Las cancillerías de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay reconocieron rápidamente a Manuel Merino de Lama como presidente de la República del Perú. La Organización de Estados Americanos (OEA), Colombia y Argentina, entre otros países, se manifestaron críticos al golpe de Estado constitucional, modalidad iniciada con el golpe a Fernando Lugo en Paraguay y cada vez más activa en el continente. Sin embargo, el gobierno de Luis Lacalle Pou se apresuró a reconocer a un gobierno que duró menos de siete días y que carga en sus espaldas con dos muertos, 94 heridos (algunos con lesiones que ponen en peligro su vida o que los han dejado postrados de por vida) y seis desaparecidos duramente reprimidos en las multitudinarias marchas autoconvocadas por la población mediante redes sociales. Este acto muestra el peso que tienen las posiciones ideológicas aún en contra del más básico sentido de realidad.
Veamos los hechos. El lunes 9 de noviembre, el Congreso de la República, por 105 votos a favor en 130 congresistas (en el Perú el sistema es unicameral) aprobó la vacancia de Martín Vizcarra, presidente en funciones que había sido electo vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció el 21 de marzo de 2018 luego que se difundieran videos y audios en los que aparecían miembros de su gabinete comprando votos de la oposición para evitar un segundo proceso de vacancia. Tres meses antes, el 24 de diciembre de 2017, Kuczynski había indultado a Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en diversos asesinatos producidos con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves ocurridos tras el golpe de Estado perpetrado en 1992.
Un texto clásico de Levitsky y Cameron definen al Perú como una democracia sin partidos1 en la que se gobierna mediante “archipiélagos tecnocráticos”2 instalados en el gobierno que deambulan entre ministerios ocupando cargos gerenciales que dan continuidad a una constitución impuesta en 1993 por Fujimori, que tiene a la economía social de mercado de cuña ordoliberal como su norte.
En el Perú, la estabilidad política resulta ser un delicado juego de ajedrez en el que sólo juegan algunos jugadores. El espectro político peruano se divide en tercios, aunque esto no se refleja en los partidos políticos, verdaderos vientres de alquiler que cobijan indistintamente candidatos de uno y otro signo político. Y para muestra basta un botón. Hernando de Soto, un economista neoliberal ideólogo de la Constitución de 1993 conocido en la región por su ferviente apoyo a la economía de libre mercado, se postula para las elecciones de abril de 2021 por Avanza País, el mismo partido que en 2006 postuló a la presidencia a Ulises Humala y como congresista a su hermano Antauro Humala, preso luego de liderar en 2005 una asonada en Andahuaylas y que promueve un Perú cobrizo inspirado en el etnocaserismo, una suerte de nacionalismo étnico de corte racista.
Las organizaciones sociales, los sindicatos que reivindican la negociación colectiva, los asentamientos humanos que hoy se organizan en ollas comunes para poder comer, los estudiantes que defienden la autonomía universitaria, las comunidades indígenas duramente golpeadas por la pandemia no tienen expresión política. Es un Estado capturado por posiciones de centroderecha con una fuerte impronta liberal y una clara orientación económica neoliberal. Antero Flores-Araoz, quien fuera presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Merino, es una figura conocida de la derecha política peruana. Comenzó su vida política en el Partido Social Cristiano y ha ocupado diversos cargos en los gobiernos de centroderecha que se han sucedido desde la caída de Fujimori. En las elecciones de 2016 participó como candidato y obtuvo 1% de los votos. Como ministro de Defensa suma, además de las dos muertes ocurridas el fin de semana pasado en la movilización nacional, la muerte de 33 ciudadanos en 2009 durante las protestas de las comunidades indígenas contra la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Es, además, un destacado representante de la Coordinadora Republicana que nuclea a figuras políticas conservadoras vinculadas a #ConMisHijosNoTeMetas, opuestos al Acuerdo de Escazú y denunciantes permanentes de infiltraciones comunistas en el gobierno.
Para comprender los últimos seis días primero repasemos el comunicado que emitió el Congreso de la República anunciando la vacancia presidencial. En el primer párrafo anuncian la destitución del “señor Vizcarra”. En el segundo buscan fundamentar constitucionalmente su decisión, invocando el artículo 113 de la Constitución Política del Perú que considera la incapacidad moral permanente como causal de vacancia y cuyo origen se remonta a 1839. Este artículo fue aplicado en siete oportunidades a lo largo de la historia republicana del Perú, dos veces contra Fujimori, una contra Kuczynski y dos contra Vizcarra. Sin embargo, fue pensado originalmente para casos excepcionales en los que el presidente se viese impedido de ejercer su cargo por causas de fuerza mayor equiparables a la muerte. Siendo un tema de debate nacional, la mayor parte de los constitucionalistas consideran que la interpretación dada por el Congreso no se ajusta al sentido que le da la Constitución.
Este martes el Tribunal Constitucional comenzó a analizar la demanda competencial interpuesta por el gobierno de Vizcarra solicitando una interpretación de la vacancia por incapacidad moral permanente. En la sesión, su presidenta declaró fundada la demanda, adelantando que no es partidaria de reponer a Vizcarra. De todos modos, el fallo del Tribunal demorará un buen tiempo mientras, ya que antes realizarán una audiencia pública en la que participarán el Ejecutivo, el Congreso y los amicus curiae para luego debatir el caso. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente porque en el ejercicio de sus atribuciones no depende de ningún órgano constitucional.
El segundo párrafo incluye cinco puntos. Los dos primeros ratifican la continuidad del proceso electoral que debería culminar con elecciones el 11 de abril, eligiendo a un nuevo presidente y a un Congreso que asuma el 28 de julio de 2021. Este punto es importante porque muchos pensaban que uno de los motivos del golpe era, precisamente, postergar las elecciones debido a que la derecha no cuenta con candidatos capaces de disputar las elecciones con alguna oportunidad de triunfo, una situación inédita en los últimos 30 años. Sin embargo, creo que las bancadas golpistas intentaron aplicar la estrategia del tero, anunciando que mantendrían el cronograma electoral mientras trataban de juntar los votos para cambiar al Tribunal Constitucional. Las movilizaciones del jueves y el sábado pasado, las más grandes en la historia reciente del Perú, hicieron que las mociones pidiendo el cambio del Tribunal Constitucional fuesen retiradas.
El tercer y cuarto párrafo refieren a la calidad del gabinete de Merino, construido “por las personas más calificadas de las fuerzas democráticas del país” elegidas para atender la pandemia, la economía y la educación. No voy a abundar sobre esto dado el epílogo ya conocido. Sin embargo, la brutalidad de la represión policial a la que no estamos acostumbrados en el país muestra que es imposible contener a un aparato represivo policial que es liberado frente a una situación crítica. Cualquier similitud con la realidad es pura realidad. Represión aplaudida por el primer ministro y su ministro del Interior, que aparecen en varios videos animando a la Policía a cumplir con su deber. Represión amparada por el Congreso golpista, que la semana pasada se negó a solicitar explicaciones al comandante general de la Policía Nacional del Perú luego de las primeras detenciones arbitrarias producidas la noche del martes, cuando se anunció la vacancia presidencial y algunos cientos de manifestantes quisieron marchar hacia el Congreso.
Marchas tan multitudinarias que lo más viejos dicen no haber visto nunca antes, lideradas por la llamada “generación del bicentenario”, hicieron suyas consignas que van desde el #NoMeRepresenta al #NoAlGolpe.
El párrafo final de la declaración es el más interesante porque habla de la lucha frontal contra la corrupción, en un Congreso en el que 68 congresistas tienen investigaciones abiertas por el Ministerio Público. Y en un país en el que el impacto de las denuncias del Lava Jato han llevado a la Justicia a todos los últimos presidentes constitucionales desde Fujimori, salvo Alan García, que prefirió suicidarse luego de haber pedido asilo en la Embajada de Uruguay. Asilo que el gobierno del entonces presidente Tabaré Vázquez no le concedió. El golpe constitucional perpetrado por el Congreso fue, para mí, la cereza de la torta peruana.
La otra cara de la moneda son las marchas masivas, espontáneas, autoconvocadas por redes sociales que movilizaron a cientos de miles de ciudadanos en todo el país. Marchas tan multitudinarias que los más viejos no recuerdan haber visto nunca antes. Nadie defendía a Vizcarra, todos quieren que termine su mandato y que luego sea juzgado. Lideradas por la llamada “generación del bicentenario”, hicieron suyas consignas que van desde el #NoMeRepresenta al #NoAlGolpe. Sin embargo, desde mi punto de vista la consigna que mejor representa la movilización social es “Se metieron con la generación equivocada”, en respuesta a palabras de Merino, quien dijo que los manifestantes eran jóvenes que no trabajaban ni estudiaban y que estaban molestos por la pandemia. Sepan que, al igual que en la campaña de Donald Trump, en el Perú, los grupos de fans del k-pop inundaron varias páginas que apoyaban al golpe con videos en los que mostraban a Merino y a su primer ministro bailando animosamente k-pop.
El sábado, cuando se supo que dos manifestantes habían muerto, se convocó por redes a una caceroleada a las 0.00, que fue ensordecedora, y cientos de vecinos se congregaron en piyama en la puerta de los hospitales para dar su apoyo a los familiares de los fallecidos y los hospitalizados. En la noche, los vecinos evitaron que la Policía ingresara a la casa de uno de los asesinados por la Policía. Y hay denuncias, cuyos videos circulan en redes, de la detención de dos imprenteros que distribuían gratis afiches contra Merino, y cientos de ciudadanos han denunciado que la Policía los ha parado en la calle para revisar sus mochilas.
Luego de muchas idas y venidas, y gracias a la presión de la gente en las calles y a las redes sociales, el Congreso finalmente eligió a la Nueva Junta Directiva, encabezada por Francisco Sagasti, político liberal electo por el partido Morado (el único que votó en bloque contra la vacancia), académico y docente con una larguísima trayectoria en defensa de la ciencia y la tecnología y que ha ocupado cargos en organismos internacionales como el Banco Mundial. La elección deja como presidenta del Congreso a Mirtha Vasquez, una militante por los derechos humanos y docente universitaria que junto con Rocío Silva Santiesteban votó en contra de la vacancia, desoyendo a la mayoría del Frente Amplio, el partido que representa a la izquierda en el Congreso y que ayer pidió disculpas por haber votado la vacancia, reconociendo que necesitan conectarse más con la población.
La mayoría del congreso que votó por la destitución de Vizcarra presionó a las bancadas y buscó dividir a los ciudadanos valiéndose de todos los recursos disponibles. Desde hacer acuerdos que no se respetaron al momento de votar hasta lanzar mensajes falsos en las redes, algunos sorprendentes, como denunciar que las movilizaciones fueron organizadas por la extrema izquierda. Sin embargo, la presión de las redes sociales lideradas por la generación del Bicentenario y las movilizaciones en la calle pudieron más.
Con este panorama en el Perú volvamos al inicio de esta crónica. El gobierno de Luis Lacalle Pou mostró, una vez más, qué intereses priman en su gabinete al momento de fijar las posturas de política internacional del país. Esta es, a mi juicio, la cereza de la torta uruguaya. En el Perú se suele utilizar una frase para referirse a la clase política que se encubre y se apoya con una solidaridad mecánica, pase lo que pase: “Otorongo no come otorongo”. Lo que podría traducirse, para nuestro caso, como “la derecha reconoce siempre a la derecha”, aunque esta haya durado en el poder menos de siete días y haya tenido que salir huyendo repudiada por la población.
Una derecha política que en el Perú ha recibido una denuncia penal presentada por las organizaciones de derechos humanos por la represión salvaje a las y los manifestantes que terminó con el asesinato de Jack Pintado, de 22 años, e Inti Sotelo de 24, a manos de la Policía. Dos muertes que la Fiscalía anunció que investigará, que la ciudadanía sigue repudiando en las calles y que el Congreso no parece comprender. Mientras tanto, la población sigue en las calles demandando justicia por sus muertos y la aparición con vida de las y los desaparecidos, y tengan por seguro que se va a hacer sentir.
Alain Santandreu es un sociólogo uruguayo-peruano, presidente ejecutivo de Ecosad, y vive desde hace 15 años en Perú.