En 1911, el embajador inglés en Uruguay, Robert Kennedy, informó a su gobierno que José Batlle y Ordóñez había logrado aprobar –en cuatro meses– 112 leyes y esperaba la pronta concreción de otros 100 proyectos. Entre otras, se contaban la ley de trabajo de ocho horas semanales; la ley de pensiones a la vejez; la ley de indemnización a trabajadores por accidentes laborales; la ley de indemnización por despido; la extensión del derecho jubilatorio al sector privado; la ley de divorcio (reconocimiento de la sola voluntad de la mujer como causal); la supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas del Estado y de los símbolos religiosos en los hospitales públicos; la supresión de las corridas de toros; la creación del Banco de Seguros del Estado, la compra del ferrocarril; la fundación de un frigorífico con participación mayoritaria del Estado; la estatización del Banco República y del Banco Hipotecario, la ley de la silla, de 1918, por la que en todos los establecimientos donde trabajaran mujeres debía haber un número suficiente de sillas para que pudieran realizar las tareas sentadas; el salario mínimo para el peón rural (1923) y la obligación de proporcionarle vivienda higiénica y alimentación suficiente.
Las resistencias fueron virulentas e inmediatas dentro y fuera del Partido Colorado (PC), lo que dio origen en ese partido al Riverismo, liderado por el senador Pedro Manini Ríos. Para frenar al batllismo unieron sus fuerzas los sectores conservadores del Partido Nacional (PN), la Unión Cívica y el Riverismo. Los grupos empresariales también ejercieron presión. En particular, la Asociación Rural del Uruguay (ARU), fundada en 1871.
Ante los resultados adversos en las elecciones de 1916, el presidente Feliciano Viera dijo en su Manifiesto a la Convención Nacional del PC, el 12 de agosto de 1916: “Las avanzadas leyes económicas y sociales sancionadas durante los últimos períodos legislativos han alarmado a muchos correligionarios [...] Hemos marchado bastante a prisa; hagamos un alto en la jornada. No patrocinemos nuevas leyes de esa índole y aun paralicemos aquellas que están en tramitación en el Cuerpo Legislativo”. Este hito se conoce con el nombre de “el alto de Viera”.
Este año, en su discurso de clausura de la 114ª edición de la Expo Prado, el presidente de la ARU, ingeniero agrónomo Gabriel Capurro, cuestionó que se prioricen las políticas sociales frente a la competitividad. “No estamos bien. No somos competitivos, porque ponemos la carreta delante de los bueyes”, afirmó. El refrán esconde una propuesta: la de desenganchar a los bueyes que tiran, pues otro refrán popular propone que “el buey solo bien se lame”. Simple: los bueyes, si no tuvieran que tirar de la carreta, andarían más rápido y solos. Sin embargo, en una sociedad, en una economía, bueyes y carreta son un todo. Las políticas sociales (la carreta) y la competitividad (los bueyes) constituyen una unidad, y no hay desarrollo sin esa complementariedad.
Batlle y Ordóñez le contesta a Capurro con algo que afirmó hace 100 años desde el periódico El Día: “En todas las clases hay hombres buenos y hombres injustos, y en todas, la mayor parte de ellos renunciaría con gusto a una porción considerable de lo que posee si se aplicara un plan de vida que asegurara el bienestar de todos”.
¡Que increíble semejanza de sectores políticos, organizaciones empresariales, apellidos e ideas, un siglo después!
El Herrerismo, y más tarde el general Mario Aguerrondo, dentro del PN, invariablemente tomaron partido por el conservadurismo. Wilson Ferreira Aldunate, por el contrario, siempre estuvo en la vereda opuesta. ¿Alguien reconoce las ideas de Batlle y Ordóñez en el actual PC? Sólo el progresismo y el Frente Amplio (FA) enganchan el tiro entre bueyes y carreta. Sólo el FA y las fuerzas progresistas pueden gobernar en favor de las grandes mayorías.
Enrique Canon integra la lista 2603 Seregnistas, Frente Amplio.