar el Código de la Niñez y la Adolescencia en 2004, hoy debemos dar otro paso y animarnos a generar nuevas respuestas, nuevos instrumentos, construir una nueva institucionalidad para la infancia y la adolescencia que permita dar respuesta a lo que nuestros niños, niñas y adolescentes hoy necesitan para crecer con bienestar.

Es necesario y urgente priorizar políticamente la causa de los niños y jerarquizar su abordaje. Es necesario y urgente diseñar un sistema de promoción y protección de la infancia y la adolescencia con la más alta jerarquía política. Es prioritario dar un salto cualitativo: no se trata sólo de mejores coordinaciones y articulaciones entre las instituciones ya existentes, sino de generar nuevos modelos, una nueva institucionalidad. El actual sistema de protección, con independencia de todos los esfuerzos realizados en los últimos 20 años, mantiene en su seno prácticas intolerables de desprotección y daño. Es necesario y urgente desmontar instituciones que nacieron bajo la perspectiva tutelar, mucho antes de que los niños y las niñas fueran considerados humanos con derechos, y que presentan límites infranqueables para su reforma.

Es preciso terminar con la exigencia de adaptación de los niños, niñas y adolescentes a las instituciones que tenemos y empezar a imaginar, a construir las que necesitamos.

Nacen apenas 44.000 niños y niñas por año. Parece difícil pensar que no podemos como sociedad recibirlos de otra manera, garantizarles a todos ellos y ellas condiciones adecuadas de desarrollo y bienestar.

El Parlamento Nacional tiene a estudio un proyecto de ley –Ley de Garantías para el Desarrollo, Atención, Educación y Protección Integral de la Primera Infancia– que, entre otras cosas, propone la creación de un Gabinete de Infancia, con la más alta jerarquía política. Esta es una oportunidad real y concreta para sentar las bases de ese salto cualitativo. Este proyecto de ley genera un nuevo escenario, una nueva configuración institucional, abre una rendija para poder pensar la infancia y la adolescencia de una manera distinta.

Este es el momento para poder hacer algo concreto y movilizar las estructuras del Estado en favor de los niños, niñas y adolescentes. La posibilidad es hoy.

Paula Baleato es socióloga y coordinadora del Programa Infancia El Abrojo, integrante de la Asociación Nacional de ONG (ANONG) y del Comité de los Derechos del Niño Uruguay; Cristina Prego es socióloga, directora de la Asociación Civil El Paso, integrante de la comisión directiva de ANONG; Andrea Tuana es directora de la Asociación Civil El Paso, integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y de la Intersocial Feminista.