En nuestro país muchas mujeres, niñas, niños y adolescentes son víctimas de violencia doméstica. Tal vez por miedo, por creer que es una conducta “natural” o por creer que esa es una forma del amor, no dicen nada. Conocer la realidad de la violencia doméstica es el primer paso para cambiarla. Tenemos derecho a una vida sin violencia.

¿Qué es la violencia domestica? La Ley 17.514 establece en su artículo 2º: “Constituye violencia doméstica toda acción u omisión, directa o indirecta, que por cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo o con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de hecho”.

También es importante tener presente el artículo 3º de la ley mencionada anteriormente, que establece las distintas manifestaciones de la violencia doméstica; emocional o psicológica, sexual y patrimonial. Según datos oficiales del Ministerio del Interior (MI), en 2005 hubo en todo el país 5.037 denuncias. En los años siguientes la cifra creció de forma alarmante, y el último dato oficial arroja 32.307 denuncias en 2018. Con respecto a las distintas manifestaciones de la violencia doméstica, en 2018 la violencia emocional o psicológica representó 52%; la violencia física, 42%; la violencia física y sexual, 3%; la violencia patrimonial, 2%; y la violencia sexual, 1%.

Según los datos de 2018, la mayor cantidad de víctimas mujeres (85%) sufre violencia doméstica entre los 18 y 38 años, mientras que en el caso de víctimas hombres, la mayor cantidad (54%) la sufre hasta los 12 años. Con respecto a los indagados, la mayor cantidad de hombres tiene entre 39 y 58 años, seguidos por la franja etaria de 18 a 38 años. En el caso de las indagadas mujeres, la mayor cantidad tiene entre 13 y 17 años, seguidas por la franja etaria de 59 años o más (26%).

Teniendo presente que Canelones es el segundo departamento, después de Montevideo, con mayor cantidad de tobilleras electrónicas (14%) aplicadas como medida de seguridad, me gustaría abordar la realidad de Canelones desde la óptica de las Unidades Especializadas en Violencia Doméstica y de Género, dependientes del MI. Actualmente existen seis unidades, que se encuentran en Las Piedras, Pando, Toledo, Santa Rosa, Santa Lucía y, la más reciente, en Solymar (antes estaba en Colonia Nicolich). Si bien sus creaciones –recientes– implicaron un avance, queda mucho por hacer, como se verá a continuación.

Salvo excepciones, la mayoría de estas unidades carece de personal. La tarea de custodia de la víctima, en los casos de falta de tobilleras, demanda importante cantidad de personal, lo que genera que el personal designado para tareas administrativas –por ejemplo, recibir denuncias, tomar declaraciones, etcétera– en las respectivas unidades sea mínimo, lo que complica aun más la labor diaria.

Por otro lado, en lo que tiene que ver con las condiciones de infraestructura, la mayoría no cuenta con condiciones adecuadas de trabajo. Esto no es menor, al menos en lo que tiene que ver con el debido cumplimiento de los procedimientos legales.

Y las que se mejoraron estuvieron muchos años trabajando con malas condiciones de infraestructura. Por ejemplo, la unidad que se encontraba en Colonia Nicolich (actualmente en Solymar) trabajó durante siete años con mala infraestructura, recién el año pasado mejoró, y eso implicó su traslado a otro municipio. La Unidad de Pando trabajó durante cinco años con mala infraestructura y recién hace un par de años que mejoró, lo que también implicó un traslado (dentro del mismo municipio).

Con respecto a las denuncias, la mayoría recibe más de 100 por mes. Si bien durante el año la cantidad de denuncias no varía, existen circunstancias determinantes que inciden en el número: entre otras, los casos de violencia doméstica que toman notoriedad pública, así como fechas especiales como Navidad y Año Nuevo, en las que los sentimientos de las personas toman un valor distinto. Finalmente, todas las denuncias tienen igual prioridad, a excepción de situaciones muy específicas, como cuando la víctima es un niño o una niña.

Con respecto al procedimiento, en todas las unidades se ajustan al establecido en la Ley 17.514, que implica: recepción de la denuncia, toma de declaración al denunciante y posteriormente al denunciado, evaluación de la situación, y pase al juez competente para que resuelva y dicte una medida cautelar, de las previstas en el artículo 10º de la ley mencionada, para que finalmente la propia unidad o policía comunitaria haga el seguimiento de la medida adoptada.

¿Cuáles son las medidas de protección más utilizadas? El numeral 3 del artículo 10º establece: “Prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor en el domicilio o residencia, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente la víctima”. El numeral 4, por su parte, prevé la posibilidad de “Prohibir al agresor comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar en relación con la víctima, demás personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho”.

Por último, en lo que respecta a los centros de acogida para víctimas de violencia doméstica, lo positivo es que existe comunicación con el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay y con el Ministerio de Desarrollo Social, pero lo negativo es que todas las unidades, cuando el caso lo demanda, derivan a Montevideo, porque en Canelones actualmente no existen centros de este tipo.

Conclusiones

La violencia doméstica es una problemática que trasciende a los partidos políticos, por lo tanto, para el próximo período de gobierno, sea cual sea el partido que asuma gobierno, es necesario enfrentarla de verdad, no a medias. Las Unidades Especializadas en Violencia Doméstica y de Género deberían ser prioridad en materia presupuestal, a fin de lograr una mejor prevención, disuasión y represión del delito en cuestión. El Estado debería crear más de un centro u hogar de acogida para víctimas de violencia doméstica en Canelones, con equipos multidisciplinarios. Finalmente, tanto el gobierno nacional como los departamentales tendrían que fomentar y promover campañas de concientización y sensibilización, con énfasis en las zonas en que los índices de violencia son más altos.

Nicolás Silva Boniatti es abogado y militante de la Agrupación 410 Leandro Gómez, lista 400 (Canelones), Partido Nacional.