De los “mentores” y sus aportes a la superación de la pobreza y otros “males”

Actualmente se está tratando en el Senado el Presupuesto Nacional 2020-2024. La Cámara de Representantes ya aprobó, con los votos de la coalición de gobierno, un plan económico que, de acuerdo al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, no tiene recortes, sólo elimina excesos. Para la oposición, la Intersocial, el PIT-CNT y diversas organizaciones de la sociedad civil, el plan de acción del gobierno que se refleja en esta Ley de Presupuesto Nacional es de corte meramente neoliberal y mercantilizador, y serán los sectores más vulnerables, así como los y las trabajadoras, quienes pagarán los costos de esta crisis.

Es crucial en este análisis visualizar la génesis de la pobreza de acuerdo con el actual gobierno. Según el programa de Luis Lacalle Pou, “la pobreza no consiste en la insuficiencia de recursos que permiten satisfacer necesidades básicas, sino en la incapacidad de generar esos recursos en forma autónoma, ya sea a través de empleos dignos o de emprendimientos sustentables. [...] La única herramienta eficaz para superar la exclusión y la marginalidad es la esperanza. [...] Sólo quien ve a su propia vida como valiosa y significante tiene motivos para aprovechar los recursos y oportunidades que están a su alcance” (“Lo que nos une”, 2019, página 118).

Desde esta concepción, la pobreza se traduce como un asunto individual y no social, con claras connotaciones moralizantes. Se traslada al individuo la responsabilidad y la culpa de la pobreza, que se concibe como un fracaso de quienes no pueden resolver en forma adecuada su inserción (o no) en el mercado laboral, en el sistema educativo, entre otras tantas cosas. Parecería que el principal obstáculo para superar la pobreza serían los propios pobres, y que para salir de la ella es suficiente la esperanza y el considerar a “la propia vida como valiosa y significante”, como si los pobres no supieran valorar la vida.

Pero el programa va más lejos, al sostener que “el proceso de superación del individuo se ve fortalecido si es acompañado por quienes ya han transitado ese camino, conocen las dificultades y son el ejemplo tangible de que es posible salir adelante. Esta tarea estará a cargo de mentores debidamente seleccionados, capacitados y orientados” (“Lo que nos une”, 2019, página 118).

Y aquí llegamos al punto que quisiera desarrollar, porque al leer el programa y luego la versión taquigráfica de la comparecencia del ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, y su equipo a la Comisión de Presupuesto y Hacienda el 30 de setiembre, se vuelve a reiterar esta idea de “las tutorías”, “líderes locales”¹ para abordar diversos problemas sociales, fundamentalmente en el combate a la pobreza. Y de hecho, estas propuestas de coaching apoyadas por el Banco Mundial se vienen desarrollando en distintos países del mundo, incluyendo algunos latinoamericanos. Estos “mentores” no necesariamente son técnicos, y acompañan a las familias a elaborar estrategias para salir de la pobreza luego de que estas realizan una especie de “autoevaluación” de su situación. Esto viene de la mano de una métrica y metodología denominada “semáforo de la pobreza”,² cuya centralidad está en que medir la pobreza no es responsabilidad de la política pública –del Estado– “sino de la población beneficiaria”, que en el proceso de medirse “logra [...] la toma de conciencia y se adquiere ‘agencia’, es decir, capacidad para actuar”.³ Pero estos “mentores” –que, reitero, no queda claro si son técnicos o líderes locales, con la discrecionalidad que esto puede llegar a significar– no sólo estarían apoyando a las familias en estos temas, sino también en salir –por ejemplo–- de situaciones de violencia basada en género y generaciones (VBGG). Y tal vez el ministro puso un ejemplo poco feliz, como lo fue también el no saber a qué refería el “concepto de nueva pobreza” que aparece en el programa de gobierno del Partido Nacional y también en la Ley de Presupuesto. Relata una situación ocurrida en un club de baby fútbol, donde un niño le plantea al técnico una situación de violencia, y concluye: “Yo creo que ese es un oído que la sociedad tiene puesto ahí, y una vez que se escuchó tal vez convenga que esa situación se siga abordando desde ese lugar, en el que la persona se sintió cómoda planteando lo que le sucedía; no necesariamente se deba derivar el tema, mandar a la persona a la oficina territorial, o decirle que se va a llamar a determinado programa para que vaya alguien especializado, porque eso no garantiza que ese funcionario vaya a hacer un trabajo mejor que quien escuchó, que una vez asesorado puede ir dando consejos oportunos para abordar la situación. Nosotros nos planteamos esta idea de trabajar más con los referentes territoriales” (versión taquigráfica, 30 de setiembre de 2020, página 71).

Podemos estar de acuerdo en que se necesita sensibilizar más a la sociedad en el tema de VBGG, pero lo que no compartimos es que la responsabilidad del Estado de velar por una vida libre de violencia de su población pueda llegar a desplazarse poco a poco a manos de “mentores” o “referentes territoriales”, y que el Estado –por medio de sus equipos técnicos especializados en estos temas– vaya relegando su rol de garante de derechos. Reiteramos que seguramente fue un ejemplo un tanto infeliz del ministro.

Ana Laura Cafaro es magíster en Trabajo Social (Facultad de Ciencias Sociales-Universidad de la República), docente e investigadora del Departamento de Trabajo Social (FCS-Udelar).